Baleares se rebela contra la ley antitabaco y pide una moratoria

El Gobierno de Baleares pidió ayer una moratoria de dos años para que los bares y restaurantes de más de 100 metros tengan más tiempo para las obras que les exige la ley antitabaco. Según la ley, estos locales disponen de ocho meses para separar físicamente, mediante tabiques, las salas que quieran destinar a fumadores, y que no podrán superar el 30% de la superficie para clientes. Sanidad replicó que no admitirá rebajas en la norma, que es de obligado cumplimiento y que las autonomías sólo pueden endurecer la prohibición, que entra en vigor el domingo.

El mismo día en que el Ministerio de Administraciones Públicas ordenó retirar los ceniceros de los edificios públicos, el Gobierno balear, que preside Jaume Matas (PP), anunció que no cumplirá la ley antitabaco. Baleares no aplicará la norma a los bares de menos de 100 metros. La ley obliga a estos a decidir si son o no de fumadores. En este caso, Baleares aplicará su ley sobre drogodependencias, de mayo de 2005, que permite fumar en todos los bares pero sólo en zonas señalizadas (no hace falta que estén separadas físicamente). El Ejecutivo balear entiende que su posición es más restrictiva que la normativa estatal. Baleares afirma que la estatal implica que los bares menores pueden decidir ser aptos totalmente para fumadores sin reservar zonas reservadas a los no adictos.

La patronal balear de bares y cafeterías pretendía ampararse en la nueva ley estatal, según el Gobierno balear, porque la mayoría de bares son pequeños y evitar así cumplir la norma autonómica. La consejera balear de Sanidad, Aina Castillo, del PP, afirmó que la ley española representa para las islas "un paso atrás para la salud pública" y que "aplicarla sería como no haber hecho nada hasta ahora". Este punto supone, en la práctica, endurecer la ley estatal, algo previsto. La norma estatal prohíbe fumar, en los centros de trabajo, los transportes y los centros comerciales, entre otros lugares, "además de aquellos lugares o espacios definidos en la normativa de las comunidades autónomas".

La ley, aprobada por unanimidad en el Congreso, exige que los bares y restaurantes de más de 100 metros delimiten físicamente la zona para fumadores. El conflicto surge porque la consejera, acompañada por la patronal de los empresarios baleares, pidió dos años de moratoria para realizar las obras necesarias, mientras que la ley sólo da ocho meses, durante los cuales se obliga a "señalizar y separar las zonas de fumadores y no fumadores".

La consejera Castillo confirmó a este diario que secundará la petición de los empresarios de alargar a dos años la moratoria y que pedirá al Gobierno que subvencione las obras necesarias.

Castillo, que entiende que su resolución es legal y que forzosamente prevalece la norma balear porque es más restrictiva con el tabaco, afirmó no entender por qué "se permite morir en los locales más pequeños" y "no en los más grandes". La ley balear fue tildada por el PP "pionera en toda España y más estricta y avanzada" que la ley estatal. La consejera añadió que pedirá un informe jurídico para avalar su decisión.

Fuentes del Ministerio de Sanidad replicaron que la ley entra en vigor el 1 de enero sin excepción y que las comunidades tendrán que aplicarla. "Las autonomías pueden ir más allá en la prohibición y así lo contempla la ley, pero no puede haber rebajas", explicaron fuentes del ministerio. "La ley balear no obliga a separar físicamente las zonas de fumadores en locales de más de 100 metros, sino a señalizarlas. Bastaría con una raya en el suelo o un biombo. Esto no protege más al no fumador que nuestra ley", añadieron las mismas fuentes.

El ministerio mostró su sorpresa por que el Gobierno balear pida un informe jurídico. El principal problema es que las competencias de inspección están en manos de las comunidades. El ministerio destaca que la ley se aprobó por unanimidad y que las comunidades no pueden ir contra una norma básica.

La portavoz del Gobierno de Castilla y León, María Jesús Ruiz, del PP, aseguró que la "precipitación" en la aprobación de la ley impedirá a las comunidades adaptarse a tiempo, informa Europa Press. El consejero valenciano de Salud, Vicente Rambla, del PP, expresó su "disconformidad" por los plazos de aplicación de la ley.