Berlusconi, investigado por el supuesto soborno de un testigo judicial

La Fiscalía de Milán cree que 'Il Cavaliere' pagó para que un abogado declarase en falso

El presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, vuelve a ser investigado por la Fiscalía de Milán. En esta ocasión, el supuesto delito es el de corromper a un testigo judicial. Los fiscales consideran que en 1997, tres años después de que ganase sus primeras elecciones presidenciales, Berlusconi pagó al menos 600.000 dólares (506.000 euros) al abogado inglés David Mills, asesor del consorcio Fininvest, para que declarara ante el juez una absoluta ignorancia sobre los negocios de Il Cavaliere.

Berlusconi alega que la investigación carece de fundamento y constituye una maniobra de sus adversarios políticos.

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La noticia de la enésima investigación fue publicada ayer en exclusiva por el Corriere della Sera, el más prestigioso e influyente de los diarios italianos. El diario milanés había obtenido documentación de la Fiscalía según la cual Carlo Bernasconi, un directivo de Fininvest, holding de la familia Berlusconi, abonó en 1997 "al menos 600.000 dólares" en una cuenta suiza del abogado David Mills. Bernasconi murió en 2001. Tanto Berlusconi como Mills fueron citados a declarar el pasado 3 de diciembre, pero no comparecieron.

Los fiscales sospechan que el pago se realizó a fin de que Mills, organizador de una red de filiales de Fininvest en varios paraísos fiscales, "declarase en falso, negase la verdad o callase en todo o en parte hechos que conocía" durante su comparecencia como testigo en dos juicios celebrados en Italia. Su primera declaración se produjo el 20 de noviembre de 1997, con motivo de un proceso en el que Berlusconi era acusado de pagar sobornos a altos cargos de la Guardia de Finanzas. La segunda se produjo el 12 de diciembre de 1988 en un proceso en el que se acusaba a Berlusconi de financiar ilegalmente el Partido Socialista de Bettino Craxi y de falsear la contabilidad de Fininvest. En el primer proceso se dio por prescrito el delito. En el segundo, Il Cavaliere fue absuelto porque entre tanto había cambiado la legislación sobre los fraudes contables.

En 1997, el abogado Mills aseguró que nunca había hablado con Berlusconi de los pagos al PSI. Los fiscales milaneses disponen, sin embargo, de un "fax confidencial" redactado por el propio Mills el 27 de noviembre de 1995, en el que explicaba a los socios de su bufete londinense una conversación mantenida con Berlusconi dos días antes. En esa conversación, Berlusconi se refirió ampliamente a sus pagos a Craxi. El año pasado, cuando los fiscales le mostraron el fax, Mills reconoció que en el juicio de 1997 le había fallado la memoria.

En 1998, en el siguiente juicio, David Mills declaró que ignoraba a quién correspondía la propiedad de All Iberian, la sociedad instrumental que canalizaba el dinero hacia Craxi y que, en 1991, había remitido 434.000 dólares al abogado y "mano derecha" de Berlusconi, Cesare Previti, quien a su vez había depositado la suma en una cuenta suiza del juez Renato Squillante. Tanto Previti como Squillante fueron condenados por corrupción; a Berlusconi, en cambio, se le aplicó la prescripción del delito. En 2004, Mills reconoció que siempre supo que All Iberian estaba controlada por el propio Berlusconi y por sus dos hijos mayores, Marina y Piersilvio.

Conspiración periodística

El presidente del Gobierno italiano restó ayer importancia a la investigación. Su portavoz, Paolo Bonaiuti, atribuyó la noticia a una conspiración judicial y periodística. "Hoy, como en 1994, el Corriere della Sera va en contra del primer ministro", dijo Bonaiuti, subsecretario de Comunicación.

"Estamos como siempre, con el habitual tintineo de esposas cada vez que se avecinan unas elecciones. Es singular que el Corriere publique hoy una noticia sobre una convocatoria judicial de un mes antes. Es singular que se recupere la noticia justo cuando los periódicos hablan del caso Consorte, un asunto que afecta a una determinada área política", agregó el subsecretario de Comunicación, en referencia a las acusaciones judiciales contra Giovanni Consorte, recién dimitido de la presidencia de Unipol, una aseguradora cooperativa históricamente ligada al Partido Comunista y luego al Partido de los Demócratas de Izquierda.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 29 de diciembre de 2005.

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