Oposición a la oposición

EL CONOCIMIENTO PÚBLICO -gracias a Izquierda Unida (IU)- de la orden transmitida por el director general de la Marina Mercante al jefe del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento a las cinco de la tarde del 13 de noviembre de 2002 -pocas horas después del naufragio del Prestige ante la Costa de la Muerte- permitirá examinar bajo una nueva luz las medidas preventivas de las autoridades del Estado para afrontar las consecuencias de la catástrofe. Según la versión que dio al Congreso -veintinueve días después del accidente- el vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, las instrucciones del alejamiento del petrolero habrían sido impartidas por el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, sobre la base de un dictamen técnico de cuatro personas; la conversación ahora divulgada -registrada en su día de manera oficial- parece demostrar que la consigna fue dada de inmediato y sin estudio previo. Aunque publicada antes como noticia periodística, la información ha sido entregada al juzgado de Instrucción de Corcubión que instruye las diligencias del sumario.

Ni las elecciones del 14-M pusieron a cero el reloj del debate político, ni las decisiones adoptadas por los Gobiernos del PP durante las dos legislaturas precedentes pueden quedar a salvo de los comentarios críticos

El principal partido de la oposición atribuye el indeseado reflotamiento del navío fantasma a una maniobra diversionista del PSOE encaminada a poner en sordina los graves problemas que asedian actualmente al Gobierno socialista; a su juicio, las responsabilidades de carácter político derivadas del hundimiento del petrolero quedaron saldadas en su día por la convocatoria del 14-M. El PP envía a ese imaginario contenedor de cuentas olvidadas otras sombras espectrales de su etapa gubernamental (en especial la guerra de Irak y la catástrofe del Yak-42), perturbadoras de la paz de sus ensueños de recuperación electoral. No es cierto, sin embargo, que la comprobada eficacia de los sistemas democráticos para expulsar del poder a un Gobierno a través de las urnas implique la mágica supresión de las huellas del pasado. Porque el recuerdo de las decisiones del PP adoptadas durante las anteriores legislaturas influirán por tiempo indeterminado sobre la voluntad de los ciudadanos a la hora de emitir sus votos, sobre todo si los hechos demuestran que fueron arteramente tomadas mediante el engaño y la mentira.

Si la doctrina del PP sobre el papel de las urnas respecto al pasado resultase correcta, la renovación del mandato de Bush en noviembre de 2004 habría blindado para siempre -con la doble protección de la amnistía y la amnesia- su decisión de invadir Irak. Sería absurdo suponer, sin embargo, que los hechos admitidos esta semana por el presidente de Estados Unidos (la guerra ha costado la vida a 2.140 soldados americanos y a mas de 30.000 iraquíes; la información sobre las armas de destrucción masiva justificadora de la invasión era errónea) fuesen a quedar en el futuro excluidos del debate público. El empate técnico con el PSOE en las elecciones municipales de mayo de 2003 también hizo creer a los dirigentes del PP que sus votantes habían perdonado el delirio fotográfico de Aznar en las Azores: no sólo el 14-M desbarató tal ensueño sino que la eventual prosecución de la carnicería de Irak seguiría castigando en las urnas a los populares.

La rendición de cuentas de los partidos ante los ciudadanos no goza del plazo de prescripción propio de los negocios jurídicos; el reloj político nunca se pone a cero después de unas elecciones y los motivos que impulsan a votar o a rechazar unas siglas no caducan como productos perecederos. La exhortación del PP a silenciar toda referencia crítica a su etapa como partido en el poder utiliza el argumento simuladamente deportivo de que el Gobierno no debe hacer oposición a la oposición; su portavoz, Zaplana, advierte bondadosamente a los socialistas sobre los peligros de mirar demasiado hacia atrás: "Pueden tener tortícolis e incluso dislocarse". Con independencia de que el PP no predicó con el ejemplo durante sus ocho años de mandato (hizo beber al PSOE hasta las heces sus escándalos reales y supuestos), la tentativa de excluir del debate político las decisiones adoptadas por los Gobiernos de Aznar durante las pasadas legislaturas sería poner puertas al campo.