La Junta inicia los trámites para retirar las competencias urbanísticas a Marbella

Con la entrada en vigor, ayer, de la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo, la Consejería de Obras Públicas ha dado por iniciados los trámites para rescatar las competencias de planificación urbanística al Ayuntamiento de Marbella. Antes de dar traslado al consistorio de la medida para que realice sus alegaciones, la Junta recopilará toda la información de los "graves incumplimientos" del Gobierno municipal marbellí, tanto en el orden judicial (sentencias de anulación de licencias y autos de suspensiones cautelares de obras), como administrativo (expedientes de disciplina urbanística).

Fuentes de la Consejería de Obras Públicas consultadas ayer no supieron precisar el tiempo que empleará en la recopilación de esta información y en la elaboración del documento que se enviará al consistorio, aunque admitieron que "será breve" porque se trata de poner en orden una documentación de la que ya dispone.

En este proceso se recuperarán las 420 licencias de obras impugnadas por la Junta desde 1995 -209 de ellas correspondientes al mandato de la actual alcaldesa, Marisol Yagüe-, las 20 sentencias emitidas ya por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulatorias de permisos de construcción, así como todas las advertencias que la administración autonómica ha realizado al consistorio para que revoque licencias, cumpla órdenes judiciales de paralización, o sancione actuaciones ilegales de particulares -en algunas ocasiones la Junta se ha subrogado competencias municipales para sancionar-.

Una vez que la Junta comunique oficialmente al Ayuntamiento el propósito de retirarle las competencias y dé audiencia a éste, será necesario un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Posteriormente, será preceptiva necesaria la autorización del Parlamento andaluz antes de que el Consejo de Gobierno decrete finalmente el rescate de las competencias municipales sobre planificación urbanística, que según la ley, podrá prolongarse durante un periodo máximo de cinco años.

Según la consejería, el procedimiento estará concluido entre Semana Santa y verano. [El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, dijo el pasado viernes en Málaga que en junio podrán estar rescatadas las competencias urbanísticas].

El artículo 28 de la ley que entró en vigor ayer prevé la retirada de competencias de planificación a aquellos ayuntamientos que incurran en "graves incumplimientos" que generen situaciones excepcionales e incluso alarma social que pudieran ser calificadas como de "descontrol urbanístico". La Junta, de momento, sólo ha decidido actuar en el municipio de Marbella, donde en los últimos 14 años se han construido 30.000 viviendas en contra de lo que determina el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente. La Consejería de Obras Públicas estudia casos de otros municipios con alto número de incumplimientos como Manilva o Almuñécar.

Además de la retirada de competencias, la ley introduce plazos más cortos en los supuestos en los que la Junta puede subrogarse competencias municipales para sancionar irregularidades en caso de que no lo hagan los ayuntamientos. La consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez del Castillo, insistió ayer en que la mejora de la disciplina urbanística es uno de los objetivos esenciales de la nueva ley, e "incorpora muchos mecanismos propuestos por los ayuntamientos para que no se consoliden situaciones y construcciones ilegales que vayan en contra del plan urbanístico de cada ciudad".

El secretario general del PP en Andalucía, Ignacio Zoido, tachó ayer la ley de "monumento a la incompetencia", señaló que varios expertos han puesto en duda su constitucionalidad, y consideró que la retirada de competencias debía requerir "garantías jurídicas previas".