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Cultura rechaza aplazar el traslado de 'los papeles' del Archivo de Salamanca

Castilla y León y el Ayuntamiento de la ciudad pidieron esperar al fallo del Constitucional

La ministra Carmen Calvo rechazó ayer la petición de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Salamanca de aplazar el traslado de los papeles de Salamanca hasta conocerse el fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por la Junta. Calvo señaló que el retorno de los documentos depositados en el Archivo de la Guerra Civil se hará antes del límite que establece la ley, el 14 de febrero. El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, adelantó que no obstaculizará la ejecución de la ley, que "ha convertido el archivo en un cadáver".

La titular de Cultura recordó ayer, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Patronato del Archivo de la Guerra Civil, que la decisión de restituir los documentos incautados por el franquismo a la Generalitat fue aprobada por todo el Parlamento, salvo el PP. "El aplazamiento de la ejecución de la ley no es posible ni siquiera jurídicamente. No se puede parar la ejecución de una ley, se puede recurrir, y en ese sentido el Constitucional se pronunciará", señaló Calvo, quien declaró que el Gobierno prefirió "dar rango de ley" a la decisión de la devolución de los papeles de Salamanca precisamente porque respondía a un acto de "justicia y a la voluntad de la sociedad española".

El traslado de los documentos del Archivo de la Guerra Civil desde Salamanca a Cataluña tendrá lugar antes del próximo 14 de febrero, según la ministra, quien se negó a dar una fecha exacta. Las 507 cajas que guardan los denominados papeles de Salamanca pasarán por Madrid antes de llegar a Cataluña, según indicó Calvo, quien también aseguró que "el traslado se hará con luz y con la normalidad de un Estado de derecho, y cumpliendo las normas administrativas". Entre éstas, la titular de Cultura citó la obligación de "comunicar" a la Junta de Castilla y León el traslado, y declaró que espera "la cooperación leal del Ayuntamiento de Salamanca para cuando salgan los papeles".

El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, afirmó, después de la rueda de prensa de la ministra, que no obstaculizará la aplicación de la ley, y culpó "al sectarismo del Gobierno convertir el Archivo de Salamanca en un cadáver". Lanzarote definió la devolución de los documentos como el "mayor expolio de Europa occidental", e hizo un llamamiento a los salmantinos para empezar a trabajar inmediatamente después de que salga el último papel del archivo para que todos los documentos regresen a la ciudad. Calvo recordó al respecto que, además de la devolución de los papeles, la ley aprobada en el Congreso prevé la creación de un Centro Nacional de la Memoria, que estará en Salamanca y que significará un fortalecimiento para el archivo y la duplicación de su actual plantilla, hasta alcanzar los 60 empleados.

Por su parte, la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, se quejó de que Calvo no haya querido aplazar el traslado hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y acusó a la ministra de convocar al patronato para "escenificar una pantomima, ya que el informe de este órgano no puede decir no a una ley ya aprobada en el Congreso".

Clemente pidió que se revise la documentación correspondiente al Parlamento y a la Generalitat porque "la propia página web del Ministerio señala que hay documentos que no pertenecen a esas instituciones, y luego será imposible restituir los documentos que se entregue a los particulares". En su opinión, se puede aplicar la ley de retorno sin que salgan físicamente los papeles.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de enero de 2006