Minusválidos graves rechazan el copago de los servicios de dependencia

El Foro de Vida Independiente, una plataforma ciudadana de 400 grandes minusválidos, se opone al copago de los usuarios del futuro Sistema Nacional de Dependencia. Los beneficiarios contribuirían en función de su renta y patrimonio, según el anteproyecto de Ley de Autonomía Personal del Gobierno. El foro ha elaborado un documento en el que argumenta que el usuario pagará doblemente los impuestos, estará discriminado y reducirá su capacidad económica. Los médicos geriatras lamentan la escasa presencia de los aspectos sanitarios y de prevención en la futura ley.

El anteproyecto ha iniciado ya su camino hacia las Cortes. La semana pasada el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales presentó el texto al Consejo Económico y Social y al Consejo Estatal de Mayores. Los españoles con más de 65 años, un 17% de la población, constituirán la mayoría de los usuarios de la red pública de atención a quienes no pueden valerse por sí mismos -más de un millón de personas- que dibuja la futura ley.

Esta semana, el Ejecutivo discutirá el embrión de la norma con las comunidades autónomas y el Consejo Nacional de Discapacidad. El texto está sobre las mesas de partidos políticos y asociaciones que representan a los afectados: organizaciones de mayores, de discapacitados y también la de médicos geriatras.

Mientras el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que da voz a 3,5 millones de discapacitados aún está estudiando el articulado, el Foro de Vida Independiente, una plataforma ciudadana de 400 grandes minusválidos, se opone al copago de servicios.

La atención a los dependientes, lo que el Gobierno ha llamado "cuarto pilar del Estado del Bienestar" debe ser igual, dicen, a los otros: la sanidad, la educación y las pensiones. En ellos nadie contribuye en función de ingresos o patrimonio. Y tanto la educación como la sanidad son servicios universales que sólo utilizan quienes lo necesitan, dicen: "Recibir asistencia para levantarse de la cama, lavarse, vestirse, estudiar, trabajar o formar una familia no puede considerarse un derecho menos fundamental que los ya consolidados".

Argumentan otras ocho razones, entre ellas que es "una injusta imposición de impuestos duplicados. Las personas con necesidad de asistencia contribuirán vía impuestos, y después una segunda vez". Alegan que el copago reduce la igualdad de oportunidades: "Esas personas tienen que hacer frente a importantes costes adicionales en la vida diaria. El copago en función de renta o patrimonio agudiza la asfixia económica", alegan.

Y añaden que con el copago de servicios se ignora la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Citan una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2005 que revela que el 54% de los ciudadanos asegura que es mejor pagar más impuestos y tener más servicios sociales y que el 70,5% opina que los servicios sociales deben ser públicos y financiados mediante impuestos.

Los médicos geriatras lamentan la "escasa o nula presencia del tema sanitario" en el anteproyecto. "La palabra geriatría ni siquiera aparece", se lamenta el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Isidoro Rupérez. Sólo uno de cada tres hospitales tiene servicio de geriatría. "Ni se contempla las crisis de salud que van a tener los dependientes, que desbordarán el sistema, y eso es un asunto geriátrico. Además, no se contempla la prevención de la dependencia, que es la mejor atención", asegura. "En Estados Unidos, en 20 años, se ha conseguido

con programas que prevengan la aparición de las invalideces que causan muchas enfermedades

que el número de dependientes se mantenga constante, pese al envejecimiento progresivo de la población".

La Confederación Estatal de Organizaciones de Mayores (Ceoma) ha pedido que disminuya el porcentaje que tendrán que abonar el conjunto de los usuarios (entre un 20% y un 25% del coste, menos que lo que prevé el Gobierno, un 33%). La Unión Democrática de Pensionistas (UDP), la otra gran confederación (1.700 asociaciones) es menos crítica, y pide un pacto entre el PP y el PSOE para sacar adelante la ley. Como primeros destinatarios de los derechos y de las prestaciones, "debemos tener acceso de primera mano a las informaciones que vayan surgiendo en torno al desarrollo del sistema", dicen.