Reglamentos para el escaparate

Ahmed regenta un comercio de alimentación en el Raval, el viejo barrio chino de Barcelona. Tras unos meses en la ciudad, empieza a soltarse en castellano, pero a duras penas chapurrea unas pocas palabras en catalán. La mayor parte de sus clientes responde a esas mismas coordenadas lingüísticas. "Nunca he tenido ningún problema, ni con extranjeros ni con la gente de aquí", afirma. Su comercio incumple de forma flagrante la ley catalana, que obliga a rotular "al menos en catalán" la información comercial y a entender al cliente en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Ahmed -como muchos otros comerciantes, incluso en los principales ejes de compra de la ciudad- no conoce la normativa.

El Departamento de Comercio, Turismo y Consumo del Ejecutivo autónomo inició en 2003 las inspecciones lingüísticas, que pueden traducirse en expedientes sancionadores y multas. "El año pasado se multiplicaron por cinco las sanciones, pero partíamos casi de cero", explica el director de la Agencia Catalana de Consumo (ACC), Enric Aloy. "La prueba de que no hay caza de brujas es que hay muchos escaparates donde domina el castellano", argumenta.

El consejero del ramo, Josep Huguet, asegura que las comprobaciones lingüísticas "son una de las 20 que realizan los inspectores. Se trata del único caso en el que, ante un incumplimiento, no se abre expediente de inmediato: se le da al comerciante un plazo de tres meses para adecuarse a la ley". "No hay ninguna obsesión por el seguimiento lingüístico, más allá de velar por el derecho del consumidor a ser atendido en su propia lengua", añade. Con la ley en la mano, el consumidor puede denunciar que los rótulos figuran sólo en castellano, pero no en el caso de que estén sólo en catalán. En cambio, sí puede poner una denuncia si en el comercio no lo atienden en castellano.

Miquel Àngel Fraile, secretario general de la Confederación del Comercio de Cataluña (CCC), explica que apenas hay sanciones "porque es bastante sencillo cumplir la normativa", y ve "lógico" que el comercio deba atender al cliente en su lengua. "Es inadmisible que las cartas de algunos restaurantes mallorquines estén sólo en alemán, y también lo es que algunos comercios regentados por inmigrantes tengan prácticamente toda su rotulación en árabe", dice.

Alejandro Goñi, responsable de comercio de la patronal Pimec, se queja del exceso "general" de reglamentación, "que al final se deja notar en el bolsillo del comerciante". Pero descarta cualquier "psicosis" con la lengua en el comercio, y en todo caso reclama a la Administración "flexibilidad con los pequeños empresarios para cumplir con la normativa desde el sentido común".

Comercio cuenta con 30 inspectores e incorporará a 20 más en 2006, aunque insiste en que el repertorio de la inspección es general, no sólo lingüístico. El PP presentó una pregunta en el Parlamento sobre los métodos de inspección tras recibir la queja de un comerciante después de que una inspectora revisara si era equitativo el tamaño de los carteles en catalán y castellano de su establecimiento. El propio Mariano Rajoy ha criticado esta normativa: "En Madrid es posible encontrar una tienda donde no se hable en castellano y no pasa nada".