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Aguirre niega a Gallardón el permiso para soterrar la M-30 bajo el puente de Toledo

La Comunidad sostiene que las obras "mutilan parcialmente" un monumento histórico

Soledad Alcaide

El Ayuntamiento de Madrid no podrá "mutilar parcialmente" el puente de Toledo, un monumento declarado bien de interés cultural y que cuenta con la máxima protección legal. Ésta es la conclusión del informe técnico que ayer hizo público la Dirección de Patrimonio Histórico, que depende de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid.

Con este documento, el Gobierno regional deniega la autorización al proyecto presentado por el Consistorio el pasado 13 de diciembre, donde justificaba un nuevo trazado del soterramiento de la M-30 bajo el puente de Toledo, un monumento con tres siglos de antigüedad. Así lo anunció ayer, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el vicepresidente, Ignacio González. "No es posible acordarlo", manifestó.

En consecuencia, el equipo de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón se ve obligado a elaborar otra alternativa al trazado denegado si quiere mantener su intención de ampliar el número de carriles -de dos a tres- que pasarán por debajo de cada uno de los ojos del puente.

Para ello, los técnicos municipales mantuvieron ayer una reunión con la Dirección General de Patrimonio, en la que ésta les indicó las modificaciones que deberá hacer el Ayuntamiento para sacar adelante una propuesta.

"Este nuevo proyecto en lo referente a las calzadas no supondrá en modo alguno afección a los sillares de las pilas del puente", asegura el memorándum de la reunión, que recoge el acuerdo alcanzado por ambas partes.

La razón es que, para conseguir el objetivo de ampliar los carriles, el proyecto ahora denegado planteaba morder las pilastras de los pilares del puente de Toledo.

El Ejecutivo de Esperanza Aguirre había dado luz verde a otra propuesta anterior el pasado 30 de septiembre, que el Ayuntamiento modificó sin comunicárselo. El gobierno municipal de Gallardón lo justificó en una orden de la Confederación Hidrográfica del Tajo que, para cumplir una directiva europea, obligaba a ampliar el colector de aguas residuales que discurre adyacente a la vía y también pasa por debajo del paso elevado.

Por eso, el Consistorio tuvo que presentar después diversos documentos a Patrimonio para argumentar que los cambios se ajustaban a la ley. El Ejecutivo ha tardado nueve días en responder.

"La modificación pretendida supone (...) una afección negativa para la integridad del puente de Toledo", responde el documento del Gobierno regional, que precisa que por este motivo se incumple la Ley de Patrimonio Histórico de 1998.

El director general de Patrimonio, Javier Hernández, aclaró que el nuevo trazado planteado "afecta al fuste" de los pilares. "Eso es irreversible de cara al futuro", agregó. "Si alguien quisiera después recuperarlo, no podría, porque quedaría parcialmente mutilado". Según Hernández, la ley no lo admite.

En cambio, continuó, la propuesta aprobada en septiembre no afectaba a la integridad del puente. "Fue elegida por eso", agregó. También recalcó Hernández que el hecho de que se toquen las pilastras no implica que pueda afectarse la estabilidad del puente. "Hoy día ninguna obra de ingeniería afectaría a la estabilidad. Ha estado garantizada desde el principio con todas las alternativas presentadas", remarcó.

El informe, que fue ayer entregado a los técnicos municipales, también requiere al Ayuntamiento para que intensifique las medidas de conservación del puente de Toledo planteadas en su proyecto de protección.

Patrimonio ya había aceptado que la Concejalía de Urbanismo llevara a cabo una serie de "medidas físicas" para reforzar el pontón, previstas en otro documento presentado por el Consistorio.

Entre ellas incluía la solución de inyectar hormigón en la base del paso elevado para reforzar los pilares originales de madera. Las obras de reforma de la M-30 sacaron a la luz que, por la humedad del río, las filtraciones de la lluvia y la carcoma, las antaño poderosas vigas que sujetaban el puente, de más de tres siglos, son ahora unos palos podridos.

"Deberán adoptarse inmediatamente todas aquellas medidas tendentes a la adecuada consolidación de los materiales y la protección de éstos ante cualquier tipo de agente", estipula el informe de la Dirección General de Patrimonio. Para ello, los técnicos municipales deberán presentar un proyecto antes de ser autorizado.

"Se trata no sólo de proteger el puente de los golpes de grúa o de la maquinaria utilizada en las obras, sino de ampliarlo a otras afecciones por el polvo o los gases de las máquinas", especificó el director general.

El informe en el que Patrimonio deniega el permiso también se refiere a la construcción de un colector. Pero considera que no puede pronunciarse "en este momento, dado que falta documentación que permita analizar el conjunto de esta propuesta". Para ello, la dirección general recalca que "deberá presentarse un nuevo proyecto". Y también especifica qué tipo de documentos necesita para poder analizarlo: documentación gráfica sobre las dimensiones del futuro colector y las cotas de referencia respecto a la calzada y el nivel de terreno actual y un reportaje fotográfico e infografía de los alzados. Además, concluye el informe, "previamente se realizarán unas catas en los paramentos de los estribos para comprobar los materiales y el sistema constructivo".

El director general de Desarrollo de Infraestructuras del Ayuntamiento, José María Ortega, explicó ayer que el Consistorio tiene intención de seguir con su objetivo de ampliar los carriles de cada ojo del puente. Por eso, los técnicos municipales aceptarán todas las recomendaciones de Patrimonio y adaptarán a ellas su proyecto. "Lógicamente, es la autoridad competente en materia de patrimonio y hay que estar a lo que digan, como también hemos hecho lo que nos ha pedido la Confederación Hidrográfica del Tajo", subrayó.

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Sobre la firma

Soledad Alcaide
Defensora del Lector. Antes fue jefa de sección de Reportajes y Madrid (2021-2022), de Redes Sociales y Newsletters (2018-2021) y subdirectora de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS (2014-2018). Es licenciada en Derecho por la UAM y tiene un máster de Periodismo UAM-EL PAÍS y otro de Transformación Digital de ISDI Digital Talent. 

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