"El verdadero agujero negro de Schengen está en los aeropuertos"

Gil Arias Fernández, de 50 años, asesor del ministro del Interior para Asuntos Internacionales, tomará posesión el 1 de enero como director adjunto de la Agencia Europea de Fronteras. Este organismo comunitario, que fue creado el pasado mes de mayo y tiene su sede en Varsovia, será el primer brazo ejecutor de la política de la Unión Europea contra la inmigración ilegal. Entre sus funciones figuran la coordinación de las fuerzas de seguridad de los Estados miembros encargadas del control de las fronteras en el espacio Schengen, la elaboración de análisis de riesgos y la coordinación de las operaciones conjuntas de repatriación de extranjeros en situación irregular.

Pregunta. ¿Con qué medios cuenta la Agencia?

"España es el país de la UE que realiza más expulsiones de inmigrantes"

"El año próximo empezarán a aplicarse los identificadores biométricos"

Respuesta. En este momento funciona con expertos nacionales cedidos por los Estados miembros y con personal contratado. En total, 43 personas. Pero el año que viene se establecerá la estructura definitiva, y entonces esperamos llegar a las 75 personas. La dotación económica para 2006 será de 12 millones de euros, que para el periodo 2007-2013 ascenderán hasta 285. Eventualmente, podremos utilizar partidas del fondo europeo de retorno de extranjeros, que será de 760 millones, y del de fronteras exteriores, que rondará los 2.200 millones.

P. Una de sus tareas es elaborar análisis de riesgos. ¿Cómo recogerán la información?

R. Hemos pedido a los Estados miembros que nos remitan periódicamente la que les envían sus funcionarios de fronteras y de enlace en países de fuera de la UE. En base a ella y a informaciones obtenidas de otras fuentes directas, como Eusrostat, ONG, etcétera, elaboraremos nuestros informes.

P. ¿Quiénes son los destinatarios de esos estudios?

R. Los ministerios del Interior de los Estados miembros y el Consejo de la UE. Normalmente, los informes llevan aparejadas unas conclusiones y unas recomendaciones. Algunas de éstas podrán ser puestas en práctica por la propia Agencia, pero la mayoría deberán ser aplicadas por los Estados.

P. ¿Es la Agencia el embrión de una policía europea de fronteras?

R. No. La Agencia tendrá grupos de expertos que, ante una situación que exija medidas especiales, podrán ser puestos a disposición de un Estado miembro. Pero siempre a petición o con el consentimiento de dicho Estado.

P. ¿Organizarán ustedes la fuerza de guardacostas del Mediterráneo?

R. En principio, la idea fue crear una fuerza de guardacostas específica para patrullar el Mediterráneo. Pero, a medida que se ha ido avanzando en su estudio, se ha visto que plantea grandes dificultades a corto o medio plazo. Por eso ha ido derivando hacia algo que parece más realizable y operativo. Se trata de establecer una red de comunicaciones en tiempo real entre las fuerzas nacionales de guardacostas que ya existen: la Guardia Civil del Mar, la Guarda de Finanzas italiana, la Guardia Costera griega..., de forma que puedan trabajar de forma conjunta o coordinada. El reciente Consejo Europeo nos ha encomendado, además de su diseño, que estudiemos la posibilidad de vincular a ella a Marruecos, Argelia, Túnez y, eventualmente, a Mauritania. Queremos que la red no se limite al Mediterráneo, sino que también abarque la fachada atlántica. No podemos olvidar a Canarias.

P. ¿Cuáles son los puntos más frágiles del espacio Schengen?

R. Desde el punto de vista mediático, las fronteras más llamativas son las marítimas, por el drama que supone la pérdida de vidas humanas que a menudo se produce en ellas. Si estableciéramos un orden de prelación en relación con su situación crítica, habría que empezar por Malta y Lampedusa. Luego irían Canarias y el Estrecho, y después las islas griegas del Egeo. También están las fronteras terrestres: Ucrania, Bielorrusia y la zona de los Balcanes: Rumania, Bulgaria... Pero, desde el punto de vista cuantitativo, el verdadero agujero negro de Schengen son los aeropuertos. Los inmigrantes entran por ellos de forma inicialmente legal y luego, cuando acaba su tiempo de estancia autorizado, se quedan en situación irregular. En el caso de España, por ejemplo, las entradas irregulares van por este orden: fronteras aéreas, fronteras terrestres y fronteras marítimas.

P. ¿Cómo se pueden frenar las entradas por los aeropuertos?

R. Nos será de gran ayuda la introducción de identificadores biométricos en los visados y en los pasaportes, medida impulsada por el ministro Alonso en el seno de la UE. Consisten en un microchip que irá insertado en el documento y que contendrá la identificación completa de su titular: no solamente sus datos personales, sino también su imagen facial codificada, sus huellas dactilares y en el futuro, tal vez, el iris. Además de tener siempre identificado al titular del visado y del pasaporte y evitar su falsificación, esto nos permitirá contar con un registro puntual de quién entra y sale de Schengen, antes incluso de que el extranjero llegue a la frontera. Se están haciendo las primeras pruebas con este sistema, que probablemente será implantado el año próximo. Ahora intentamos acordar en qué países se empezará a aplicar.

P. ¿Y de qué servirá identificar a los inmigrantes irregulares, si luego es imposible expulsarlos por falta de capacidad económica o de acuerdos con sus países de origen?

R. Hasta ahora, cada país ha tenido que pagar las expulsiones con cargo a su erario público. A partir de 2007 habrá unos fondos que podrán ayudar algo a los Estados y la Agencia apoyará y coordinará operaciones de retorno conjuntas. El reparto de esas ayudas se establecerá en base a diferentes criterios: en este momento se barajan el número de expulsiones dictadas, que encabeza Alemania, y el número de expulsiones ejecutadas, que encabeza España. España es el país europeo que más repatriaciones de inmigrantes realiza. Pero el verdadero problema para ejecutar expulsiones se encuentra en la readmisión de estas personas por sus países de origen. Donde se precisa un impulso más fuerte es en la política exterior de la UE, que está gastando muchísimo dinero en ayudas para el desarrollo de los países de origen y debería conseguir más acuerdos de readmisión con ellos.