El Gobierno ultima una financiación que compense a las comunidades perjudicadas

El Gobierno socialista ultima un modelo de financiación nuevo para negociarlo con los partidos catalanes en el marco del debate del Estatuto. El nuevo sistema, pensado para todas las comunidades excepto Euskadi y Navarra, está basado en otorgar a las autonomías espacios fiscales propios (sobre los que tendrán más capacidad normativa) y compensar a las más perjudicadas -Madrid, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana- con mayores ingresos. El resto de comunidades también mejorarán sus recursos. El Gobierno pretende contar con un texto que trasladará en los próximos días a los partidos catalanes.

"Economía ya cuenta con las líneas generales del modelo de financiación y sólo está a falta de fijar los criterios de solidaridad que se aplicarán para el reparto final entre comunidades", señalan fuentes gubernamentales.

Tanto Convergencia i Unió (CiU) como el PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya) apremiaron el lunes al Gobierno central a que presente el modelo de financiación autonómica, convertido en uno de los principales escollos de la negociación sobre el Estatuto de Cataluña.

El modelo que ultima el equipo del vicepresidente económico, Pedro Solbes, está inspirado en el sistema impositivo norteamericano, de orientación federal, algunas de cuyas líneas han adelantado los ministerios de Economía y Administraciones Públicas en las últimas semanas.

La clave del modelo que se presentará, finalmente, para la negociación, según aseguraban ayer fuentes gubernamentales, residirá en la creación de espacios fiscales propios en cada nivel de la Administración: del Estado, autonómica y local. Además, Cataluña dispondrá de una Agencia Tributaria autonómica que se coordinará con la de la Administración del Estado en la comunidad autónoma.

El Gobierno mantiene que de esta forma se aumenta de "modo notable" la autonomía financiera de las comunidades.

Las agencias autonómicas podrán, asimismo, consorciar la gestión de algunos impuestos con la agencia tributaria estatal en la comunidad autónoma.

El Gobierno central se reservará el control de impuestos de carácter estatal, como el de Sociedades y el IVA. Las comunidades autónomas controlarán impuestos como los de hidrocarburos, y las administraciones central y autonómica compartirán el IRPF. La cesión de un tramo de este impuesto a las comunidades podría aumentará "sensiblemente" del 33% a más del 50%.

Esta parte del modelo ya está diseñada por el equipo del vicepresidente económico que, durante estos días, ultima los "criterios de solidaridad" del mismo (distribución de los recursos en función de porcentajes de renta, población, envejecimiento...).

El Gobierno pretende que los criterios de solidaridad, que está terminando de definir, sirvan para que el modelo compense a las comunidades autónomas más perjudicadas en su funcionamiento actual -como es el caso de Cataluña, Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana-, aunque aclara que "todas las comunidades autónomas resultarán beneficiadas" con el nuevo sistema.

El modelo de financiación autonómica que presentará el Gobierno es el "más innovador" desde que en 1993 el Ejecutivo socialista de Felipe González decidió empezar con la descentralización fiscal, al ceder el 15% del IRPF a las comunidades autónomas, señalan fuentes gubernamentales. "Con el paso que se va a dar en esta negociación se profundiza, como nunca, en la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. De tal manera que, una vez que entre en vigor, cada comunidad autónoma tendrá que acomodar sus gastos a sus ingresos, ya que no dependerá de la subvención del Estado. Se producirá una auténtica autonomía fiscal dentro del modelo territorial español", añaden las mismas fuentes.

El modelo de 1993, como éste, se puso en marcha tras una negociación del Ejecutivo central con la Generalitat catalana, cuyo presidente era entonces Jordi Pujol. El modelo se generalizó, a continuación, a todas las comunidades autónomas. También fue una negociación entre el Gobierno central y la Generalitat catalana la que marcó la segunda descentralización del modelo en 1996, el salto del 15% al 33% del IRPF, y los protagonistas fueron Pujol y el presidente José María Aznar. "Cataluña, con sus problemas de financiación, siempre ha sido el motor de los cambios en el modelo", señalan fuentes gubernamentales.

El objetivo del Gobierno es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera debata el modelo y le dé el visto bueno en enero.