La Cámara de Representantes prorroga la ley antiterrorista de Bush sólo un mes

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha prorrogado sólo por un mes la vigencia de las disposiciones clave de la antiterrorista Ley Patriótica, después de que el Senado las ampliara durante seis meses. La Casa Blanca quería una renovación por cuatro años, lo que habría ahogado hasta el final del mandato de Bush el debate sobre cuál debe ser el límite del poder del Gobierno para investigar a los estadounidenses.

La decisión de los congresistas significa que la ley promulgada para luchar contra el terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 deberá ser enviada de nuevo al Senado para una mayor discusión, posiblemente hoy mismo. La mayoría de esas disposiciones, que expiran el próximo 31 de diciembre, facultan al Gobierno a llevar a cabo medidas policiales como registros y redadas, pero habían sido criticadas por grupos de defensa de los derechos ciudadanos, que argumentan que violan las libertades civiles.

El presidente George W. Bush se opuso insistentemente a la prórroga temporal de la medida, convencido de que podría forzar su aprobación permanente, y había advertido de que permitir que prescribiera haría a EE UU vulnerable a atentados terroristas. El debate sobre la ley coincidió con la revelación la semana pasada de que el presidente había autorizado espiar sin permiso judicial las comunicaciones de estadounidenses sospechosos de tener contactos con terroristas.

Fuentes de la Casa Blanca han señalado que el presidente estaría de acuerdo en promulgar la prórroga de la ley por un mes. "Agradezco al Senado que haya trabajado para mantener vigente la Ley Patriota hasta julio, a pesar de que la semana pasada el líder demócrata [del Senado, Harry Reid] alardease de que había bloqueado la ley", ha dicho Bush en un comunicado tras la aprobación en la Cámara Alta.

Si la Casa Blanca hubiera conseguido la renovación por cuatro años, se habría ahogado hasta el final del mandato de Bush el debate sobre cuál debe ser el límite del poder del Gobierno para investigar a los estadounidenses, y si la Ley Patriótica infringe los derechos civiles, como mantienen sus oponentes. La prórroga temporal, por uno o seis meses, alargará esa discusión, que no agrada a la Casa Blanca, por lo que este resultado también ha sido acogido positivamente por los grupos que se oponen a la Ley, como la Unión de Libertades Civiles de EE UU (ACLU, en inglés).