El Gobierno endurece la ley que regula la gestión de los parques nacionales

El Ministerio de Medio Ambiente podrá retirar la declaración de Parque Nacional si las comunidades autónomas no lo gestionan correctamente. Esta es una de las novedades del borrador de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad que ayer presentó el ministerio a las comunidades autónomas. La ley endurece los requisitos de gestión de los parques nacionales antes de ceder su gestión a las autonomías, tal y como estableció el Tribunal Constitucional. La norma sustituirá a una de 1989 y fue recibida como "muy intervencionista" por algunas comunidades del PP.

La ley fija los criterios para declarar Parque Nacional y para gestionarlos. "No es compatible con los parques la existencia en su interior de explotaciones extractivas de recursos naturales o minerales, aprovechamientos hidroeléctricos, explotaciones forestales, caza y pesca deportiva así como cualquier otra actividad alteradora de los procesos naturales", señala. Hasta ahora, los requisitos los dictaba el Gobierno y el ministerio ha optado por fijarlos por ley antes de transferir la gestión.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, detalló que si las comunidades no los gestionan de acuerdo con estos criterios, el Gobierno "podrá revocar la declaración de parque". El ministerio negocia la transferencia con las autonomías, que piden más dinero y la propiedad de los terrenos comprados por el Gobierno. Narbona anunció que creará un fondo para los parques que se creen nuevos, como el de Guadarrama. El traspaso más problemático es el de los Picos de Europa, que comparten tres autonomías.

"Ayudas económicas"

La ley establece que "las administraciones públicas podrán conceder ayudas técnicas y económicas" a las zonas de influencia de las zonas protegidas. La norma busca implicar a los ayuntamientos afectados y a los dueños de los terrenos en la conservación de la naturaleza, que a menudo ven las figuras de protección como una amenaza.

Aunque no fija compensaciones ni establece quién las dará, el texto afirma: "Las administraciones públicas podrán suscribir convenios de colaboración con los propietarios de terrenos para mejorar el cumplimiento de la ley, estableciendo en su caso las correspondientes compensaciones económicas".

La ley crea un catálogo de árboles singulares que no podrán ser talados. Las autonomías declararán estos parques. Además crea un banco de genético para "preservar el patrimonio genético y biológico de las especies silvestres" y facilitar su conservación.