Las Juntas de Vizcaya instan a actuar contra el chalet de Ardanza

Las Juntas Generales de Vizcaya aprobaron ayer instar a la Diputación a que presione al Ayuntamiento de Arteaga para que cumpla la sentencia que le obliga a actuar por las irregularidades urbanísticas en el chalet del ex lehendakari y actual presidente de Euskaltel José Antonio Ardanza. El acuerdo salió adelante con el apoyo de todos los partidos, salvo el PNV, que defendió la autonomía municipal.

Las Juntas son la segunda institución, tras el Gobierno vasco, que se pronuncia de forma oficial para que el inmueble se adapte a la ley. EA, socio de Gobierno de los peneuvistas en Vizcaya, se unió a la oposición (PP, PSE y EB) para exigir que el Ayuntamiento de Arteaga, donde se ubica el chalet, en pleno corazón de la reserva de Urdaibai, actúe ante las anomalías urbanísticas apreciadas.

Varios informes, tanto del Gobierno como del propio consistorio, han confirmando que en la rehabilitación del inmueble se cometieron seis irregularidades, entre ellas la construcción de dos plantas no previstas en el proyecto aprobado, la superación en 1,20 metros de la altura autorizada y la inclusión de una piscina.

Pese a ello, el consistorio de Arteaga, dirigido por el PNV, acordó en febrero de 2004 en un pleno extraordinario dar por finalizado el expediente al entender que no era la administración competente. Ello motivó que el Gobierno llevase a los tribunales la actuación municipal. Un juzgado de Bilbao dio la razón al Ejecutivo en julio pasado, anuló el acuerdo plenario e instó al Ayuntamiento a "restaurar el ordenamiento urbanístico".

"Pedagogía y presión"

El consistorio ha recurrido el fallo ante el Tribunal Superior vasco. El ex lehendakari y su familia residen en el chalet desde hace casi cuatro años.

Este asunto había sido debatido varias veces en las Juntas vizcaínas a través de comparecencias de diputados forales, pero hasta ayer no había habido ninguna resolución. La propuesta aprobada, presentada por el PP, insta a la Diputación "a insistir" ante el consistorio para que cumpla la sentencia y a realizar "la necesaria pedagogía y presión para convencer a la alcaldesa y concejales" de que el cumplimiento de las decisiones judiciales "es necesario y no optativo según gusten".

Arturo Aldecoa, del PP, censuró el "empecinamiento" del Ayuntamiento en este asunto. "Sólo entiendo que vas a Urdaibai y te encuentras con ese mamotreto. Que se aplique la ley", dijo. Txemi Tejedor, de EA, destacó el "incumplimiento urbanístico", mientras Ainhoa Retortillo, de EB, aseguraba que lo importante "es que se haga efectiva la sentencia". La socialista Sonia Fernández sugirió a la Diputación que utilice los servicios jurídicos dirigidos a los municipios.

Aizbea Atela, del PNV, justificó el voto negativo de su partido en que las Juntas "no pueden entrometerse en la vía judicial" y que la Diputación debe respetar la autonomía municipal. "Ni la pedagogía ni la presión es competencia de esta Cámara". Agregó que el obligado cumplimiento de las leyes "es una obviedad".