Los socialistas denuncian la reclasificación masiva de suelo al margen de los planes municipales

La exigencia de una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana que aprobó el Parlamento Europeo el martes por abrumadora mayoría constituye "una condena sin paliativos" de la política del Consell, según Eugenio Burriel, secretario de Territorio de la ejecutiva del PSPV y último consejero socialista de Obras Públicas bajo cuyo mandato se aprobó la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Burriel acusó al Consell del PP de violentar el "urbanismo moderno" a través de la reclasificación masiva de suelo no urbanizable al margen de las previsiones de los planes generales de ámbito municipal.

Burriel atribuyó a la "factoría Blasco", en alusión al consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, el abuso de la denominada "homologación modificatoria" de los respectivos planes generales municipales para consentir "la depredación del territorio". "El desarrollo urbanístico se debe acometer sobre suelo urbanizable", explicó Burriel, "sobre el suelo que la comunidad [municipal] ha decidido que sea urbanizable". La reclasificación masiva de suelo rústico, no urbanizable, consentida en "los últimos tres años", según Burriel, permite que "el más listo, el más espabilado, el que llega a un acuerdo con el alcalde, o con Blasco, se atreva a plantear la urbanización del suelo no urbanizable porque disfruta de información privilegiada".

Burriel añadió que la condena del Parlamento Europeo apunta directamente "al silencio de Francisco Camps ante la depredación del territorio valenciano". El presidente de la Generalitat "no puede hacer como si no fuera con él" la condena de la aplicación abusiva de la LRAU, siguió Burriel.

El último consejero socialista explicó que el origen de la perversión de la LRAU reside en la renuncia del Consell a pactar nuevos planes generales de ordenación urbana con cada uno de los ayuntamientos donde el suelo urbanizable se agota. También recordó que el Consell "incumple la ley desde hace años" puesto que nunca acometió el desarrollo reglamentario previsto en la LRAU. Burriel, finalmente, afirmó que "escudarse" en la urgente tramitación de la Ley Urbanística Valenciana no resuelve el problema que ha detectado el Parlamento Europeo "porque la nueva ley también apuesta por las reclasificaciones masivas de suelo".

"No han entendido el mensaje de Europa", lamentó Burriel, "y tanto Camps como Blasco parecen dispuestos a pasar a la historia como los mayores depredadores del territorio valenciano".

Rafael Blasco, por su parte, acusó al Gobierno central de eludir sus responsabilidades ante las instituciones europeas al consentir que la Comisión Europea haya emplazado a España a modificar la LRAU en aspectos relativos a la valoración de suelo o la adjudicación de contratos de urbanización. Blasco esgrimió una carta que dijo haber remitido al ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en noviembre de 2004 antes incluso de que la Comisión decidiera analizar la ley urbanística valenciana.

La misiva lamentaba "algunas informaciones sesgadas" que habrían extendido en Bruselas "una sensación de inseguridad jurídica" en territorio valenciano cuando "la Comunidad Valenciana siempre ha sido escrupulosa en el respeto de la legislación básica estatal". La carta invitaba al Gobierno a defender "con firmeza" la legislación española y recordaba que el modelo legal de la LRAU "fue incorporado en comunidades como Castilla-La Mancha y Extremadura, y ha ido siendo adoptado paulatinamente por la mayoría de las legislaciones urbanísticas de las comunidades autónomas".

"El Gobierno ha hecho dejación de funciones", sentenció Blasco ayer. El consejero invocó las leyes estatales de Régimen de Suelo y Valoraciones y la Ley de Contratos del Estado como soportes legales de los problemas que advierte la Comisión en la ley urbanística valenciana y recordó que "el Estado es la única administración competente para transponer la normativa europea en materia de contratación pública".