Crecen las quejas sobre el uso de las lenguas en Cataluña

Julio de 2005. El departamento de Comercio de la Generalitat convoca un concurso para subvencionar organizaciones de consumidores y condiciona el derecho a percibirlas al uso en exclusiva del catalán.

Noviembre de 2005. Una magistrada de la Audiencia de Tarragona impide al jurado firmar en catalán, además de castellano, un veredicto.

Estos dos episodios son una muestra de que las Administraciones en Cataluña no cumplen permanentemente con su obligación de respetar la opción lingüística del ciudadano en una de las dos lenguas oficiales. Mientras en la calle se vive el bilingüismo sin tensión, las actitudes de las Administraciones públicas son causa de denuncias concretas. La gravedad de las mismas, sin embargo, se evalúa de muy distinta manera según se sea el receptor o el impulsor de las mismas. En las oficinas del Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán) se recibieron, en 2004, 5.277 quejas, de las que 36 versaban sobre casos de discriminación del catalán y otras siete, sobre episodios de marginación del castellano. En el informe del Defensor del Pueblo español de 2004 se describen dos casos de discriminación administrativa del castellano en Cataluña. En 2005, se ha producido un aumento exponencial de las denuncias ante el Defensor contra la discriminación del castellano por parte de la Administración catalana. Han llegado a contabilizar 1.800, entre individuales y promovidas por colectivos como la Asociación por la Tolerancia, centradas en la existencia de las oficinas de garantías lingüísticas abiertas por la Generalitat. En estas oficinas, el ciudadano puede comunicar quejas, consultas o denuncias sobre impedimentos "al derecho de vivir en catalán" por parte de Administraciones públicas o empresas. La Asociación por la Tolerancia las ha denunciado porque son, a su entender, instrumentos de delación. Estas oficinas han tramitado 531 (98,8% de las recibidas) denuncias de usuarios contra el sector privado. Estas mismas oficinas también registran 357 (52,73%) quejas sobre conductas que impiden el empleo del catalán en el sector privado.

En el ámbito de la justicia es en el que resulta más difícil el empleo del catalán

El Defensor del Pueblo recibe 1.800 denuncias contra las oficinas de garantías lingüísticas

Pero en este capítulo figuran llamativamente 130 (19,20%) contra la propia Generalitat por marginación del catalán. Un 9,9% afectan a la Administración periférica del Estado y un 5,32% van dirigidas contra alguna oficina municipal. Contra la Administración de justicia apenas se han recibido siete. Miquel Pueyo, responsable de Política Lingüística de la Generalitat, atribuye el predominio de quejas contra la Generalitat o municipios sobre la Administración periférica del Estado "a que el ciudadano las siente más próximas y suyas y es más exigente a la hora de reclamar sus derechos. La mayoría de casos se debe a la ausencia de formularios en catalán o a la dificultad para hacer un trámite en esta lengua". Pueyo considera que se ha explicado o entendido mal el papel de estas oficinas. "No tienen una policía lingüística. Recogen quejas de los ciudadanos y las tramitan a Comercio, que en sus tareas habituales de inspección general incluye el cumplimento de la normativa lingüística. Las sanciones estaban previstas en la ley que aprobó el Gobierno de CiU en el 98 y daba un periodo de adaptación de entre dos y cinco años. El Gobierno actual no ha tocado la ley, se limita a aplicarla, cosa que no hizo CiU". Pueyo rechaza que haya denuncias anónimas. "Todos los denunciantes están identificados. Lo que no hacemos, respetando la ley de protección de datos, es suministrarlos a terceros".

La Asociación por la Tolerancia remitió una carta al presidente Pasqual Maragall en febrero en la que denunciaba que "la lengua catalana -el ADN del pueblo catalán según sus declaraciones- se está convirtiendo en el elemento nuclear de su política. (...) Es la cara catalanista impregnada de política excluyente y agria la que preside sus actuaciones", que las calificaba de "totalitarias, en cuanto que ignoran la realidad social de Cataluña". Para José Domingo, vicepresidente de la asociación, la política debería respetar que Cataluña es una sociedad bilingüe; por tanto, deberían serlo también sus instituciones, y permitir la libre opción lingüística del ciudadano.

El actual Estatuto consagra que el catalán y el castellano, como lenguas oficiales, "pueden ser empleadas indistintamente por los ciudadanos". El propio texto da un rango añadido al catalán. Es la "lengua propia" de Cataluña y de ello se deriva que es la lengua de todas las instituciones de Cataluña y la preferente en la Administración del Estado en Cataluña y de las "empresas y entidades que ofrecen servicios al público". El concepto de "lengua propia" no es exclusivo de Cataluña. También se emplea en el País Vasco, Galicia, Baleares y en el proyecto estatutario de la Comunidad Valenciana.

La Administración catalana trabaja habitualmente en catalán, al amparo de un concepto como el de "lengua propia" y, afirma Domingo, se olvida del concepto constitucional de lengua oficial. Ello supone, a juicio de Domingo, que el empleo del castellano sólo sea posible por la petición expresa del Administrado (principio de rogación). El informe del Defensor del Pueblo de 2004 relata una denuncia contra el servicio de salud según la cual en un acto médico de seguimiento continuado, el paciente debía solicitar en cada ocasión la documentación en castellano. Domingo considera que esta exigencia de petición reiterada pretende que el ciudadano desista de ejercer la opción por el castellano. "En muchos casos el formulario castellano no está informatizado y si lo está no se facilita", comenta. Para Domingo, la solución existe en otros países: si un ciudadano pide una relación administrativa en una determinada lengua, esta petición sirve para todos los actos posteriores.

Pueyo, que desconocía el caso, lo considera un error porque habría sido lógica una atención continuada en castellano. En sentido contrario también se producen quejas porque la posología redactada por el médico no pueda estar en catalán porque el facultativo desconoce el idioma. Mientras tres cuartas partes de los impresos usados en la sanidad pública son en catalán, el porcentaje de los que son rellenados en este idioma baja al 23%.

Aunque Cataluña es bilingüe y un 94% de la población entiende ambos idiomas, el uso monolingüe está instalado mayoritariamente entre parte de la población castellanohablante. Un 50,1% tiene el catalán como lengua habitual y un 44,1% tiene el castellano. Un 4,7%, las dos.

El proyecto de Estatuto contempla el deber de los ciudadanos de Cataluña de conocer el catalán. Para Domingo, ello puede conducir a problemas porque la ciudadanía la da el empadronamiento y no está claro, en el caso de la inmigración, cuándo se exigirá este deber tras adquirir la ciudadanía y lo que puede suponer no conocerlo. Domingo critica también el deber constitucional de todos los españoles de conocer el castellano. Para Pueyo, la dialéctica entre derecho individual y territorial en el tema de la lengua está sin resolver en la teoría jurídica europea, salvo en algunos países. La lengua, sostiene, es un derecho personal, pero el criterio de personalidad no se puede sostener plenamente porque entonces se debería defender que un catalán pudiera dirigirse a un ayuntamiento sevillano en catalán. "Es un modelo insostenible". "La alternativa es un modelo territorial atenuado -porque Cataluña ha de reconocer el castellano- y asimétrico, porque el Estado es monolingüe. En Suiza, el Estado es plurilingüe y cada territorio tiene como oficial su propio idioma". Durante el debate del proyecto de reforma del Estatuto, el PP criticó severamente que se confundiera territorio y ciudadanos y los deberes en el ámbito privado. Sin embargo, sus ponentes vieron en el nuevo redactado un refuerzo en la protección del uso del castellano ante la Administración al comprometerla a respetar el uso de las lenguas cooficiales.

Una de las quejas más frecuentes sobre la dificultad de emplear el catalán ante las instituciones, además de Justicia, hace referencia al aparato policial. Hace unos meses hubo una reunión entre la Generalitat y la Delegación del Gobierno. El origen del problema, al margen de la actitud personal de algún agente, es que el despliegue de los mossos ha hecho de Cataluña un destino provisional. Cuando se estabilicen las plantillas, el Gobierno está convencido de que descenderá la cifra de este tipo de episodios. Los mossos también han sido protagonistas de casos. A la Generalitat llegó la queja de un conductor que, según él, tuvo que sufrir la burla de unos agentes por exigir denuncia en catalán.

Rafael Ribó, Síndic de Greuges, considera que el único ámbito donde los obstáculos para usar el catalán son un problema estructural es el de la justicia. "El resto son episodios que no tienen suficiente entidad para romper las pautas de comportamiento social". Para Ribó, que las quejas por asuntos lingüísticos apenas lleguen al 1% es un síntoma de que en Cataluña no se vive ningún conflicto profundo por este tema. La ley de política lingüística vigente no fue votada ni por el PP ni por ERC, por motivos distintos, pero no fue recurrida por ningún partido. Los tribunales han avalado el marco legislativo que rige la política lingüística. Pero conductas concretas han sido penalizadas.El Tribunal Superior de Cataluña condenó al Ayuntamiento de Olot por exigir el catalán a un funcionario albañil. En diciembre de 2005, este tribunal sentenció contra Educación porque no incluye en los formularios de matriculación una casilla preguntando por el idioma familiar. Educación ha recurrido la sentencia alegando que la casilla no es necesaria para dar atención lingüística a quien lo solicite. Para la Asociación por la Tolerancia, la Administración dificulta el trámite de petición en un ámbito donde el catalán es lengua vehicular.

La misma entidad tiene recurrida una orden de subvención a las asociaciones de padres que organizan el servicio de acogida matinal en las escuelas públicas y que las condiciona a que en las actividades que se organicen antes del horario escolar se use el catalán. También ha recurrido la normativa que impone cuotas lingüísticas en los medios de comunicación y el decreto sobre porteros de discoteca, para cuya acreditación se exige conocimientos básicos del catalán. El argumento central es que la Administración se inmiscuye en el ámbito privado. Un informe del Consejo de Europa de 1999 criticaba situaciones de discriminación del castellano en la enseñanza en Cataluña. El año pasado, otro informe del Consejo de Europa elogiaba la política de inmersión y criticaba episodios de marginación del catalán en la Justicia. En cualquier caso, la globalización presenta nuevos retos. En Barcelona se hablan más de 200 lenguas y a las escuelas llegan alumnos a mitad de curso sin saber ni catalán ni castellano.