Lo que costará cuidar a nuestros abuelos

Todo empezará en 2007, cuando la ley de Autonomía Personal entre en vigor. Los 200.000 discapacitados más graves serán atendidos. En 2015, con el Sistema Nacional de Dependencia (SND) funcionando a pleno rendimiento, 1.373.000 personas que no pueden valerse por sí mismas (250.000 más que ahora) estarán cubiertas con una docena de servicios públicos y concertados; desde teleasistencia a centros de día, pasando por residencias especiales o ayudas económicas. Para entonces, la inversión pública para levantar el sistema habrá sido de 25.000 millones de euros, según estima la memoria económica del anteproyecto de ley (también conocida como Ley de Dependencia) a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Pero también se habrán creado alrededor de 200.000 empleos y la implantación habrá contribuido a enriquecer el país, según estos cálculos preliminares. Cada usuario costará a las arcas públicas de media 375 euros al mes. De cada 100 euros que se destinen a dar servicios a los dependientes, 66 los desembolsarán el Estado y las comunidades autónomas. El resto, 33, los usuarios. Cada uno contribuirá según su renta y patrimonio.

La mayoría de los beneficiarios serán mayores de 65 años, atendidos ahora por sus familiares sin apoyo del Estado. El perfil tipo de este cuidador informal es el de una mujer de entre 45 y 69 años, ama de casa. Ellas también tendrán un sueldo.

El Ejecutivo presentará mañana al Consejo Económico y Social el anteproyecto de esta ley, la de mayor calado social de la legislatura, y la memoria económica. El 18 de enero, se sentará en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, para plantearles que financien la mitad de la nueva transfusión económica pública que creará el SND y que complemente la embrionaria cobertura actual. "Apenas un 3% de los cuidados son proporcionados por los servicios sociales", reconoce la memoria.

El Gobierno se ha comprometido a que las arcas del Estado aporten 12.638 millones de euros progresivamente, a lo largo de nueve años. La misma cantidad debe ser invertida por las comunidades autónomas, según las estimaciones del texto. La suma, 25.276 millones, es similar, por ejemplo, al gasto íntegro de este año de las comunidades de Madrid y Canarias juntas.

- Atenderle cada año. Cuando el sistema esté implantado, en 2015, ofrecer todos los servicios a todos los dependientes costará al año 9.355 millones (ver gráfico).

Un 19% de esta cantidad (1.777 millones) corresponde a lo que las administraciones ya invierten en servicios sociales. Un 33,7% (3.152 millones) lo pagarán los usuarios del sistema; el monto restante, el que Estado y comunidades autónomas deberían financiar, es de 4.425 millones de euros, un 47%. Eso significa, según los cálculos de los técnicos, que si su abuelo, por ejemplo, tiene que acudir a un centro de d

ía o necesita un cuidador, el Estado gastará de media 375 euros al mes en darle los servicios. Es decir, 5.250 euros al año, más que lo que se gasta, por ejemplo, en Educación por cada alumno de Primaria (3.430).

- Lo que pagará él. Que el 33,7% del coste anual del sistema lo paguen entre los usuarios no significa que cada uno de los dependientes tenga que pagar por fuerza eso, un tercio de las prestaciones que necesite. El beneficiario tendrá derecho a los servicios que precise, según su estado. Y él contribuirá conforme a su renta y patrimonio, de tal forma, dice la memoria, "que las personas con ingresos más altos participarán en porcentajes superiores". Pero todos, ricos y pobres, tendrán derecho a estar en el sistema. En asistencia en residencias, "se establecerá un porcentaje de financiación pública; esta cuantía, junto con la cofinanciación privada del usuario, debe cubrir el coste total del servicio".

- 160.000 a 260.000 empleos. La memoria recuerda que el Libro blanco de la dependencia establece que se crearán 263.000 empleos sólo en prestación de servicios. También cita otros modelos menos generosos: calculan entre 160.000 y 174.000 trabajos, a los que que habría que añadir los puestos que se crearían en la construcción de residencias ("habría que triplicar [hasta 2010] el stock residencial (...), que exigiría inversiones de 10,2 millones", reza la memoria). Podrían ascender a entre 20.000 y 30.000 empleos anuales de término medio entre 2005 y 2010.

Además, entre 300.000 y 400.000 cuidadores familiares percibirán una ayuda, según ha declarado Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Podrán darse de alta en la Seguridad Social a cargo del sistema. También se liberaría, recuerda la memoria, a los familiares que no pueden emplearse fuera de casa por cuidar de sus allegados.

- Recuperar el gasto. La memoria señala que el PIB español puede llegar a ser un 1,56% mayor en 2010 que si no existiera el sistema, lo que implicaría una tasa de crecimiento acumulado de 0,28 puntos. "El retorno fiscal global, por impuestos generales y cotizaciones llegaría a cubrir hasta casi dos terceras partes del gasto asociado al despliegue del SND", asegura la memoria.

- Sillas y rampas. Habrá 100 millones de euros para que los dependientes puedan adaptar su casa y tengan acceso a ayudas técnicas que les permitan mantenerse en su entorno. Parte serán públicas, cediéndose su uso, "construyéndose un banco de aparatos y tecnologías", que se administrará según las necesidades.