El PP veta que se amplíe el plazo de enmiendas ni siquiera 48 horas

A las ocho de la tarde de ayer se cerró definitivamente el plazo para presentar enmiendas al proyecto de reforma del Estatuto catalán. Por la mañana, tres horas de reunión de los miembros de la Mesa del Congreso sólo sirvieron para enconar más el clima político entre el PSOE y el Partido Popular. No hubo acuerdo, y el PP vetó la posibilidad de ampliar tres días el plazo de enmiendas que pedían los otros siete grupos parlamentarios. Ni siquiera 48 horas, como propuso, para tratar de mediar, el presidente de la Cámara, Manuel Marín.

Los populares Gabriel Cisneros, Ignacio Gil Lázaro y Celia Villalobos, con semblantes claramente satisfechos, explicaron en rueda de prensa que habían propuesto ampliar el plazo hasta el 1 de febrero, ya que el mes de enero es inhábil a efectos parlamentarios. La propuesta fue desechada por el resto.

Marín hizo pública una nota, el pasado viernes, en la que advertía de que, de acuerdo con la norma instaurada al principio de la legislatura, era necesaria la unanimidad de todos los grupos para conceder un plazo extraordinario.

Villalobos afirmó: "Debemos felicitar al presidente del Congreso; yo sé lo que es no atenerse a las normas del partido", y Cisneros apostilló: "Ha demostrado gallardía y coraje".

"No ha podido ser"

Carme Chacón, vicepresidenta primera y diputada socialista, tuvo un discurso muy distinto: defendió la postura de Marín, que ha provocado auténtica irritación en la dirección del Grupo Socialista, y explicó que, en varias ocasiones, cuando la ampliación del plazo no retrasaba el procedimiento legislativo, nadie se había opuesto.

Chacón habló de "voluntad de obstrucción insólita" por parte del PP y calificó de "rocambolesca" la propuesta de ampliar el plazo hasta el 1 de febrero, porque, dijo, "con eso sí se alteraba el proceso legislativo".

El presidente de la Cámara compareció ante los medios con esta afirmación: "Lo he intentado, pero no ha podido ser".

Marín, sin mencionar expresamente al PP, lamentó que se practique una "política de vuelo bajo" y justificó su postura porque "un presidente que se precie no puede ir contra sus propias normas. Tengo obligación de cumplirlas, no me las puedo saltar".

Marín dejó muy claro que es "la primera vez que un grupo parlamentario [el PP] impide al presidente tratar de progresar en el plazo de enmiendas" para facilitar la labor de los grupos. Explicó que, en ocasiones anteriores y ante peticiones similares, algún grupo manifestó "que no le gustaba, pero jamás me impidieron tomar una decisión".

Chacón había calificado antes esta postura del PP como un "abuso de la buena fe" del presidente y de los demás grupos, que esperaban un comportamiento idéntico al que se ha dado ante pretensiones semejantes y anteriores del Grupo Popular.