"Limpio como una patena"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció hace varios meses que dejaría el texto estatutario aprobado en el Parlamento catalán "limpio como una patena". Se refería a las correcciones que el PSOE introduciría en el trámite de las enmiendas en el Congreso para eliminar todas las dudas sobre la constitucionalidad del texto.

El escrito de enmiendas presentado ayer por el PSOE incluye cientos de correcciones en decenas de artículos de la propuesta de reforma aprobada en el Parlamento catalán. El PP, que presentó 74 enmiendas, coincide en el fondo con muchas de las correcciones presentadas por el PSOE, aunque en las formas de justificarlas sea más crítico con el texto estatutario.

"El término nación aplicado a Cataluña no tiene cabida en el artículo 1.2 de la Constitución"

Lo que sigue resume las enmiendas presentadas por los dos grandes partidos a los aspectos básicos de la reforma que pretende el Parlamento catalán:

- Definición de Cataluña. PP y PSOE coinciden en que el término nación para definir a Cataluña "no es compatible con el artículo 1.2 de la Constitución Española". El PP propone mantener la definición vigente en el actual Estatuto: "Cataluña, como nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto".

- Derechos históricos. "El fundamento jurídico del autogobierno es la Constitución, que reconoce el derecho a la autonomía de sus nacionalidades y regiones en su artículo 2. Por eso, en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, han de ser suprimidas las referencias a los derechos históricos", señala el PSOE. El PP añade: "Sólo el pueblo español puede ser titular, como tal pueblo, de derechos propios y colectivos".

- Régimen lingüístico. El PSOE defiende que "se debe adecuar a la Constitución toda referencia a la obligación de uso o conocimiento de la lengua catalana en relación con Administraciones que no sean autonómicas o locales u órganos constitucionales. Esto obliga a suprimir o modificar nueve artículos". El PP apostilla: "El desarrollo del deber de conocer el catalán se convierte en un elemento de discriminación intolerable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución".

- Competencias. El PSOE sostiene que la definición de las competencias de la Generalitat debe adecuarse "al régimen constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades". Y considera que "no resulta constitucional mandatar al legislador estatal para transferir competencias a las comunidades". El PP afirma que la propuesta de reforma regula un reparto competencial nuevo al margen de la Constitución.

- Poder Judicial. "Un Estatuto", recuerda el PSOE, "no puede desconocer que la Constitución atribuye la competencia sobre el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y las leyes de demarcación y planta al Estado". Esa razón les lleva a proponer la supresión o modificación de los artículos referidos al Poder Judicial en la propuesta de reforma estatutaria. El PP cree que la redacción del articulado crea un Poder Judicial propio que rompe la unidad jurisdiccional que consagra la Constitución.

- Unidad de mercado. "La unidad de mercado que rige no sólo en el ámbito estatal sino también en el europeo actúa como límite de algunas competencias autonómicas que pretende el Parlamento catalán", señala el PSOE. El PP añade: "La propuesta establece un modelo intervencionista de la vida económica en Cataluña".

- Relaciones bilaterales. "El modelo de relación no puede venir impuesto en un Estatuto de Autonomía. Se hace necesario revisar la propuesta de reforma del Estatuto", señala el PSOE. Los populares piden que se eliminen del texto todas las referencias a la relación bilateral de Cataluña con el Estado.

- Financiación. El PSOE mantiene que "el proyecto de financiación ha de ser modificado para darle mejor cabida en el marco constitucional". Las competencias de la Generalitat en materia de Hacienda a que se refiere el Estatuto deben redactarse teniendo en cuenta las competencias del Estado y de las entidades locales, según los socialistas. El PP considera "inadmisible la propuesta" porque abre la posibilidad de crear un marco fiscal y financiero separado del sistema del resto de España.