Expedientados cuatro funcionarios de Latina por anomalías en contratos

El "caos administrativo" en el que, según PSOE e IU, está sumida la Junta Municipal de Latina llegó de nuevo ayer a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. El concejal de Hacienda, Juan Bravo, informó a los grupos de que el gobierno municipal ha abierto expediente disciplinario a cuatro funcionarios por las irregularidades detectadas en dos contratos de obras, y añadió que una investigación iniciada por la propia concejal de Latina, Nieves Sáez de Adana (PP), revela anomalías "administrativas" en otra veintena de expedientes.

Entre los contratos de los que habló el concejal Bravo no están los tres adjudicados a la empresa Urbasa, por un monto total de 48.160 euros, para realizar las obras de reforma del colegio Joaquín Dicenta. El PSOE denunció esos contratos porque la propuesta de adjudicación está firmada por Borja Ballarín, jefe de servicios técnicos de la Junta de Latina hasta el verano pasado y hermano del administrador de Urbasa, a pesar de que la Ley de Régimen Jurídico obliga a los funcionarios a abstenerse en esos casos. Bravo afirmó ayer que toma nota de esa denuncia y que va a pedir toda la documentación, estudiar si se ha vulnerado la ley y, en ese caso, tomar medidas.

Pero ayer se hablaba de otros expedientes, a raíz de otra denuncia de hace dos meses referida al mismo distrito: Latina. IU puso en octubre sobre la mesa los contratos con los que se estaban haciendo las obras de demolición parcial del auditorio de Aluche (Latina) y la posterior ampliación del recinto. Y denunció que los contratos estaban plagados de irregularidades: las obras se habían iniciado sin elaborar antes un proyecto y, además, el contrato no permitía la demolición del edificio sino sólo su reforma.

"Negligencia"

El concejal de Hacienda reconoció esas anomalías y encargó a la Concejalía de Personal un expediente de información reservada, del que ayer dio cuenta: la conclusión es que, efectivamente, "se han probado deficiencias en la tramitación que parecen corresponder al desconocimiento o la negligencia de funcionarios". Pero Bravo añadió: "Es lo único que, hasta ahora, ha quedado de manifiesto". Negaba así las acusaciones que PSOE e IU dirigen directamente contra la concejal de distrito, Nieves Sáez de Adana, a la que culpan del "caos administrativo" y de favorecer a empresas de conocidos suyos.

El concejal de Hacienda comunicó que, a raíz de constatarse esas "deficiencias", el gobierno municipal ha abierto expediente disciplinario a cuatro funcionarios. Entre ellos, Borja Ballarín, jefe de servicios técnicos entre 1999 y julio de 2005. Estos funcionarios tendrán que dar ahora sus argumentos. Los expedientes pueden ser archivados o, si se constata una falta grave, acabar en una multa, en una amonestación o incluso en la pérdida de la plaza. "Yo no presupongo mala fe, creo que todo se ha debido al desconocimiento", adelantó Bravo.

"Es injusto que vayan a pagar sólo los funcionarios cuando la incompetencia es de la concejal, que debe ser cesada. Aquí hay una responsabilidad política. Y si esto crece y engorda, la responsabilidad ya no será sólo de ella, sino también de usted y del alcalde [Alberto Ruiz-Gallardón]", protestó el edil de IU Julio Misiego. Cándido Fernández, del PSOE, agregó: "Puede ser que los funcionarios hayan tramitado mal los contratos, pero lo han hecho a las órdenes de la concejal de distrito. Hay elementos de sospecha de que en esa junta está ocurriendo algo irregular, las anomalías son sistemáticas. ¿Hasta dónde necesitan que se llene el cesto para hacer algo?".

Directriz política

"No se ha encontrado en la investigación ninguna directriz política contraria a derecho, ni instrucción política a los funcionarios. Al menos hasta la fecha. No hagan de esto un asunto político", insistió el concejal de Hacienda después de señalar que los tres contratos referidos a la reforma del colegio Joaquín Dicenta y adjudicados a Urbasa -con la firma del técnico Borja Ballarín- aún no se han estudiado.

Borja Ballarín explicó a este periódico la semana pasada que él advirtió expresamente a Sáez de Adana de que el administrador de Urbasa es su hermano Salvador y que, aun así, ella le dijo que no era necesario que se abstuviera en el procedimiento. La concejal confirmó ese extremo y, además, explicó que ella conoce a la arquitecta y también administradora de Urbasa (esposa de Salvador Ballarín y cuñada de Borja) desde hace años, y que pidió que concurriera al procedimiento de contrato (sin concurso) porque sabía que "iba a hacer muy bien ese trabajo".

Al expediente de información reservada sobre los contratos del auditorio de Aluche -que ha dado lugar a los expedientes contra cuatro funcionarios- se ha sumado un informe elaborado por la propia Sáez de Adana y que, según contó ayer Juan Bravo, constata "anomalías" en otra veintena de contratos. Bravo subrayó que en ningún caso, ni en los contratos del auditorio, ni en los del colegio Joaquín Dicenta, ni en los estudiados por la concejal se ha producido "quebranto para las arcas públicas". PSOE e IU replican que, aunque no exista malversación de dinero público, el "caos", la "chapuza" y el amiguismo se han instaurado en la Junta de Latina.