El Tribunal de Cuentas eleva el déficit de la UPV en 2003 de 13 a 16 millones

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha constatado una vez más la penuria económica en la que ha vivido la UPV durante los últimos años. En su informe de fiscalización de la universidad pública correspondiente al año 2003, el principal órgano auditor vasco eleva el déficit que entonces arrastraba la institución de los 13 millones de euros en que entonces lo cifraba la propia UPV hasta 16 millones. Este incremento se debe a los ajustes que reliza el tribunal en aplicación de su normativa contable.

Esta carga ha condicionado negativamente la actividad de la universidad y su margen de actuación. La solución a esta difícil situación financiera llegó en diciembre de 2004 con el acuerdo suscrito por el rector, Juan Ignacio Pérez, con la anterior titular de Educación, Anjeles Iztueta. El pacto ha permitido cubrir el balance negativo acumulado por medio de un crédito de 15 millones del Gobierno, que la universidad debe devolver en 15 años.

Como ha hecho en anteriores ocasiones la propia UPV, el órgano auditor atribuye la imposibilidad de cuadrar el presupuesto al polémico pago de los complementos de productividad al profesorado. El desfase abierto por la prórroga presupuestaria de 2000 entre la asignación del Gobierno para ese fin (tres millones) y el montante final necesario (ocho millones anuales) generó un endeudamiento ya solventado.

Cumplimiento "razonable"

En cualquier caso, a juicio del tribunal, la UPV ha cumplido "razonablemente" la normativa legal que regula su actividad económica y financiera. Sin embargo, aunque admite la dificultad que supone la imposibilidad de equilibrar los presupuestos por falta de fondos necesarios, también aprecia aspectos censurables. Entre ellos, además del problema por el pago de los complementos, destaca la falta de presentación del presupuesto de ese año y la incorporación de remanentes de créditos por 11 millones para los que no se contaba con financiación.

El tribunal considera que las cuentas de la UPV reflejan de manera adecuada la actividad económica del ejercicio presupuestario, aunque establece algunas salvedades, como la ausencia de contabilidad patrimonial o de un inventario fiable.

También aboga por mejorar los sistemas de control interno y los procedimientos de gestión de la universidad. Incluye la necesidad de solicitar la autorización de los costes de personal al Gobierno como paso previo para la tramitación del presupuesto o la excesiva descentralización del gasto en múltiples Unidades de Gasto Autorizadas (UGA) que dificultan las tareas de control. El tribunal valora el seguimiento que ha iniciado la UPV del cumplimiento horario del personal docente y la comprobación de situaciones de incompatibilidades e incide en reforzar esos controles.