El zoco político

De entrada, se me ocurre una fórmula que puede ser útil en las actuales circunstancias: "Catalunya es una nación, cuyos ciudadanos y ciudadanas, en aplicación de su tradicional seny, renuncian a considerar como tal en el presente Estatuto". No creo que tal solución sea aceptada, pero de eso se trata. Para el PP, todo es claro: España, una. Los catalanistas tienen asimismo su posición bien definida, pero tropiezan con la exigencia formal planteada hasta ahora por el Gobierno de que sea aceptada una cuadratura del círculo en que los sentimientos, las pasiones, las identidades, las competencias, correspondientes a una nación, y casi una nación-Estado sui géneris, sean afirmadas, y en cambio el término "nación" no figure, atendiendo a la forma, ya que no al fondo, de la Constitución.

Semejante absurdo tiene mucho que ver con el procedimiento que han adoptado los partidos estatutistas, tanto los catalanes como el socialista, para buscar un encaje entre el texto aprobado en Barcelona y el marco constitucional. No era un mal camino si los roces entre nou Estatut y la ley fundamental hubieran sido secundarios, y tampoco cabría condenar la exclusión de un PP que desde un principio ha planteado un rechazo frontal al proyecto. Los problemas surgen de la distancia existente entre las aspiraciones catalanistas, pormenorizadamente expuestas en el proyecto, marcando una clara orientación hacia un Estado dual a corto plazo, confederal a medio, y la ordenación constitucional. La vía elegida de conversaciones permanentes en la oscuridad, luego filtradas de acuerdo con las conveniencias de cada cual, en un juego permanente de propuestas y contrapropuestas, lleva entonces a dos derivas cargadas de negatividad. La primera, que en un proceso político de tanta trascendencia, la opinión pública tiene derecho a seguir día a día los debates, tanto en lo que concierne a la adopción de acuerdos, como en el contenido de los argumentos utilizados, si es que estos existen. No estamos ante los tratos para la fusión de dos grandes empresas, sino ante la gestación de unas nuevas normas de convivencia política, tanto para los catalanes como para el conjunto de los españoles. La reunión en privado de los actores es un complemento inevitable de la democracia. Nunca debe sustituirla. Resultados: la confusión de los espectadores interesados, sometidos a una información escasa y manipulada, y la puerta abierta a las descalificaciones por parte de quienes se oponen al proceso. Y con buena parte del PP subido al monte, en el sentido carlista del término, este segundo coste colateral no ha de ser despreciado. Ahí está un naciente ruido de sables, limitado aún, pero que se apoya en ese espacio oscuro de la negociación con el que juega a fondo en su propaganda la extrema derecha de los populares para difundir sus predicciones apocalípticas.

La segunda deriva tiene el mismo origen y consiste en la degradación del debate político entre los propios protagonistas del proceso. La política tiene cada vez más un componente de marketing, y no sólo en las campañas electorales. Lo que tenemos delante, sin embargo, lleva las cosas más lejos, hasta la lógica de permanente regateo característica de la fijación de los precios en un zoco. Yo te ofrezco esto, tu te guardas la oferta para ver si yo incremento la mía, yo hago como que me voy para forzarte a ceder, incluso me marcho unos pasos fingiendo una ruptura, tal vez lo que está sucediendo ahora, para al final tender la mano en señal de acuerdo. Y lo que se está discutiendo no es el precio de un bolso de cuero en Marraquech, sino la financiación de una comunidad y de un Estado, entre otras cuestiones sustanciales. A mi juicio, el resultado es una inevitable degradación de la política. Maragall es optimista: Zapatero saldrá triunfante con la resolución de los problemas catalán y vasco, casi de una tacada. Si ello es así, habrá que traer a la política la vieja fábula del burro flautista. No se explica que el Gobierno fije, de la mano de unos expertos, los límites constitucionales, y Solbes los de la financiación, para que luego se resuelva todo con un regateo, sin la menor explicación de cuál puede ser la resultante del mismo para que el Estado de las autonomías mantenga lo que ha sido hasta hoy un buen funcionamiento.