El TVCP concluye que Vitoria no aseguró los intereses públicos en el 'caso Boulevard'

Aprecia irregularidades en los convenios urbanísticos que impulsaron el complejo comercial

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) considera que el Ayuntamiento de Vitoria no ha preservado el interés público de la ciudad en el proceso de gestación y posterior venta del complejo comercial El Boulevard, el más importante de la capital alavesa. En su informe de fiscalización, el Tribunal apunta al menos una decena de irregularidades en los dos convenios que impulsaron la construcción de este complejo, lo que le lleva a asegurar que el Ayuntamiento no ha establecido los mecanismos necesarios para garantizar "la salvaguarda de los intereses municipales". Uno de esos convenios se rubricó en diciembre de 1998, en la etapa final del peneuvista José Ángel Cuerda. El segundo se formalizó en agosto de 2000, ya con el actual alcalde, Alfonso Alonso (PP), como regidor.

Entre otras anomalías, el Tribunal reprocha al Ayuntamiento que pactara con los promotores el abono de una cantidad de dinero para urbanizar la zona sin tener la seguridad de que ese dinero era suficiente. Además, el Gobierno local no rubricó una cláusula de garantía a la hora de vender el terreno que hubiera permitido a la ciudad beneficiarse de las plusvalías en el caso de que los promotores vendieran posteriormente el centro, tal y como ocurrió al final. La ausencia en la gestión del complejo de los comercianes minoristas locales, el argumento para vender los terrenos recalificados a los promotores, sin un concurso público, también es criticada por el órgano fiscalizador.

La venta de El Boulevard a la división inmobiliaria del banco holandés ING poco antes de su inauguración, en noviembre de 2003, provocó una tormenta política en el seno del Ayuntamiento. Una de las condiciones para avalar la construcción del complejo comercial fue la presencia de los minoristas locales en su gestión. Con la venta, la participación de éstos en la sociedad promotora desapareció, lo que provocó el enfado de los partidos de la oposición. Éstos crearon una comisión de investigación que concluyó que Alonso había favorecido una operación inmobiliaria, y no la defensa del comercio local. El escándalo llegó hasta el Parlamento y el PSE y EB solicitaron al Tribunal de Cuentas que fiscalizara el proceso, informe que se conoció ayer.El proceso relacionado con El Boulevard tiene su origen en 1998, cuando el Ayuntamiento que presidía José Ángel Cuerda firmó con la empresa siderúrgica Sidenor la compra por 2.664 millones de pesetas del solar de 132.000 metros cuadrados que ocupaba su acería. Si el suelo se vendía después a un tercero, las plusvalías se repartirían al 50%. El objetivo de la compra era sacar la factoría del barrio de Zaramaga, pero sin precisar un destino final para el solar. Cuerda había mostrado siempre su oposición a los grandes complejos comerciales urbanos.

Con relación a este primer convenio, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas señala varias irregularidades. Por una parte, reprocha al Ayuntamiento que no inscribiera los terrenos en el registro de la propiedad una vez comprados, lo que le hubiera garantizado su titularidad. Tampoco giró a Sidenor la correspondiente liquidación del impuesto de plusvalías por la venta. No consta ningún acta de entrega de una parte de los terrenos y, además, el informe apunta que el Ayuntamiento no atendió la obligación de abonar en la fecha correspondiente los 686 millones de pesetas (4,1 millones de euros) correspondientes a un pago.

La salida de Cuerda de la alcaldía tras las elecciones de junio de 1999 supuso la llegada al poder de Alfonso Alonso. El nuevo alcalde anuló el convenio suscrito por Cuerda y rubricó uno nuevo en agosto de 2000 con Sidenor y los tres promotores del centro comercial: ING, Eroski y la sociedad Inalco (integrada por un grupo de comerciantes locales). La oposición de Cuerda a la implantación de centros comerciales urbanos había llevado a la construcción de un gran complejo en la localidad de Echávarri-Viña (a nueve kilómetros de Vitoria). Los promotores de El Boulevard pagaron en total 7.100 millones de pesetas (42,6 millones de euros), de los que 2.886 fueron al Ayuntamiento (17,3 millones de euros), que los ha reinvertido en reformar los viales de la zona, y el resto para Sidenor.

Adjudicación sin concurso

El acuerdo recibió el respaldo de todos los grupos municipales, salvo de Batasuna. Coincidieron en que era una buena operación para respaldar al comercio local, ya que Inalco tenía el 20% de la sociedad promotora. Toda la recalificación de los terrenos y su adjudicación sin concurso estuvo propiciada por este motivo.

Sobre este segundo convenio, el informe del TVCP, aprobado con el voto discrepante de un consjero, se muestra más crítico que con el primero, al percibir irregularidades de mayor calado. El Ayuntamiento "pactó" de manera directa con los promotores el abono de los 2.886 millones de pesetas (17,3 millones de euros) en concepto de valoración de las cesiones obligatorias de aprovechamiento y para reformar los viales de la zona.

El caso es que se hizo sin ningún informe que valore estos conceptos y, por lo tanto, "no existe seguridad de que las contraprestaciones estén equilibradas y se haya garantizado la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actuación urbanística". La ausencia en el acuerdo de una cláusula de garantía a favor del Ayuntamiento para participar en las posibles plusvalías de una venta a terceros -que sí aparecía en el primer convenio- es otra de las anomalías importantes. La falta de esta cláusula, señala el informe, ha ocasionado pérdidas a la ciudad, dado que el suelo y la construcción del complejo les costó a los promotores 81 millones de euros, mientras que han sacado de su venta 166 millones.

La salida de los comerciantes locales (con importantes beneficios en relación a su inversión) lleva al tribunal a afirmar que toda la operación de El Boulevard no ha servido para garantizar su participación, una de las principales finalidades del Ayuntamiento.

En sus alegaciones, el Gobierno local mantiene que los dos convenios defendieron el interés público y alega que con el dinero obtenido se han realizado obras de interés público en la zona, se ha modernizado el comercio local, se ha resuelto la inadecuada ubicación del anterior híper de Eroski (uno de los grandes beneficiarios de la operación) y el barrio de Zaramaga se ha visto favorecido al suprimirse una acería que producía molestias a los vecinos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0028, 28 de diciembre de 2005.