El Gobierno y la patronal riojana vuelven a pedir la anulación del tipo de sociedades

El conflicto por el impuesto de sociedades del País Vasco sigue aún vivo. Apenas dos semanas después de aprobarse el tipo impositivo (el 32,6%) para 2005 por parte de las tres diputaciones, el Gobierno de la Rioja y los empresarios de esta comunidad autónoma han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sendos incidentes de ejecución, en los que piden la nulidad de dicho gravamen, que es una décima superior al que el Tribunal Supremo declaró ilegal. Las haciendas forales afirman estar convencidas de que esta vez los recursos no prosperarán.

Los tribunales tendrán de nuevo la última palabra sobre la validez o no del nuevo tipo del impuesto de sociedades vasco. Se abre otro periodo de incertidumbre para las empresas de la comunidad autónoma, que tienen de plazo hasta julio proximo para liquidar el pasado ejercicio. En principio, deberán aplicar un tipo del 32,6% a los beneficios obtenidos en 2005, de no ser que prosperen antes los recursos que han interpuesto el Gobierno de la Rioja, controlado por el PP, y la patronal de esta comunidad.

Esta vez, la Federación de Empresarios riojanos ha presentado ante la Sección Primera de la Sala de Contencioso-Administrativo del máximo tribunal vasco un incidente de ejecución de sentencia en el que pide que se declare la nulidad de los tres decretos forales aprobados el pasado 30 diciembre por las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En dichos acuerdos, establecieron el tipo de gravamen en el 32,6%, tan sólo una décima por encima del 32,5% que el Tribunal Supremo declaró ilegal en diciembre de 2004. El Gobierno riojano tambén ha interpuesto otros tres incidentes con el mismo objetivo. A éstos se sumará la impugnación anunciada por la Junta de Castilla y León.

En los dos últimos años, los jueces han dado la espalda a las instituciones vascas ante los recursos presentados contra el impuesto de sociedades desde las comunidades limítrofes. Fue precisamente un contencioso promovido por la patronal riojana el que motivó la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2004. Por ella se anuló, entre otros aspectos, el tipo del 32,5%, por considerarlo una ayuda de Estado contraria a la legislación europea (en el resto de España el tipo vigentes es del 35%).

Para evitar el vacío legal creado, en mayo del año pasado las diputaciones vascas aprobaron una norma puente en la que volvieron a fijar el tipo nominal del sociedades en el mismo porcentaje (32,5%), lo que fue considerado por La Rioja como una "burla" a la justicia.

Incidente de ejecución

El incidente de ejecución presentado a continuación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) se volvió a resolver a favor de los empresarios. Al mantener invariable la redacción del artículo referido al tipo, el TSJPV, en noviembre pasado, interpretó que la repetición del 32,5% suponía una "contradicción plena e insoslayable" con la sentencia del Supremo, por lo que decidió declararlo "nulo de pleno derecho".

Ante este nuevo revés judicial, las diputaciones iniciaron un confuso proceso de negociaciones para establecer un tipo común. Tuvo que intervenir el Departamento de Hacienda del Gobierno vasco y la dirección del PNV para que los diputados generales de Vizcaya y Guipúzcoa, José Luis Bilbao y Joxe Joan González de Txabarri, ambos peneuvistas, renunciaran a su pretensión de rebajar el impuesto hasta el 32%, frente al criterio de la Diputación alavesa (PP), partidaria se subirlo al 33%. Finalmente, las tres diputaciones aprobaron el pasado 30 de diciembre un nuevo tipo del 32,6%. Los decretos no están aún convalidados por las respectivas Juntas Generales.

En el nuevo pulso abierto en los tribunales, los empresarios y el Gobierno riojano argumentan, de igual manera que la Junta castellano-leonesa, que la decisión de subir una décima el tipo impositivo incumple la sentencia anulatoria del Supremo y denota un deseo de las instituciones vascas de no acatar dicha sentencia.

Por su parte, las diputaciones tienen la "completa seguridad" de que el TSJPV no va a suspender cautelarmente el tipo, lo que permitiría su aplicación para liquidar el ejercicio de 2005, aunque luego fuera anulado en una sentencia definitiva. Confían en que el TSJPV mantenga en esta ocasión el mismo criterio empleado en noviembre, cuando sólo anuló los artículos que eran idénticos a los que rechazó previamente el Supremo. Consideran que ya no hay base para anular el 32,6%, puesto que, aunque sea por una décima, es un tipo diferente al que resultó ilegalizado.