Ruido de sables

En un libro que a pesar de su innegable interés ha pasado desapercibido (Nacionalidades y nacionalismos en España, Alianza Editorial, Madrid, 1985), uno de los padres de la Constitución, el antiguo comunista y hoy socialista Jordi Solé Tura, explica cómo se gestó un artículo clave de la vigente Ley Fundamental. De un modo muy alambicado y en ocasiones críptico, Solé Tura reconoce que la redacción de su segundo artículo fue impuesta por lo que eufemísticamente llama "aparatos" o "sectores" externos a la ponencia constitucional (es decir, el Ejército, que en 1978 seguía siendo franquista casi en su totalidad).

Juzgue el lector por sí mismo. El mencionado artículo, en el anteproyecto constitucional elaborado por la ponencia, decía así: "La Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran". La inclusión del término "nacionalidades" para referirse sin nombrarlas a Cataluña, Vasconia y Galicia levantó las iras de la extrema derecha y del estamento militar.

Ambos artículos sólo se explican por la manera en que se realizó la Transición tras la muerte del dictador

Cuenta Solé Tura que, un día, siendo él precisamente presidente de una sesión de la ponencia, le llegó un mensaje escrito a mano exigiendo para el artículo segundo la redacción siguiente: "La Constitución se fundamenta en la unidad de España como patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la indisoluble unidad de España". Para evitar males mayores, fue aceptada. De esa manera tan poco ortodoxa aparecieron por primera vez las fórmulas "patria indivisible" e "indisoluble unidad de España", que no figuraban en el original.

El mismo Jordi Solé añade que "el texto adolecía de una redacción deficiente y tenía incluso problemas sintácticos. Pero la respuesta que me dieron los representantes de UCD es que no se podía variar ni una coma, porque aquél era el texto literal del compromiso alcanzado con los sectores consultados. Evidentemente, no se especificó cuáles eran estos sectores, pero no es difícil adivinarlo".

Dice el refrán que cuando el dedo señala la luna el idiota mira el dedo. Al parecer, el gran pecado de las Fuerzas Armadas no es tener entre sus miembros a golpistas en potencia como el teniente general Mena, partidario de resolver el "problema catalán" manu militari, tal como se intentó en el 36, sino que expresen sus ideas públicamente. A pesar de la avalancha de críticas que han provocado sus palabras, han tenido que ser dos periódicos extranjeros, el Financial Times y The Economist, los que se atrevieran a señalar lo obvio: que el artículo octavo de la Constitución ("Las Fuerzas Armadas (...) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional") da pie a declaraciones como las del general y que tras casi tres décadas de democracia va siendo hora de suprimirlo.

Ahora que, por fin, la posibilidad de reforma de la Constitución está dejando de ser un tabú es el momento para ir pensando en derogar no sólo el artículo octavo, sino también el segundo, o al menos modificarlo de modo substancial, ya que parece más un dogma teológico que un precepto digno de una democracia consolidada. Ambos artículos sólo se explican por la manera en que se realizó la Transición tras la muerte del dictador, en una coyuntura en que el búnker supo jugar sus cartas y difundir el miedo a la guerra civil entre la población. Pudieron tener sentido entonces, como un medio para integrar al Ejército en el nuevo régimen, tras dos siglos de continuas intervenciones en política. Hoy están obsoletos. Da igual que la propia Constitución sancione la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil (artículo 97). Mientras los artículos segundo y octavo estén vigentes habrá iluminados que se escudarán en ellos para defender la unidad de España de modo temerario y antidemocrático.