Bruselas expedienta a Italia por obstruir la entrada de bancos extranjeros

La Comisión Europea tomó ayer una trascendental decisión al expedientar a Italia por los obstáculos puestos al banco español BBVA y al holandés ABN Amro en su intento de compra de dos bancos italianos, BNL y Antonveneta, respectivamente. El asunto afecta especialmente al gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, responsable máximo de estas trabas, aunque el comunicado de la Comisión Europea no le nombra específicamente. Fazio había escudado su actuación en su "defensa de la italianidad de su sistema bancario".

El Ejecutivo comunitario ha respaldado la propuesta del comisario de Mercado Interior y Servicios, Charlie McCreevy, que considera que el marco legal italiano permite al gobernador proceder "de una forma no transparente y puede crear inseguridad jurídica". Se trata del primer trámite para un procedimiento que podría terminar en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo. Las autoridades italianas tienen ahora dos meses para presentar alegaciones ante el Ejecutivo Comunitario. Las actuaciones de la Comisión Europea se iniciaron tras una queja presentada por el banco holandés. Según la Comisión Europea el marco legal italiano puede "suponer una traba a las inversiones de otros Estados miembros en la industria bancaria italiana".

El comunicado de la Comisión Europea, afirma que "los Estados miembros deben respetar las libertadas fundamentales garantizadas por el Tratado y asegurarse de que cumplen con la normativa comunitaria a la hora de legislar o aplicar prácticas administrativas". Las trabas impuestas por el Banco de Italia podrían desincentivar la inversión desde otro Estado miembro y violar el derecho de libre movimiento de capitales y drecho de establecimiento.

La intervención de Fazio ha provocado cierto malestar en Bruselas y ante las propias autoridades italianas. En este sentido, el ministro de Economía de Italia, Giulio Tremonti, ya solicitó la dimisión del gobernador, que tiene cargo vitalicio. También expresó su deseo de que abandonara el propio Berlusconi.

La primera investigación sobre el caso fue realizada por la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, que consideró que el gobernador no había actuado con favoritismo y cerró el caso el pasado agosto. El asunto fue retomado por el comisario McCreevy. Éste ha expresado cierta preocupación por las barreras existentes en el sistema financiero europeo derivadas de la naturaleza jurídica de las instituciones. En los próximos meses tiene previsto presentar una posición más definida sobre el sistema financiero europeo, prestando especial atención a la banca pública, las cooperativas y las cajas de ahorros.

Ayer, por otra parte, fue un mal día para la Banca Popolare Italiana (BPI), que vivió el arresto del consejero delegado y la apertura de investigaciones a uno de sus principales colaboradores. Giampiero Fiorani, consejero delegado del BPI, entidad que pujó por Antonveneta contra los holandeses de ABN Amro, recibió una orden de arresto de una juez de Milán por especulación abusiva en esta operación, según informa Efe citando fuentes de la televisión local Sky TG24.

La orden de detención se basa en la acusación de asociación para delinquir con fines de especulación abusiva por no respetar la normativa financiera. Fiorani fue inhabilitado de su cargo al frente de BPI por la misma juez el pasado agosto.

La segunda noticia negativa para esta entidad fue que se ha sabido que el europarlamentario de la Unión Democristiana de Centro (UDC) y empresario Vito Bonsignore, está siendo investigado por la Fiscalía de Milán por complicidad en un delito de especulación abusiva, en el marco de la investigación de la OPA de BPI sobre Antonveneta. Según los investigadores, la empresa Gefip Holding, dirigida por Bonsignore, compró en abril pasado 2,7 millones de acciones del Antonveneta para luego cederlas a Fingruppo, que formaba parte del frente capitaneado por el BPI en la lucha por esa entidad financiera.