El Senado impone a Bush una prórroga de la ley antiterrorista de sólo seis meses

La Casa Blanca ensayaba ayer su mejor cara para encajar un nuevo revés. En la noche del miércoles el Senado de Estados Unidos aprobó prorrogar durante tan sólo seis meses la vigencia de la controvertida Ley Patriótica, que permite ampliar los poderes del Ejecutivo en el marco de la guerra contra el terrorismo, y que expiraba a finales del presente año. El Gobierno del presidente George W. Bush había presionado mucho para que la ley fuera permanente o al menos para prolongar durante cuatro años la vigencia de sus artículos más controvertidos.

Lejos de considerarlo una derrota, el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, afirmó: "Lo considero una victoria para el pueblo americano". La Casa Blanca había asegurado con anterioridad que vetaría cualquier intento de una mera extensión de la ley antiterrorista. Aunque en un comunicado Bush reconocía ayer "el esfuerzo" hecho por los senadores para alcanzar un acuerdo, el presidente no quiso dejar de destacar que "la ley expirará el próximo verano, pero la amenaza terrorista sobre América no tiene fecha de caducidad".

Después de una maratoniana y frenética sesión de negociación a puerta cerrada, un grupo de senadores de ambos partidos acordó en la noche del miércoles abandonar su política de obstruccionismo, puesta en marcha la semana pasada, al tiempo que la mayoría republicana terminó su oposición a una solución temporal. "Es una solución de sentido común, que otorga al Senado más tiempo para elaborar un proyecto de ley de consenso que promoverá nuestra seguridad al tiempo que preserva nuestra libertad", dijo en un comunicado Patrick Leahy, líder demócrata del Comité Judicial del Senado. Leahy, que se opuso a la renovación de medidas clave de la ley en su forma actual, se manifestó contento de que el liderazgo republicano "escuchara a una mayoría del Senado de EE UU sobre ese importante tema, que afecta a todos los estadounidenses".

La Ley Patriótica, que toma las iniciales en inglés de su título (Proporcionar las Herramientas Adecuadas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo), se aprobó seis semanas después de los atentados del 11 de septiembre. La versión final del proyecto de ley, antes de que el Senado -controlado por los republicanos- lo frenase la pasada semana, daba vigencia permanente a 14 de sus 16 artículos, mientras que los dos restantes serían extendidos sólo por cuatro años, hasta el 2009, que era lo que deseaba Bush. Esos dos artículos en cuestión eran los más polémicos y tenían que ver con las escuchas telefónicas y la vigilancia de toda clase de archivos de los estadounidenses.

Orden judicial secreta

La ley también permite que las autoridades revisen, mediante orden judicial secreta, lo que los ciudadanos leen o adquieren en las librerías y bibliotecas, sus expedientes médicos y hasta sus actividades en los templos, aun sin tener ningún tipo de prueba de que tienen vínculos terroristas.

La batalla legislativa por la aprobación de la ley se ha visto complicada por la reciente revelación de que el presidente Bush autorizó espiar las comunicaciones de ciudadanos estadounidenses sin el debido permiso judicial. La opinión pública está escarmentada de la manipulación de los asuntos relacionados con la seguridad y la guerra contra el terrorismo. Pero el presidente ha acusado a los políticos de intentar sacar provecho partidista de la situación. "No debería permitirse que nadie utilice la Ley Patriótica para obtener réditos políticos", declaró Bush en un comunicado. "Los terroristas todavía quieren hacernos daño".

La Ley Patriótica está provocando desde su promulgación un apasionado debate entre cómo equilibrar la seguridad y la protección nacional con las libertades civiles. Tanto demócratas como republicanos están de acuerdo en que algún tipo de legislación era necesaria tras el 11-S, pero difieren profundamente en el hecho de que el Gobierno se atribuya ciertas facultades. En esta ocasión, fueron cuatro senadores republicanos los artífices la semana pasada de que la aprobación de la ley no saliera adelante. Para el republicano Larry Craig, miembro de la Asociación Nacional del Rifle, "cuando se trata de libertades civiles, no hay compromisos posibles que hacer".