Azkarraga rebaja el alcance de su plan y recalca que supone sólo "un marco regulador"

El plan aprobado ayer es uno de los proyectos claves del Departamento de Empleo, que lleva varios años batallando por él, en la convicción de las dificultades que afrontará en un futuro más o menos próximo el sistema público de pensiones y de su necesidad para aquellas capas de población con una capacidad de ahorro más limitada y más dificultad para suscribir planes individuales.

Sin embargo, el propio consejero de Empleo, Joseba Azkarraga, vino ayer a rebajar su alcance al insistir en su condición de simple "marco regulador" que a nadie obliga. Azkarraga recalcó: "Estamos simplemente ante un marco regulador al que se acoge quien quiere y que no es una imposición a nadie".

El proyecto inicial que se dio a conocer hace casi tres años sí introducía la advertencia de que el Ejecutivo estudiaría la obligatoriedad de constituir los planes complementarios si la negociación colectiva no daba resultados por sí misma. La renuncia a ese planteamiento, difícilmente practicable cuando las aportaciones deben hacerlas empresas y trabajadores, fue explícita ayer. "En ningún caso obliga, no impone nada a nadie", insistió una y otra vez el consejero, al tiempo que definió la negociación colectiva como "eje motor" y a patronal y sindicatos como "auténticos protagonistas".

Sin fondo de garantía

También se ha eliminado la constitución de un fondo publico de garantía, cifrado en 2003 en casi seis millones de euros y concebido para cubrir eventuales "fraudes o conductas irregulares". Azkarraga argumentó la supresión de ese fondo en la consideración del Gobierno de que las ayudas previstas, que se concretarán en un decreto este mismo trimestre, "son, en este momento, suficientes".

Las líneas de actuación que explicó el consejero se centran en promover la implantación de los llamados sistemas de empleo, separándolos de los individuales, generar confianza en ellos, garantizar su seguimiento y diseñar una estrategia de comunicación, concienciación y formación ciudadana. La comercialización de los planes, que en el caso de los individuales realizan las entidades bancarias, es otro de los aspectos que el Gabinete quiere regular, pero Azkarraga no ofreció más detalles al respecto.

La promoción desde el Gobierno para la implantación de estos planes de pensiones complementarios se basará en el reparto de ayudas económicas.

Las subvenciones serán concretadas en breve en el citado decreto, pero Azkarraga avanzó que irán dirigidas tanto a las propias EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntaria) como a los agentes sociales. Es decir, también empresarios y sindicatos tendrán derecho a beneficiarse de ellas. En este caso, se dará a las organizaciones empresariales y a las centrales dinero para que "inicien la promoción" de estos planes entre sus asociados y afiliados. Las EPSV recibirán fondos por dos conceptos, ya que tendrán derecho a subvenciones tanto para la implantación, campañas de información y puesta en marcha como para la formación de sus órganos de gobierno.

Los agentes implicados recibirán también ayudas administrativas en términos de asesoramiento y orientación o elaboración de modelos de constitución y gestión de los planes.

Los sindicatos ELA, CCOO y UGT, consultados ayer por este periódico, desconocían el texto final aprobado por el Gobierno, por lo que mantuvieron sus reservas. Tampoco la patronal Confebask quiso ofrecer su parecer.

ELA emitió una nota con comentarios negativos, a la espera de poder realizar un análisis más detallado del texto y de la posterior normativa de desarrollo. El sindicato nacionalista manifestó su oposición a las bases del plan, por partir éste de la imposibilidad del sistema público de garantizar las coberturas futuras. ELA mostró también su desacuerdo en la concesión de "ayudas y tratamientos fiscales aún más privilegiados que los actuales para el desarrollo de estos sistemas.

Las discrepancias de CCOO y UGT se centran en la posible obligatoriedad de la aportación de los trabajadores, que rechazan, y en los requisitos exigidos para que un plan de previsión reciba la consideración de "cualificado". Ambas centrales esperan a conocer al detalle el contenido en relación con esos extremos del texto aprobado por el Gobierno. LAB, por su parte, estimó que el Gobierno debe centrarse en lograr un sistema de Seguridad Social propio y rechazó la proliferación de entidades de previsión social voluntaria y las bonificaciones fiscales a los planes privados.