Vejar a un discapacitado se multará hasta con un millón de euros

Vejaciones en los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, acciones que generen un grave daño económico, o profesional a los discapacitados o el incumplimiento deliberado de las normas sobre accesibilidad en entornos y servicios son algunas de las infracciones muy graves contra las personas con discapacidad que castiga el proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Estas infracciones, calificadas como muy graves por el texto que ahora irá a las Cortes para su tramitación, se castigarán hasta con un millón de euros.

Este proyecto de ley pretende atajar cualquier vulneración de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2003. El texto vela para que no se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el infractor.

Las infracciones serán leves, que acarrearán multas a partir de los 301 euros y hasta los 30.000 euros; graves (entre 30.000 y 90.000) o muy graves (entre 90.000 y un millón de euros), según la gravedad de los hechos. Se trata, dijo la vicepresidenta primera del Gobierno ayer tras el Consejo de Ministros, de "ponérselo fácil a las personas con discapacidad" y recordó que uno de cada 11 ciudadanos tiene alguna discapacidad. "Muchos discapacitados viven como ciudadanos de segunda, con dificultades en el trabajo, y con barreras mentales y sociales que no debemos tolerar; los discapacitados son ciudadanos de primera. No podemos admitir que las leyes no se cumplan, y se debe poner fin a una situación de impunidad".

Funcionar la inspección

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) espera que este proyecto acabe con las discriminaciones que sufren aún algunos discapacitados en los transportes o en el acceso al ocio.

El adjunto confederal de Política Social de CC OO, José María Fernández, señaló que "el único matiz negativo" que ve en el proyecto de ley es que "está comprobado que no basta con endurecer las sanciones". La falta de cumplimiento en accesibilidad por los empresarios "viene más por desinformación que por que cueste más dinero". Asegura que "el problema principal es que el empresario no sabe cómo se tiene que hacer" para cumplir con los requisitos de accesibilidad, y advierte de que "la creencia de que la propia persona discapacitada sabe lo que necesita es falsa". Por su parte, la responsable de Servicios Sociales de UGT, Gema Ramón, aseguró que lo importante es que la Inspección de Trabajo actúe. "No importan las sanciones, lo que hay que hacer es que la inspección sea efectiva", afirmó.