Una red esclavizaba a cientos de inmigrantes en labores agrícolas

Las fuerzas de seguridad han detenido a 13 personas, entre ellas cuatro empresarios andaluces, como responsables de una red que trasladó a España a cientos de inmigrantes irregulares, la mayoría rumanos, y luego los empleó en trabajos agrícolas en 12 provincias. Los extranjeros, entre los que había mujeres y niños, vivían en régimen de esclavitud: cobraban tres euros diarios, eran trasladados de provincia por lotes e incluso vendidos por entre 500 y 900 euros.

Los jefes de la organización eran rumanos y españoles que prometían a ciudadanos de los países del Este, sobre todo rumanos, un trabajo bien remunerado en España. Los extranjeros se comprometían a pagar entre 1.000 y 1.500 euros a cambio de un visado de turista, con el que accedían al espacio Schengen a través de la frontera austríaca. Cuando llegaban a España eran recluidos, bajo vigilancia, en casas, naves industriales y fincas de Gerona, Valencia, Sevilla y Huelva.

Los jefes de la red les quitaban la documentación y les exigían el pago de la deuda que habían contraído. Algo que nunca lograban, porque su sueldo por trabajar en el campo no superaba los dos o tres euros por día, mientras que la organización les descontaba el alquiler de la cama, el transporte hasta el tajo y la comida.

Los mafiosos habían creado empresas agrícolas que ofrecían mano de obra a empresarios del sector de toda España: para la recogida del melocotón en Cáceres y Badajoz, de la patata en Valladolid y Salamanca, de la uva en Toledo, Ciudad Real, Albacete y Girona, y de la naranja en Huelva y Sevilla.

Los inmigrantes eran trasladados de un lugar a otro en lotes de entre 100 y 160 personas. Algunos de ellos fueron vendidos o arrendados a otras mafias que operan en el mundo de la agricultura por entre 500 y 900 euros.

Cuando expiraba su visado de turista, los mafiosos devolvían a los extranjeros a sus países, donde continuaban presionándoles para que pagaran lo que debían. La situación empujó a muchas mujeres a ejercer la prostitución para saldar la deuda.

El general jefe de la IV zona de la Guardia Civil, José Píriz, que dirigió la operación, denominada Manijero, explicó ayer que las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia presentada el pasado junio, en la localidad sevillana de Brenes, por un ciudadano rumano que declaró hallarse secuestrado, amenazado y extorsionado por un grupo de compatriotas. Poco tiempo después, fueron arrestados, en Badajoz, dos integrantes de la organización bajo la acusación de contratar irregularmente a inmigrantes para explotarlos en la agricultura.

En noviembre, las pesquisas llevaron a las fuerzas del orden hasta Huelva. Allí, en la aldea de El Rocío, la Guardia Civil localizó siete viviendas que habían sido alquiladas por la red para alojar a los inmigrantes. Tenían capacidad para cien personas y eran gestionadas directamente por los cabecillas de la organización, que movían las cuadrillas de trabajadores. A finales de ese mes, los agentes hallaron en una finca de Brenes a 41 rumanos, seis de ellos menores, recolectando la naranja.

Pocos días después fueron arrestados los 11 cabecillas restantes de la red. En Huelva fueron detenidos dos, un armenio y un rumano -este último era el jefe de la organización-, que dirigían las operaciones y buscaban trabajo, sobre todo en Valencia, para sus cuadrillas a través de las empresas que habían creado.

En Sevilla cayeron otros cuatro rumanos, el lugarteniente de la banda y tres miembros que se encargaban de gestionar la documentación, vigilar los tajos y trasladar a los trabajadores. Cuatro empresarios andaluces vinculados a la organización también fueron detenidos en Sevilla y Málaga. Otro dirigente de la banda fue arrestado en Valencia.