Los ecologistas preguntan al tripartito si aceptaría un cementerio nuclear en territorio catalán
Si no hay antes un calendario para el cierre de las plantas nucleares, el Ejecutivo catalán debería oponerse a la posible construcción de un cementerio de residuos nucleares de alta actividad. Así lo creen los grupos ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción y Eurosolar, que ayer exigieron al presidente Pasqual Maragall una declaración pública para, como ya han hecho otras comunidades, dejar claro si apoyará o no la ubicación en Catalunya de un almacén para todo el combustible atómico empleado por las centrales españolas. La empresa nacional de residuos, Enresa, tiene como objetivo de localizar un emplazamiento y construir este almacén antes de que termine el año 2010.
Los ecologistas han remitido una carta al director general de Energía, Josep Isern, en la que le instan a defender en la Mesa Nuclear -órgano de discusión constituido el pasado noviembre- que no procede debatir sobre los residuos nucleares sin antes abordar un calendario para el cierre de las plantas atómicas. El Pacto del Tinell compromete a los tres partidos del Gobierno catalán a trabajar en la elaboración de este calendario, opción que el Ministerio de Industria no prevé.En cambio, el próximo 18 de enero va a reunirse la Mesa Nuclear para discutir sobre residuos nucleares y en esta reunión los ecologistas esperan que Isern defienda su posición.
Actualmente el combustible nuclear gastado queda almacenado en las propias plantas, en unas piscinas junto al reactor especialmente diseñadas para ello. Sin embargo, estas piscinas tienen una capacidad limitada y la central de Trillo (Guadalajara) ya se ha visto obligada a construir un almacén temporal para estos residuos de alta actividad hasta que se construya uno para centralizarlos. Enresa tiene desde finales de 2004 el mandato del Congreso de los Diputados para llevar a cabo la tarea de encontrar un lugar, construir y gestionar este almacén, cuya fecha de puesta en marcha, según fuentes de la dirección de Enresa, no debería exceder el primer trimestre de 2011.
De hecho, el 1 de enero de 2011 España deberá comenzar a pagar entre 50.000 y 60.000 euros diarios al Estado francés, que actualmente alberga los residuos de alta actividad de la desmantelada central Vandellòs I. Ambos gobiernos pactaron para esa fecha la vuelta de este material o el abono a Francia de una compensación económica.
Enresa promete consenso en este proceso y defiende que la discusión sea transparente. "Se construirá donde lo quieran", decían ayer fuentes de la empresa, que ya ha ofrecido una compensación millonaria al municipio que albergue el combustible gastado. Las mismas fuentes hicieron hincapié en la "contradicción" que, a su juicio, tiene el discurso ecologista. "No se puede mezclar la gestión de los residuos con el cierre de las plantas. El problema está ahí, y ahora tenemos la tecnología para solucionarlo", aseveraron.
Los grupos ecologistas sospechan que Cataluña, en concreto la demarcación de Tarragona -que tiene en Ascó y Vandellòs tres de las nueve centrales españolas separadas por apenas 40 kilómetros-, tiene muchos números para albergar este almacén y prometen "beligerancia y movilización social" a lo largo del año.
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