Detenidas 33 personas por comprar pornografía infantil en Internet

La policía ha detenido durante el pasado diciembre a 33 personas en 11 comunidades autónomas por comprar en Internet imágenes de pornografía infantil. Los detenidos, entre los que hay profesores, monitores deportivos, administrativos, banqueros, jubilados, un médico y un sacerdote, se descargaban las imágenes en sus ordenadores previo pago con tarjeta de crédito a sendas empresas de Florida (Estados Unidos) y Bielorrusia. El rastro informático dejado por esas operaciones bancarias llevó a los investigadores hasta los detenidos, entre los que hay una mujer.

La Operación Falcón comenzó a principios del pasado año. El C3, la unidad especializada en ciberdelincuencia del Servicio de Aduanas de EE UU -dependiente de su Departamento del Tesoro- alertó a la policía española, a través de Interpol, de que en varios sitios web en los que se ofrecía pornografía infantil de pago se habían detectado movimientos con tarjetas de crédito radicadas en entidades españolas.

"Llevados por un exceso de confianza, estas personas, que estaban en sus casas a medianoche o de madrugada, solos con su ordenador, dejaron los datos de sus tarjetas de crédito para poder bajarse las imágenes", explicó Enrique Rodríguez, inspector jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial. Esta unidad ha actuado bajo la supervisión de Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Niños de 8 a 13 años

En esas imágenes aparecían niños de 8 a 13 años, que por su aspecto podrían proceder de Europa del Este. Los detenidos son todos mayores de edad, la mayoría entre 30 y 50 años, "solteros, casados, no hay un perfil", según Rodríguez. La investigación fue especialmente "ardua y pesada" por la dificultad de procesar los datos y rastrear las conexiones, dada la diferencia horaria con EE UU, de donde procedían los primeros indicios.

Cada descarga, según el inspector jefe, costaba alrededor de 200 euros, "lo que demuestra la posición económicamente desahogada" de los usuarios de dichas webs, algunos de los cuales efectuaron varias descargas a lo largo del año. De hecho, el delito del que se les acusa es el de favorecimiento de la distribución de pornografía infantil por Internet. Con el pago, los detenidos estaban financiando la creación y mantenimiento de las páginas web, que ahora han sido desmanteladas.

Desde octubre de 2004, el Código Penal castiga con penas de prisión (3 a 12 meses) la mera tenencia de imágenes de menores en actitud sexual. La distribución, además, acarrea una pena mayor: de uno a cuatro años. Esta sanción se puede elevar a ocho años si los menores fotografiados tienen menos de 13 años.

Los detenidos fueron localizados en Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco. En la provincia de Barcelona vivían diez usuarios, y cinco en la de Madrid. Esta es la novena operación contra la pornografía infantil en Internet que realizan los Cuerpos de Seguridad del Estado en lo que va de año. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, aseguró que la operación sigue abierta y no descartó que se produzcan nuevas detenciones, según informa la agencia Efe.

Los detenidos no mantuvieron mucho tiempo las imágenes compradas en sus ordenadores, según el inspector jefe. "La mayoría las pagó, las miró y poco después las borró". No se dedicaban al intercambio gratuito de archivos en la Red y ninguno tiene antecedentes por delitos contra menores, según este responsable policial.

Las asociaciones de internautas, por su parte, pidieron que no se criminalice a Internet por estos hechos. "Gracias a Internet se les ha podido detener", dijo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. "No son expertos informáticos, utilizan Internet sólo como herramienta de comunicación, antes lo harían con el correo postal", continuó Domingo. "Toda persona que utiliza la Red, para enviar correos electrónicos o para visitar páginas webs, deja un rastro que no se puede evitar, su número IP que, tanto si es fijo como dinámico, le identifica", explicó. "Ese número es privado y está protegido por el derecho a la intimidad, pero un juez puede autorizar un seguimiento, y eso lo sabemos todos los internautas".

En las pesquisas fueron investigadas un centenar de personas, pero en algunos casos las tarjetas utilizadas habían sido robadas o extraviadas. "El rastro de una tarjeta de crédito se ve además con bastante facilidad", apuntó Domingo.