Un cambio enérgico en las reglas de juego

El negocio de la energía en Suramérica, al que las empresas españolas han apostado en la década pasada, está comenzando a virar. Al compás del mayor precio del crudo de los últimos tres años y del giro a la izquierda de algunos países, los Gobiernos de Venezuela, Bolivia y Argentina han cambiado las reglas de juego para quedarse con una mejor porción de la renta petrolera. Sin embargo, las modificaciones no necesariamente han echado a perder los números de los inversores extranjeros, sobre todo de los más flexibles para acordar con el poder político. Repsol YPF es el principal inversor español en esta región marcada por la mayor desigualdad social del planeta.

Repsol YPF es la principal empresa inversora española en la región latinoamericana, marcada por la mayor desigualdad social del planeta

A Repsol YPF le sigue Endesa, pero también Gas Natural, Iberdrola y Unión Fenosa han incursionado por el Nuevo Mundo. De todos modos, la petrolera es la principal afectada por el renovado apetito de los Estados latinoamericanos por participar de los beneficios de la explotación de los recursos naturales, en concreto del crudo y del gas. Sin embargo, analistas consideran que Repsol YPF, a partir del reemplazo de Alfonso Cortina por Antonio Brufau en su conducción y de José María Aznar por José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno español, ha ganado en pragmatismo para negociar con los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina -donde genera más del 40% de sus ingresos-, y Hugo Chávez, de Venezuela, el país con más reservas de petróleo y gas de Suramérica.

Petroleras que actúan en la región consideran que en casi todos los países con recursos propios se avanza hacia un esquema de explotación con mayor participación estatal, en contraposición al modelo de privatizaciones de los años noventa, pero señalan que eso no les impedirá hacer negocios, siempre y cuando se definan reglas sustentables en el tiempo. Esperan que se pueda recuperar la inversión -como les ha prometido el presidente electo de Bolivia, Evo Morales- y que haya fortaleza política para evitar más cambios regulatorios en un futuro.

Si bien Chávez llegó al poder en 1998, sólo tres años después logró que el Congreso le aprobara una ley que aumentaba la intervención estatal en la explotación petrolera. Esa norma elevó las regalías y los impuestos y dispuso que todas las concesiones estuvieran controladas en forma mayoritaria por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Las empresas expresaron a partir de entonces que la nueva legislación dañaría sus ganancias y el valor de sus activos. Analistas advirtieron que la incertidumbre sobre los 32 convenios operativos con petroleras extranjeras estaba disminuyendo la producción en las áreas concesionadas por la falta de estímulo a la inversión.

Fecha límite

El Gobierno de Chávez puso como fecha límite el pasado 31 de diciembre para que las empresas aceptaran la reconversión de esos 32 contratos en sociedades mixtas con participación de entre el 60% y el 80% de PDVSA, después de un periodo de transición. Repsol YPF fue una de las primeras que cedió. Otras petroleras extranjeras, en especial las norteamericanas, se mostraron más reticentes y el Gobierno venezolano les respondió con denuncias por fraude tributario por 3.000 millones de dólares. En los últimos días de diciembre se cerraron todos los acuerdos, con excepción de uno. La estadounidense Exxon Mobil, dueña del 25% del campo Quiamare-La Ceiba, se negaba al cambio regulatorio, a pesar de que el ministro de Energía y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, le advirtió: "Nosotros no vamos a operar ni hacer ningún nuevo negocio con empresas que tengan conflictos con el Estado venezolano".

Exxon Mobil cuenta con fuertes inversiones en la región del Orinoco y planeaba un proyecto petroquímico con PDVSA. Finalmente, el 29 de diciembre, Repsol YPF, propietario del 50% de Quiamare-La Ceiba, le compró a Exxon Mobil su 25%. La ofensiva de Chávez no se detiene ahí: en diciembre envió al Congreso un proyecto de ley que aumentará del 34% al 50% el impuesto a la renta de cuatro proyectos del Orinoco, en los que están Exxon Mobil, Chevron, BP, ConocoPhillips, Total y Statoil. Repsol está excluido de esta medida, pero no de la sociedad con el Estado.

Chávez ha encontrado en el boliviano Morales, un nuevo aliado para su eje con Fidel Castro, de Cuba, donde Repsol YPF ha buscado sin éxito hidrocarburos. En 2004, Bolivia había cambiado la ley para duplicar hasta el 50% la carga de tributos y regalías sobre la explotación de sus reservas de gas, las segundas más grandes de Suramérica. Desde entonces, la empresa española y las demás productoras en este país paralizaron las inversiones. Además permanecían a la expectativa del resultado de las elecciones que el mes pasado consagraron al líder indígena. En la campaña electoral y después, en su visita a España, Morales repitió que se auditarán los contratos con las petroleras y se los reconvertirá para que la propiedad y el control del gas a boca de pozo vuelva a manos del Estado, a través de la resucitada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y las empresas se limiten a actuar como socias en la gestión de los recursos.

Morales aclaró en Madrid que Repsol YPF no figura entre las compañías "bandidas" y "contrabandistas" a las que planea expulsar. Morales aún debe definir qué funcionarios técnicos lo acompañarán en su Gobierno. Esa decisión resultará clave para el diseño de la nueva política de hidrocarburos. A diferencia de Venezuela, que cuenta con una PDVSA con fuertes inversiones y flujo de capitales, Bolivia aún necesita de las empresas extranjeras para que su gas no se quede bajo tierra. Este país resulta clave para el abastecimiento de gas de Argentina, Brasil -que ha hallado recursos en la bahía de Santos- y Chile, al que no le vende por el conflicto bélico que en el siglo XIX lo dejó sin salida al Pacífico.

En Argentina, desde la devaluación de 2002 en adelante, Repsol YPF y las demás petroleras han sufrido la creación y la subida de los impuestos a la exportación hasta el 45%. Fue el modo que encontró el Estado para quedarse con parte de la renta, después de la venta de la estatal YPF a Repsol en 1999. En los últimos tres años, el Gobierno de Kirchner ha presionado a las compañías para que no aumentaran los precios de los combustibles en el mercado interno, pese al encarecimiento del petróleo.