Murcia planea construir una desalinizadora para garantizar el crecimiento urbanístico

El Gobierno de Murcia (PP) proyecta construir una planta desalinizadora con una capacidad de unos 100 hectómetros cúbicos anuales para asegurar el suministro de agua al desarrollo urbanístico previsto en la Comunidad, confirmó ayer el consejero de la Presidencia del Ejecutivo murciano, Fernando de la Cierva. Su portavoz se mostró esperanzado de que el auge urbanístico, que podría llegar a 800.000 viviendas según un estudio de la Universidad de Alicante, esté asegurado, "ya que siempre hemos dicho que el agua desalada es demasiado cara, y por tanto no es susceptible de utilizar en la agricultura, que utiliza ya recursos del trasvase Tajo-Segura", dijo tras la reunión del Consejo de Gobierno murciano.

El Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel, del Partido Popular, ya ha aprobado la cesión gratuita de una parcela de 35.100 metros cuadrados en el valle de Escombreras, que es dónde se va a construir la nueva planta desalinizadora que daría agua a un precio inferior al previsto por el propio Gobierno central, según las estimaciones del Ejecutivo autónomo. Esta obra podría tener un presupuesto de más de 100 millones de euros, según las estimaciones de expertos del Ministerio de Medio Ambiente.

Para abordar la construcción, el recientemente creado Ente Público del Agua murciano ha recuperado un proyecto aprobado hace cuatro años por la propia Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), institución dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que desde entonces no se había ejecutado.

Ésta es la razón que explica que, precisamente hace tres meses, el propio comisario de Aguas de la CHS, Manuel Aldeguer, firmara el expediente de caducidad, habida cuenta de que la planta no se había puesto en marcha, lo que de hecho paraliza la iniciativa del Ejecutivo murciano.

El gerente del Ente Público del Agua murciano, Amalio Garrido, aseguró, en declaraciones al diario La Opinión de Murcia, que el Gobierno regional ha contactado con las grandes industrias del Valle de Escombreras y con las compañías eléctricas que están construyendo plantas de ciclo combinado -una de ellas Iberdrola- para plantearles la posibilidad de destinar el agua de mar que éstas emplean en sus procesos industriales para utilizarla en la nueva planta desanilizadora que planea el Gobierno de Murcia. De esta manera, considera que se evitaría la contaminación de la costa del Levante español.

Agua más cara

Para el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, "lo que pretende hacer el Gobierno regional es subvencionar a los constructores, ya que las demandas existentes en las zonas próximas a Escombreras estarán definitivamente cubiertas en 2006 con el Programa AGUA, que ha sido criticado desde el Gobierno de Murcia. Además, el precio del agua de esa desaladora será mucho más caro que la del Ministerio de Medio Ambiente".

En la zona, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla -que es la institución que se encarga del abastecimiento de agua para 77 municipios de Murcia, Almería y Alicante- tiene aprobada una inversión de unos 161 millones de euros para la construcción de una desalinizadora en Alicante y otra en San Pedro del Pinatar, una cantidad "suficiente para garantizar la demanda de agua en la zona", según ha explicado el comisario de Aguas de la CHS, Manuel Aldeguer.

Asimismo, Aldeguer hace hincapié en que el agua procedente de las plantas desalinizadoras, "sean de origen marino o salobre, están integradas en el dominio público hidráulico", por lo que tendrá que ser el propio Ministerio de Medio Ambiente quien decida el destino del agua de la futura planta de Escombreras, en el caso de que se construya, tal y como prevé el Gobierno regional, quien asegura que las obras comenzarán en 2007.

"Una vez que pidan permiso al ministerio, nosotros decidiremos adónde va esa agua. Creemos que hay ciudades como Cartagena o Águilas que necesitan más esos recursos. Estas casas tienen prioridad por delante de las nuevas urbanizaciones", ha recalcado el número dos de la Confederación del Segura.

En este sentido, el consejero de la Presidencia murciano, Fernando de la Cierva, afirmó que el Estatuto de autonomía garantiza la gestión de los recursos hídricos internos de Murcia, "por lo que nosotros tenemos la competencia exclusiva en las aguas interiores, por lo que el Ministerio no tiene nada que decirnos".