El Congreso aprueba la ley educativa con el PP en contra y la abstención de IU y el BNG

El Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) -la reforma que modifica de nuevo todo el sistema educativo no universitario- con el rechazo del PP y la abstención de Izquierda Unida (IU), BNG, Chunta y Nafarroa Bai. Aunque los diputados de IU votaron ayer a favor de la mayoría de las modificaciones aprobadas mediante enmiendas, decidieron no seguir la misma línea en la votación final del conjunto de la ley. El resto de los miembros de este grupo, agrupados en Iniciativa per Cataluña, sí votaron a favor.

El texto recibió el apoyo tanto de los nacionalistas catalanes como vascos. Sus representantes políticos destacaron el respeto de esta nueva norma a las competencias autonómicas, comparando en varias ocasiones éste con el "inaceptable" texto de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), como dijo el portavoz de Educación del PNV, Aitor Esteban.

El PP cree que la LOE no genera "ilusión y esperanza" para dar solución a los problemas

Hace casi tres años (el 19 de diciembre de 2002), el Parlamento aprobó la Ley de Calidad, que fue promovida por el PP, y la apoyaron, aparte de los populares, sus entonces socios de Coalición Canaria. El resto de los grupos votó en contra. Esa ley (cuya aplicación fue paralizada por los socialistas en mayo de 2004) fue recurrida al Tribunal Constitucional por diversas comunidades autónomas por invasión de competencias.

La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, se congratuló de que los grupos que han apoyado la ley "representan a la mayoría de los españoles". "Podemos mejorar el sistema educativo y lo vamos a hacer", dijo.

El proyecto de la LOE pasará ahora al Senado, donde se debatirá durante los primeros meses de 2006. El Gobierno prevé que esta ley sea aprobada definitivamente en primavera. La LOE deroga tres leyes -la LOCE, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y la Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y Gobierno de los centros (LOPEG)-. Esta integración en una sola de todas estas leyes (menos la ley educativa más básica, la LODE, que regula el Derecho a la Educación) ha sido muy aplaudida por los grupos parlamentarios y las organizaciones sociales, ya que esta situación ha dado lugar en los últimos años a un laberinto de normas y desarrollos que han complicado el sistema educativo.

El Parlamento dio el visto bueno a la ley con 184 votos a favor procedentes de cinco grupos parlamentarios al completo (PSOE, CiU, ERC, EA-PNV y Coalición Canaria), así como de Eusko Alkartasuna e Iniciativa per Catalunya. El texto recibió 134 votos en contra del PP y siete abstenciones, de IU (tres diputados) y del Grupo Mixto -dos del Bloque Nacionalista Galego (BNG), uno de la Chunta Aragonesista y uno de Nafarroa Bai-.

El reciente acuerdo entre el Gobierno y la escuela concertada, así como las modificaciones en la misma línea realizadas en el texto a petición de CiU, han pesado más para el grupo de IU, que otras medidas introducidas en la ley a petición de su propio grupo parlamentario Izquierda Verde -formado por IU (tres diputados), e Iniciativa per Catalunya-Verde (dos) -, como el compromiso de establecer una financiación específica para la educación pública durante 10 años.

No ha sido así para Iniciativa per Catalunya, cuyos diputados votaron a favor de la norma y argumentaron su apoyo en la "esperanza de que esta ley sirva para la cohesión social". "Hoy es un momento muy importante y emotivo, hay que tranquilizar a los sectores de la población que están preocupados por el futuro de la escuela pública. Esta ley ordena las dos redes educativas, la pública y la concertada y garantiza la cohesión. Tanto la pública como la concertada supondrán la misma oferta educativa para todos", dijo la portavoz, Carme García. "Hasta ahora seleccionaban los centros y ahora hemos garantizado que quienes escojan sean las familias", añadió.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, aunque insistió en que la ley supone un "avance", justificó su abstención con tres razones: la "falta de controles" en la admisión de alumnos tras los cambios acordados con la concertada, el rechazo del Gobierno a prohibir a los colegios privados que separen a niños y niñas en distintas clases (IU defiende la "coeducación") y la exigencia no satisfecha de que la asignatura de religión se saque del programa escolar o, al menos, se estudie al principio o al final del horario escolar y sin alternativa. "No es una abstención por rechazo, sino una abstención a la expectativa y exigente", explicó Llamazares.

La diputada del PP y responsable de Política Social en su Ejecutiva, Ana Pastor, volvió a acusar al Ejecutivo de hacer una "tramitación virtual" de la LOE y de haber conseguido un "consenso virtual" con la concertada: "¿Dónde está firmado el acuerdo con la enseñanza concertada? ¿Quién lo firmó?", se preguntó Pastor. El PP considera que la LOE no genera "ilusión y esperanza" para dar solución a los problemas del sistema educativo, como el fracaso escolar, y que "no garantiza las enseñanzas comunes" en toda España. "No somos insumisos, pero tampoco sumisos", añadió Pastor.

El portavoz de Educación del PSOE, Raimundo Benzal, destacó el respeto a las competencias autonómicas que impregna la LOE y criticó que "en las comunidades en las que gobierne el PP haya una imposición desde el partido para, por ejemplo, establecer dónde tienen que poner las recuperaciones". El BNG mostró su "hondísima discrepancia" con la ley, aunque reconoció que es "más progresista" y con un "centralismo menos avasallador" que la LOCE. En cambio, ERC, socios del Gobierno, se mostraron "satisfechos" por el respeto a las competencias y porque "la escuela pública sale potenciada", dijo el portavoz de Educación, Francesc Canet.

Tanto CiU como el PNV presentaron un voto particular porque no están de acuerdo con el artículo que fija las enseñanzas comunes para todos los territorios. Pero apoyaron la ley. El portavoz del grupo catalán, Josep Antoni Duran i Lleida, dijo sentir "gran satisfacción" y anunció nuevas enmiendas pactadas con el PSOE para seguir reformándola en el Senado.

Los obispos lamentaron las "carencias" de esta ley y pidieron que no se excluya aún la posibilidad de un pacto de Estado.