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Universidad

Educación incumple gran parte del acuerdo firmado con la UPV en 2004

Sólo la cobertura del déficit acumulado se ha llevado a efecto en el plazo fijado

La Consejería de Educación no ha cumplido aún la mayor parte de los términos del acuerdo que firmó con la Universidad del País Vasco (UPV) el 21 de diciembre de 2004 "para el desarrollo de un modelo estable de financiación e implantación de un modelo de retribuciones adicionales". En el año que ha pasado desde que la anterior titular de Educación, Anjeles Iztueta, y el actual rector de la universidad pública, Juan Ignacio Pérez, rubricaran con su firma el pacto, el único de los cuatro principales puntos que se ha hecho efectivo en el plazo fijado ha sido la cobertura del déficit presupuestario que arrastraba la UPV.

Sin embargo, los otros tres grandes ejes del documento, presentado ante los medios como un compromiso "histórico", sólo acumulan retrasos. Ni el diseño del Plan Universitario y el marco estable de financiación de la institución, ni la regulación de los polémicos complementos de productividad del profesorado universitario, ni la constitución de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco se han puesto en marcha. Además, se da la circunstancia de que en todos estos apartados se establecía un plazo para su ejecición, el primer cuatrimestre de 2005, que no sólo no se ha incumplido, sino que acumula una demora de más de medio año.

Esto es lo que sucede con el Plan Universitario, un elemento fundamental para el desarrollo de la labor de la UPV, como se señala en la propia Ley del Sistema Universitario Vasco, promovida por el anterior equipo de Educación y aprobada tras una rocambolesca tramitación en febrero de 2004. En el artículo 67 de la norma se le define como "el instrumento específico aprobado por el Gobierno para la ordenación del sistema universitario vasco". A través de este plan se evaluará la situación de la enseñanza universitaria, se determinará sus necesidades y se establecerán los objetivos y prioridades para su periodo de vigencia -cuatro años-, así como las necesidades de financiación y los ingresos previsibles, garantizando a la UPV un modelo económico suficiente para el cumplimiento de sus finalidades y la mejora de la calidad.

Sin segundo plan

El acuerdo entre el Ejecutivo y la UPV recogía en su primer punto que, "como pieza fundamental del marco de referencia de su política retributiva y de personal", se iba a acometer y concluir el diseño del Segundo Plan Universitario antes de mayo de 2005. De esta forma, se continuaría con la senda abierta con el primero, aprobado en 2000. Dotado con un presupuesto de 36 millones de euros para el periodo 2000-2003, permitió, entre otras cosas, la implantación de cerca de una decena de nuevas titulaciones en la universidad pública.

Sin embargo, según ha podido conocer este periódico, la preparación de este segundo plan, pese al retraso que ya acumula, dista todavía de haber concluido. Esta situación repercute de forma directa en el diseño del marco estable de financiación de la UPV, una de las reclamaciones históricas de la institución. El acuerdo enlaza su desarrollo con el del Plan y, de hecho, marcaba el mismo plazo, primer cuatrimestre de 2005, para su diseño, algo que tampoco se ha concluido todavía.

El incumplimiento de la consejería de Educación, dirigida ahora por Tontxu Campos (EA), se extiende también a los complementos de productividad para el profesorado universitario, que el texto del acuerdo vincula además con el marco estable de financiación. Así, el tercer punto del pacto entre el Ejecutivo y la UPV indicaba que "el Gobierno se compromete a abordar la regulación" de los complementos y señalaba que el Departamento de Educación dispondría de un borrador de decreto para enero de 2005. Lo cierto es que, un año después de este plazo, continúa sin entrar en vigor desarrollo normativo alguno que permita un funcionamiento normal del que fue uno de los principales focos de enfrentamiento entre la UPV y la anterior consejera de Educación.

No obstante, de poco serviría el decreto, aun aprobado, si el instrumento para aplicarlo, la Agencia Vasca de Evaluación de la Calidad y Acreditación, aún no se encuentra operativo. Eso es precisamente lo que ocurre, pese a que en el punto cuarto del pacto se fijaba su constitución en los primeros cuatro meses de 2005. Ha habido que esperar a diciembre para que se dé el primer paso, la publicación de sus estatutos. Pero esta reglamentación no significa que la agencia se encuentre ya en funcionamiento, puesto que aún no dispone ni de director, ni de sede, ni de equipo, ni de comités de expertos y asesores para evaluar.

Fuentes del Departamento de Educación han señalado que la demora se puede explicar, "aunque no justificar", por el desfase causado por la proximidad del cambio en el equipo rectoral, en abril de 2004, y la renovación en la consejería tras las elecciones de marzo de 2005.

Tres factores clave para la UPV

El incumplimiento del acuerdo firmado en diciembre de 2004 por la anterior consejera de Educación y el rector de la UPV afecta a tres elementos clave para el futuro de la universidad pública. En primer lugar, el retraso en el diseño y aprobación del Segundo Plan Universitario corta una de las principales vías de desarrollo y cobertura de necesidades de la institución. Además, supone un obstáculo, por la vinculación que establece el propio pacto, para la implantación de un marco estable de financiación con el objeto de mejorar la depauperada situación económica de la UPV, una reclamación presente en todos los equipos rectorales y desoída desde el Gobierno vasco.

El segundo factor afectado por el retraso son los complementos de productividad al profesorado. Sin el decreto que lo regule, que aún no se ha aprobado, no hay posibilidad de ampliar, como así se fija en los términos del propio acuerdo, el número de potenciales beneficiarios de esta medida, que incluirá no sólo a los profesores funcionarios, como hasta ahora, sino también a los docentes con contrato laboral permanente.

Sin embargo, para que el contenido de este decreto pueda ser aplicado, es necesario que la Agencia de Evaluación y Acreditación se encuentre operativa, puesto que la ley del Sistema Universitario Vasco atribuye a este órgano o la facultad de evaluar y conceder o no los complementos a los docentes que lo soliciten. Pero la agencia es el tercer elemento que, pese al compromiso recogido en el acuerdo, continúa sin poder ser desarrollado al completo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de enero de 2006

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