El PP insta al Gobierno a que impida el congreso de Batasuna, y el PSE dice que es decisión de la justicia

El presidente del PP, Mariano Rajoy, exigió ayer al Gobierno de Zapatero que impida la celebración del congreso de la ilegalizada Batasuna, previsto para el próximo 21 de enero en el recinto ferial Bilbao Exhibition Center (BEC), situado en Barakaldo (Vizcaya). Tras la reunión del comité de dirección del PP, el jefe del primer partido de la oposición instó a Zapatero a utilizar la Fiscalía General del Estado o las fuerzas de seguridad del Estado para evitar que una formación ilegalizada como Batasuna pueda celebrar con normalidad su primer congreso tras el debate interno celebrado en los últimos meses bajo el nombre Bide Eginez (en castellano, Haciendo Camino) y cuyas últimas asambleas se van a realizar esta semana.

El Gobierno, según Rajoy, "tiene que impedir que se celebre este acto público, porque si no, en España no hay ni Estado de derecho ni las sentencias valdrán para nada. Será una filfa y una broma", subrayó, en su crítica a lo que los populares consideran la relegalización de hecho de Batasuna por la "impunidad" en la que se mueve esta formación desde la llegada del PSOE al Gobierno. Rajoy recordó que Batasuna es ilegal y que figura en la Unión Europea y en la ONU como organización terrorista, así que "no puede celebrar un congreso público como si fuera el PP y el PSOE".

Esta petición se suma al requerimiento realizado la semana pasada por el parlamentario del PP Carlos Urquijo para que el Departamento vasco de Interior evite la celebración del congreso de Batasuna. El consejero vasco de Interior, Javier Balza, ya ha indicado que no tiene intención de "ceder a ningún tipo de presión externa" como la que a su juicio "ejerce en este caso el PP". Interior ha asegurado que, "como ha hecho siempre", acatará las normas y los pronunciamientos judiciales ya existentes en esta materia. En principio, la jurisprudencia de los tribunales Supremo y Constitucional en relación con el derecho de manifestación mantiene en los últimos años que la autoridad gubernativa puede prohibir una manifestación sólo si aprecia indicios de delito y si hay "razones fundadas" de que se van a producir desórdenes públicos. Sin embargo, en un recinto cerrado como el BEC no es preceptiva la comunicación a Interior por parte de los interesados.

Testaferro de la coalición

Los tribunales superiores de Euskadi y Navarra han venido ratificando, con alguna excepción, las prohibiciones gubernativas si el convocante de las marchas actúa como testaferro de Batasuna. Pero no siempre se han producido dichas prohibiciones. Los carteles de la coalición ilegalizada llamando al acto del BEC ya son visibles en Euskadi. Ayer, el portavoz del PSE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, indicó en una entrevista en ETB que la postura del PP es la de "disparar contra todo lo que se mueve" y recordó a los populares que en un Estado con división de poderes, "le compete a la Justicia decidir si la convocatoria es legal".

Balza ya se enfrentó el año pasado a una querella por denegación de auxilio presentada por el Foro Ermua por haber permitido la celebración en el velódromo de Anoeta, el 14 de noviembre de 2004, el acto en el que la ilegalizada Batasuna presentó su oferta de paz. La instructora de la querella, la magistrada Nekane Bolado, la archivó en noviembre pasado sin ni siquiera tomar declaración como imputado a Balza. Bolado indicaba en su resolución que para que se hubiera producido el citado delito se tenía que haber producido un "requerimiento expreso" por un particular, asociación, partido político o autoridad judicial o administrativa para impedir el mitin y que dicho requerimiento se hubiera ignorado por las autoridades sin justificación alguna. Por eso el PP le ha requerido a Balza para que que impida el congreso.