Descubierto un fraude en la Oficina de Extranjería de Girona

Unos 60 inmigrantes rusos podrían haber conseguido el permiso de residencia en España de manera fraudulenta gracias a la intervención de una funcionaria de la subdelegación del Gobierno en Girona. La funcionaria Helena Alonso está en libertad con cargos y se la acusa de estafa e inmigración ilegal. De momento, ha sido apartada de sus tareas en la Oficina de Extranjería y posiblemente será suspendida de su trabajo. El Cuerpo Nacional de Policía no descarta que la mujer formara parte de una red que cobrara a los inmigrantes para conseguir su regularización, aunque de momento no ha podido demostrarse que existiera transacción económica. Casi la totalidad de los permisos fraudulentos detectados que pasaron por las manos de la funcionaria pertenecen a ciudadanos rusos con domicilio en Platja d'Aro (Baix Empordà). La mayoría de estos ciudadanos tienen un elevado poder adquisitivo.

Las primeras irregularidades fueron detectadas en la propia oficina de extranjería de la subdelegación, a mediados del pasado noviembre, tras comprobar que algunos permisos se habían tramitado con una celeridad inusitada. La gestión de una documentación que en la mayoría de los casos se demora durante meses quedaba lista en cuestión de días, en algunos casos incluso en 24 horas, porque supuestamente la funcionaria manipulaba las fechas de entrada de los expedientes. Las sospechas se centraron también en el comportamiento extraño de la funcionaria, que trabaja en el centro desde hace unos 12 años. En algunos casos, mantenía conversaciones con algunas de las personas que acudían a la oficina de extranjería intentando no ser escuchada por el resto de personal del organismo gubernamental.

Estas sospechas motivaron que fuera apartada de su lugar de trabajo habitual, al tiempo que se comunicaban los hechos a la fiscalía. El propio subdelegado del Gobierno en Girona, Francesc Francisco-Busquets, interrogó a la funcionaria durante la investigación, y ésta admitió que utilizaba en sus trámites un sello de la subdelegación que ya estaba en desuso. También se pudo detectar un caso en el que entre la documentación de un ciudadano ruso que había sido investigado por supuestos delitos económicos no se incluía el preceptivo informe policial para concederle la residencia.

Helena Alonso fue detenida el pasado miércoles por agentes policiales de extranjería de la propia subdelegación y ese mismo día prestó declaración en los juzgados.

Francisco-Busquets lanzó ayer un mensaje de calma y advirtió que se trata de un caso aislado que no debe minar la confianza en el resto del personal de la subdelegación.