Bruselas reforzará los derechos de los accionistas extranjeros

Los accionistas europeos de empresas radicadas en algún país de la UE distinto de aquél en el que viven tendrán más facilidades para acceder a la información para las juntas y para votar desde la distancia, según una propuesta de la Comisión Europea. La idea es acabar con los obstáculos que en la práctica dificultan e incluso impiden a los inversores europeos acudir a las juntas informados y ejercer su derecho a voto.

El creciente número de inversores extranjeros, y el peligro de que éstos se conviertan en grandes masas de accionistas pasivos, ha llevado al Ejecutivo comunitario a preparar un paquete legislativo que pretende facilitar la participación de los accionistas remotos, y que tiene previsto presentar hoy en Bruselas el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, después de que la Comisión lo aprobara la semana pasada.

Entre las propuestas figura el respeto a la posibilidad de votar desde cualquier país de la UE por correo postal y a través de Internet. En este último caso, la propuesta comunitaria exige la eliminación de todo tipo de obstáculos para emitir el voto electrónico en las juntas, aunque precisa que exigir la identificación de los accionistas no se considerará un impedimento.

La informática también podrá utilizarse para enviar preguntas a la junta desde otro país de la UE. Los inversores podrán utilizar además el correo postal para preguntar y las respuestas deben ser en todo caso de fácil acceso para los accionistas.

Asimismo, el texto establece la extensión del concepto de proxy (la delegación de poderes). Bruselas defiende la aplicación de proxy a todos los derechos del accionista en una junta general en lugar de restringirlo al derecho a voto.

Representación

"Todos los accionistas tienen derecho a designar a una persona física o jurídica como accionista para asistir y votar en una junta general en su nombre", reza el texto legal. Bruselas propone además acabar con el bloqueo del voto de los inversores, que impide vender participaciones en los días previos a una junta general.

La Comisión reconoce que queda mucho camino por recorrer en el campo de la integración de los mercados financieros europeos. Un anexo de la propuesta comunitaria advierte de que el acceso con tiempo suficiente a la información relevante para las juntas de accionistas y que los problemas específicos del voto "transfronterizo" de los inversores debe ser resuelto.

Añade que las leyes existentes son insuficientes para garantizar los derechos de estos inversores, y cita como ejemplo la llamada directiva comunitaria de transparencia, que requiere a las empresas poner a disposición de los accionistas ciertos documentos relevantes antes de las juntas generales. "El artículo 17 no establece, sin embargo, cómo y cuándo han de ponerse a disposición", explica el texto de la propuesta.

El texto comunitario constituye un mínimo de derechos que los países de la UE deben garantizar a los accionistas. Cada Estado miembro podrá, no obstante, mejorar aún más estas medidas. Una vez aprobadas por la Comisión, la propuesta debe todavía contar con el visto bueno de los Veinticinco países miembros y del Parlamento Europeo.