La Junta lleva a Yagüe a la fiscalía por dejar que caduquen 201 expedientes urbanísticos

La Junta de Andalucía sigue recopilando argumentos para justificar la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella. El último es una acusación de dejación de funciones en materia de disciplina a la alcaldesa, Marisol Yagüe, por la caducidad de 201 expedientes por infracciones urbanísticas en el municipio que el Consistorio abrió en julio de 2004 sin que se haya adoptado ni una sola medida sancionadora ni correctora. La Consejería de Obras Públicas ha dado traslado del caso a la Fiscalía al entender que se puede tratar de una "voluntaria inactividad" del Ayuntamiento.

La Consejería de Obras Públicas entiende que la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe. "ha dejado caducar" los expedientes, lo que constituiría una "grave" infracción de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que atribuye a los Ayuntamientos como "inexcusables" las competencias para sancionar ilegalidades urbanísticas.

Una inspección urbanística realizada por la Junta al Ayuntamiento marbellí el 29 de noviembre comprobó que los 201 expedientes habían caducado sin que prácticamente se hubiera realizado ningún trámite. Además de dar traslado a la Fiscalía del asunto, la Junta ha conminado a Yagüe a abrir de nuevo los expedientes sancionadores por aquellas infracciones que aún no hayan prescrito.

Fue precisamente una inspección de la Junta la que detectó en mayo de 2004 una serie de infracciones en el municipio ante las que el Ayuntamiento no había tomado ninguna medida disciplinaria, por lo que la Consejería de Obras Públicas instó a la alcaldesa a cumplir con sus obligaciones legales y abrir los pertinentes expedientes sancionadores. Se trataba de 201 casos de diferente tipología, aunque la mayoría de las infracciones correspondían a construcciones o ampliaciones de viviendas, locales y garajes que, o carecían de licencia, o que no se ajustaban a los permisos obtenidos.

El 15 de julio de 2004, Marisol Yagüe contestó a la Junta que había iniciado los expedientes sancionadores con el nombramiento de un instructor de los mismos y que su equipo de gobierno tenía "la clara intención de que los citados expedientes se tramiten conforme a la legalidad vigente". "No es otra la voluntad e intención de esta corporación que ejercer las competencias que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía le confiere en materia de disciplina urbanística", añadía la alcaldesa en su escrito de respuesta a la Junta.

Prueba de esa buena voluntad, Yagüe alegaba que en los meses previos el Ayuntamiento de Marbella ya había contestado a 60 requerimientos realizados por la Consejería de Obras Públicas para que sancionara otras ilegalidades.

En noviembre de 2004, la Junta volvió a interesarse por la situación de los 201 expedientes sancionadores abiertos por el consistorio, a lo que éste respondió que: "en todos ellos se ha seguido la tramitación correspondiente en los respectivos procedimientos sancionadores y de protección de la legalidad urbanística".

Pero lo cierto es que un año después, una nueva inspección de la Junta ha comprobado que los expedientes han caducado sin que el Ayuntamiento haya tomado ningún tipo de medida. Según la Junta, ello "evidencia nuevamente una total y absoluta dejación de funciones en materia de disciplina urbanística que pudiera ser considerada una voluntaria inactividad administrativa en unas competencias que la legislación vigente tiene atribuidas a los ayuntamientos como inexcusable".

Obras sin licencia

Además del escrito enviado el 23 de diciembre a la Fiscalía, la Junta remitió ese mismo día a la alcaldesa de Marbella un nuevo requerimiento para que "proceda a la suspensión de las obras que se están ejecutando sin licencia o en contra de las determinaciones de las mismas, así como la adopción de las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada, debiendo incoar nuevamente los expedientes sancionadores caducados en los supuestos en los que la infracción no hubiese prescrito".

La permisividad con la ilegalidad urbanística y la dejación de funciones en la materia es de hecho uno de los argumentos que la Junta ha invocado para retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella, procedimiento cuyos trámites se iniciaron el pasado 12 de diciembre, el mismo día que entró en vigor la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo que permite a la administración autonómica esta intervención excepcional.

Desde 1995, la Junta ha impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) 420 licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento en contra de su propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, 209 de las cuales han sido otorgadas por el equipo de gobierno de Marisol Yagüe en los dos años y medio que lleva de mandato.