La Junta ve desproporcionado el pago de 1,4 millones a una madre

La Junta de Andalucía considera desproporcionado pero no recurrirá el auto que la condena a pagar 1,45 millones de euros a una madre, Carmen Fernández, a la que retiró sus dos hijos en 1996, salvo que los servicios jurídicos le aconsejen lo contrario. El juez desautorizado por la Audiencia en este caso, Francisco Serrano, reclamó la intervención de otra instancia: "No tengo ningún miedo a que se pronuncie el Supremo". Carmen Fernández tiene en marcha otros procesos contra la Junta y la Administración de Justicia.

Los responsables de la Junta han criticado la indemnización fijada, que consideran "del todo desproporcionada" por equiparar "una privación indebida de libertad durante 10 años con el sistema de protección de menores". A pesar de ello, la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, se mostró contraria a recurrirla porque "dilataría" aún más el proceso. Los servicios sociales autonómicos retiraron por alcoholismo a Carmen Fernández la tutela de sus dos hijos en 1996, a instancias del Ministerio Fiscal y "previa denuncia policial", según recordó ayer la consejería.

En septiembre de 1998, su actuación fue ratificada por una resolución del Juzgado de Primera Instancia número 7 y Familia de Sevilla. En posteriores sentencias, la Audiencia declaró la inexistencia del desamparo de los menores y ordenó su devolución a la madre, lo que nunca pudo ejecutarse por todo el tiempo transcurrido. Esto dio lugar a la compensación económica sustitutoria acordada por el tribunal.

La consejera andaluza defendió una reforma, que calificó de "inevitable", del Código Civil para acortar los plazos que afectan a la infancia. "Tenemos que establecer plazos obligatoriamente; 10 años en la vida de un niño es una eternidad", indicó.

También el juez Francisco Serrano, titular del Juzgado de Primera Instancia y de Familia número 7 de Sevilla, abogó ayer por realizar cambios legales para "no condenar a los niños a la institucionalización en orfelinatos". Serrano defendió su actuación en el caso, duramente criticada por la Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla, que le recrimina haber cometido "una infracción legal" al dictar una sentencia para fijar la indemnización y no un auto. "Por la cuantía, el interés y la trascendencia que este asunto iba a tener a nivel nacional lo llevé como un juicio ordinario", justificó el juez.

Francisco Serrano es partidario de que una instancia superior dirima su discrepancia con la Audiencia. "No tengo ningún miedo a que el Tribunal Supremo se pronuncie y diga si tengo la razón yo o la Audiencia", observó. El juez aseguró que "a instancias del Ministerio Fiscal" empleó el baremo utilizado por las compañías aseguradoras en accidentes de tráfico para fijar la indemnización en 72.670 euros, muy lejos de los 1,45 millones estipulados por la sala.

La Fiscalía todavía no ha decidido si recurrirá el auto de la Audiencia, aunque Gabriel Velamazán, el abogado de Fernández, considera que no procede en este caso: "Es un auto que pone fin a un incidente y que agota el proceso".

Velamazán anticipó que si la Junta recurre el auto, reclamará intereses y costas. Además, tiene en marcha un contencioso administrativo por funcionamiento anormal de los servicios sociales autonómicos y un segundo pleito en la Audiencia Nacional, contra la Administración de Justicia, a la que pide un millón de euros, por las "dilaciones" y la "incapacidad para ejecutar sus propias resoluciones". La familia acogedora no estaba personada en el último auto, pero su abogada, María del Mar Arredonda, lamentó el perjuicio causado a los niños en todo el proceso.