El presidente del Poder Judicial emplaza al Gobierno a actuar contra la asamblea de Batasuna

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, ha emplazado al Gobierno y al Ministerio Fiscal a actuar contra la ilegalizada Batasuna si convoca una asamblea como la prevista para el 21 de enero en Barakaldo (Vizcaya). El máximo responsable del Poder Judicial ha recordado que el Supremo no puede actuar por sí mismo contra dicha asamblea. "Estamos esperando si [el Gobierno o la fiscalía] hacen la petición, y si la hacen responderemos", ha explicado Hernando.

En su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Hernando ha recalcado que Batasuna es "un partido disuelto" y que no tiene "vida jurídica", como ha subrayado recientemente el Tribunal Constitucional al no aceptar su recurso contra la disolución, ordenada por el Supremo, del grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak, que sucedió a la formación ilegalizada. En este contexto ha sido cuando el presidente del Poder Judicial ha recordado que para actuar en la actual fase del proceso, que es la de ejecución de sentencia, es preciso que lo pidan la Fiscalía o la Abogacía del Estado.

Las palabras de Hernando coinciden con las vertidas ayer por el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien exigió la intervención del Gobierno para impedir el acto. Según Rajoy, el Ejecutivo "tiene que impedir que se celebre este acto público, porque si no, en España no hay ni Estado de derecho ni las sentencias valdrán para nada. Será una filfa y una broma". Sin embargo, el portavoz del PSE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, indicó en una entrevista con la ETB que la posición del PP es "disparar contra todo lo que se mueve" y que en un Estado con división de poderes "compete a la Justicia decidir si la convocatoria es legal".

Tardanza en el informe

Hernando también ha hecho alusión al Estatuto de Cataluña y ha reiterado su oposición a que se imponga el conocimiento del catalán como requisisto a los jueces que ejerzan en dicha comunidad, sobre todo cuando "los jueces son movibles, en el sentido de que hoy están en Cataluña, y mañana están en Navarra o en Vascongadas". "Si estuviera ejerciendo en Cataluña aprendería catalán, pero como un enriquecimiento personal, como me gustaría cuando voy a Andalucía saber bailar sevillanas", ha ironizado.

"No creo que se deba imponer a nadie el conocimiento de una lengua que luego no tiene una proyección positiva en otros aspectos de la vida", ha añadido. No obstante, recordó que entre un 30 y un 40% de los jueces españoles han recibido del Consejo del Poder Judicial enseñanzas de catalán, lengua que conocen y practican. En cuanto a la tardanza del Pleno del CGPJ en la aprobación definitiva del informe sobre el Proyecto de Estatut catalán, Hernando ha señalado que el Consejo ha optado por no interferir en las negociaciones que se llevan a cabo actualmente entre las partes implicadas para cerrar un acuerdo sobre el texto.