Conesa aparece como el principal responsable de la trama de facturas falsas de Terra Mítica

Nueve imputados en la causa abierta por la supuesta trama de facturas falsas con 17 empresas implicadas, entre ellas Terra Mítica, declararon ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia. El empresario Vicente Conesa Fernández-Vitoria, gerente de las firmas C3 Ingeniería de la Construcción y de Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento, aparece como el principal responsable de la supuesta trama que defraudó a Hacienda 4,4 millones de euros en los impuestos del IVA y de Sociedades en 2000 y 2001. La Fiscalía achaca a las dos empresas de Conesa, cuyo accionariado comparte con su mujer y sus hijos, un fraude que asciende a más de 2,7 millones de euros.

Nueve imputados en el caso abierto tras una investigación de la Fiscalía prestan declaración ante el juez en Valencia

Conesa sólo contestó a las preguntas de su abogado y se negó a responder a la letrada de Terra Mítica y al de la Abogacía del Estado

El resto de imputados, entre ellos el ex director del parque Miguel Navarro y el ex presidente del consejo Luis Esteban, declaran mañana

A las 17.15 compareció Conesa ante el juez. No contestó a las preguntas de la fiscal, ni de la Abogacía del Estado, ni a la letrada que representa a Terra Mítica. Lo hizo sólo a las preguntas de su abogado, Vicente Grima. Y negó haber hecho facturas falsas y haber defraudado a Hacienda. Su mujer, Matilde Ripoll, y sus hijos, Vicente y Luis Alberto, sí contestaron a todas las partes, pero negaron conocer las actividades de las empresas de las que forman parte. Los hijos de Conesa (uno trabaja en el sector inmobiliario en Barcelona y el otro es ingeniero de Fomento) dijeron haber firmado papeles por indicación de su padre sin saber qué eran.

Vicente Conesa, que en 1995 estuvo relacionado con la supuesta adjudicación irregular de proyectos por parte del Ayuntamiento de Benidorm por valor de 600.000 euros siendo alcalde Eduardo Zaplana, ha sido investigado por la Agencia Tributaria durante casi cinco años. Las dos sociedades de las que es gerente aparecen entre las seis que la Fiscalía ha señalado en su denuncia de defraudación en los impuestos del IVA y de Sociedades mediante facturas falsas. Y, según fuentes del caso, fueron esas empresas las que lograron la adjudicación de obras de construcción y ajardinamiento del parque que luego subcontrataría con otras. De esas otras, tres aparecen también en el núcleo duro de la supuesta trama: Altos del Carrichal (cuyo administrador es Antonio Vicente Moreno Carpio, al que la Fiscalía acusa de un fraude de unos 400.000 euros), Excavaciones Escoto (de la que es gerente Francisco Escoto, imputado por un supuesto fraude de algo más de 700.000 euros) y Gribal (administrada por José Luis Rubio Sánchez y a quien se reclaman alrededor de 200.000 euros).

El empresario Moreno Carpio, gerente de las empresas Altos del Carrichal, Prexing Botànic y Traus, empezó a desvelar las líneas generales de las relaciones entre las distintas empresas implicadas en la supuesta trama y el papel de Conesa. Acudió sin abogado y fue asistido por un letrado de oficio, reconoció en la sala haber realizado trabajos para Terra Mítica en los años 2000 y 2001 y haberlo hecho a través de Conesa. Dijo a preguntas del abogado del Estado y de la fiscal del caso que sus trabajos para el parque fueron a través de Conesa. El empresario negó haber tenido un trato directo con alguno de los consejeros de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, dijo no conocerlos y, aunque en la sesión de declaraciones previas celebrada ayer no hubo reconocimiento de documentos, sí admitió haber girado facturas por esos trabajos y haberlos hecho.

En las empresas de las que es gerente Moreno Carpio también figuraban como accionistas sus hermanos. Luis Felipe Moreno Carpio fue el segundo en comparecer. Y explicó que efectivamente estaba asociado a su hermano y que tenía poderes para, por ejemplo, retirar dinero del banco y pagar nóminas. Pero negó conocer el detalle de las actividades de las empresas. El menor de los hermanos, Francisco Javier, cerró la sesión de comparecencias de la mañana y a preguntas de las partes dijo desconocer las distintas operaciones de las sociedades, señaló a su hermano como el que efectivamente controlaba la actividad y afirmó que había realizado alguna transacción menor meramente administrativa, según fuentes del caso.

María Julia Muñoz Mateu, administradora de Mecanizados de Levante, y Amparo Tejedor, cuya firma aparece en la constitución notarial de la misma empresa, fueron los otros dos testimonios que escuchó ayer el juez. Ambas explicaron que su relación con la empresa, cuyo gerente es Emilio Muñoz Mateu, también imputado, fue meramente administrativa y que desconocían las operaciones de la misma. Firmaron, dijeron, y nada más.

A los nueve citados de ayer se sumarán mañana jueves otros cuatro: María Yolanda Muñoz Mateu (Mecanizados Hermanos Mateu), Francisco Escoto (Excavaciones Escoto), Miguel Navarro Navarro, ex director de Terra Mítica, y Luis Esteban, ex presidente del consejo de administración del parque. Justo Valverde, responsable de contrataciones de Terra Mítica Parque Temático, SA, en la época del supuesto fraude, relacionado personalmente con Eduardo Zaplana y destituido hace unos meses de sus funciones, no ha podido ser citado. Un juzgado de paz lo intentó en Murcia sin éxito.

Además de Valverde, otros seis imputados no han podido ser localizados de momento. Entre ellos estaba inicialmente el empresario José Luis Rubio. Pero ayer se personó con su abogado y declarará en breve, aunque la fecha está por concretar. En total, son 23 los imputados cuyo testimonio deberán escuchar el juez y la fiscal. La relación incluía a José Herrero García, fallecido hace diez años. Será después de esos testimonios cuando se definan las personaciones definitivas y la forma de las mismas, entre ellas la de Terra Mítica, acusada por la Fiscalía pero que aspira a ser parte perjudicada.

La investigación cuyos entresijos empezaron a desvelarse ayer se inició hace cinco años. Hacienda denunció la supuesta trama a finales del pasado mes de junio a la Fiscalía y ésta, tras cuatro meses de pesquisas, trasladó 30.000 folios al juzgado en forma de una denuncia de supuesta defraudación en los impuestos del IVA y de Sociedades por importe de 4,4 millones de euros a través de facturas falsas que habrían supuesto el cobro de servicios o no realizados o sobrevalorados.