Comerciantes y AA VV polemizan por la ordenanza de civismo

Sin grises. Las voces que ayer se escucharon en el Salón de Crónicas del Ayuntamiento de Barcelona en la audiencia pública sobre la futura ordenanza de la convivencia y el civismo se alinearon en campos opuestos. Las asociaciones de vecinos (AA VV), entidades sociales y jóvenes pidieron la retirada de la ordenanza. Los representantes de los comerciantes y algunas voces individuales pidieron lo contrario: que se aplique con decisión.

El Salón de Crónicas se quedó pequeño para la celebración de la audiencia pública. Más de 170 personas habían solicitado asistir al debate y unas 70 habían pedido el turno de palabra para decir lo que pensaban sobre un conjunto de normas que establecen los derechos y deberes de los ciudadanos de Barcelona y también de los que están de paso.

Como cuestión previa, algunas intervenciones reprocharon la ausencia en el debate del alcalde de Barcelona, Joan Clos. "Pensábamos que siendo una cuestión de primer orden el alcalde debía estar [presente], y su ausencia la interpretamos como un desprecio". Esas palabras de Eva Fernández, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), arrancó aplausos en la sala de un público formado mayoritariamente por representantes de asociaciones de vecinos, entidades sociales, algunas trabajadoras sexuales y jóvenes claramente enfadados con la política del tripartito municipal. Clos pronunció una conferencia en el Colegio de Ingenieros en la tarde de ayer y alegó que no presidía la audiencia porque "estaba perfectamente representado" por el concejal de Presidencia, José Cuervo.

Frente a los aplausos del sector enfadado, más discretos en sus reacciones fueron vecinos que asistían a título particular, empresarios y comerciantes.Una sesión que se inició con el reparto de la revista Carrer -editada por la FAVB-con un titular más que explícito: Ordenances: un projecte incívic. No fue la única situación curiosa del debate porque a lo largo del mismo se repartieron octavillas para convocar a una manifestación contra la ordenanza para el próximo sábado. De hecho, la convocatoria se hizo de viva voz en una de las intervenciones. Y unas jóvenes exhibieron unas camisetas con la leyenda Yo también soy puta, en alusión al tratamiento que da la ordenanza a la prostitución.

El malestar que ha provocado la nueva normativa -prevista para ser aprobada en el último plenario del año- en un sector de la población quedó patente. "Es un error mezclar cuestiones de incivismo con problemas sociales porque no hay suficientes recursos para atender, por ejemplo, a los indigentes", dijo Rosa Balaguer, del Casal d'Infants del Raval. Ese tipo de entidades, las que prestan ayuda a colectivos con problemas, y a menudo en situación de exclusión social, coincidieron en el diagnóstico: la ordenanza "criminaliza" a los más débiles, quiere ocultar la pobreza real que hay en las calles de Barcelona y sólo mostrar un "aparador bonito" para el turismo. "Esta ordenanza representa un paso atrás de esta ciudad en la cohesión social", manifestó un representante de SOS Racismo. "Reclamamos nuestro derecho a ejercer la prostitución sin coacción y que no se nos retire de la calle. La ordenanza sólo persigue la de la calle porque la otra no se ve", afirmó con contundencia Margarita Carreras. La entidad Arrels y otras que asisten a enfermos de sida se expresaron de forma parecida, informa David Casals.

Algunos jóvenes de colectivos de la plaza del Diamant, en Gràcia, criticaron la ordenanza por muchos aspectos. Pero especialmente por uno: "Todo descansa en la Guardia Urbana y eso es sólo política represiva".

Antes de abrir el debate, los representantes de los cinco grupos políticos del consistorio explicaron su postura respecto al conjunto del articulado. Ricard Gomà (ICV-EUiA) dejó claro que la formación ecosocialista sigue oponiéndose al tratamiento que hace el texto sobre la prostitución y la mendicidad: "en otras cosas se ha llegado a acuerdos, pero persisten serios puntos de discrepancia en puntos fundamentales". En la aprobación inicial del texto, ICV se abstuvo. Mientras que el otro socio del tripartito, Esquerra Republicana, apoyó a Clos. Tanto CiU como el PP se alinearon ayer con la necesidad de una ordenanza que frene el incivismo. Pero con matices. Mientras el PP pedía "firmeza 10 con los incívicos", desde CiU se alertaba de que el cumplimiento de la ordenanza dependerá de que se dote de los medios necesarios: "si no, no servirá de nada", puntualizó Joan Puigdollers (CiU).

Desde la mesa, el concejal de Presidencia, José Cuervo, intentaba poner orden tras alguna de las intervenciones saludadas con aplausos por el sector más joven del público.

Un tono más sosegado tuvieron las intervenciones de algunos vecinos de Gràcia, que confían en que la ordenanza sirva para erradicar el problema del ruido y del botellón en la parte central del distrito.

Las voces que se alinearon más con la ordenanza procedieron de los sectores que se consideran especialmente perjudicados por algunas de las conductas que se sancionará con multas más caras, como la venta de objetos en la calle. Alex Goñi, en representación de la Patronal de la Pequeña y Mediana Empresa, defendió la ordenanza y pidió que se aplicara con decisión. Desde la asociación de comerciantes de la dreta del Eixample, con el mismo punto de vista, se insistió en otra cuestión: que se erradiquen las pintadas en cualquier puerta o pared de los comercios. "Que se busquen espacios para ello pero que toda la ciudad deje de ser objetivo de los grafiteros", apuntó Mari Carmen Izquierdo.