Las últimas casas de cartón

Una decena de barracones sobrevive en el poblado de Pitis. Un enclave de pobreza encajonado entre la elitista colonia Mirasierra, en el distrito de Fuencarral, y los nuevos barrios de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo, donde están construyéndose unas 34.000 viviendas. Pitis es la cara más fea de la comunidad más rica de España.

Una macroencuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre las condiciones de vida en España señala que en Madrid un 9,9% de la población, el menor porcentaje de España, subsiste por debajo del umbral de pobreza relativa (menos de 369 euros mensuales). Los más desfavorecidos viven en las 1.400 chabolas censadas (unas 5.000 personas), según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Son chamizos levantados con cartones y chapas, fríos y húmedos en invierno y abrasadores en verano. Para llevarles luz y agua, sus inquilinos piratean redes eléctricas y tuberías.

El realojamiento es un proceso largo que requiere la reeducación de los chabolistas

"Con el derribo de El Salobral desaparecerá un tercio de las chabolas", dice el IRIS

"El 90% de ellas están situadas en la capital", asegura José Antonio Martínez Páramo, director del Instituto Regional de Realojamiento e Integración Social (IRIS). "Son unas 1.100 familias, mientras que en el resto de la región quedan unas 200".

El poblado de Pitis, un asentamiento de chamizos pegado a la vía de ferrocarril que cruza el norte de la capital por el monte del Pardo, es uno de los más antiguos que quedan en la ciudad, con 19 años de historia. Las frías cifras burocráticas lo señalan como "desmantelado", pues la mayoría de sus 99 chabolas fueron derribadas gracias al Programa de Eliminación de Infravivienda del Ayuntamiento de la capital. El IRIS reconoce, sin embargo, que en el poblado aún quedan habitantes en una decena de chamizos, pendientes de que una orden judicial ordene su desalojo.

Ésta es la historia que a menudo ocurre con los asentamientos de chabolas en la región: cuando se hace pública la decisión de las administraciones de desmantelar un poblado, después de haber hecho recuento de las personas que viven en él, llegan nuevos habitantes y ponen en pie sus casas de cartón, con la esperanza de que los incluyan en los realojos.

"La única manera que tenemos de evitarlo es que, en cuanto pongan cuatro palos, sean derribados, porque si entra una familia a vivir, para desalojarlos hay que recurrir a todo un proceso judicial", explica María José González, responsable del Área Social del IRIS.

Pero ésta es una competencia de los ayuntamientos, no siempre con medios para controlar a los nuevos ocupantes. "Lo que hemos ideado es notificar al organismo competente su llegada, porque no tenemos capacidad de derribo. Así hemos conseguido que la mayoría de los municipios no tengan chabolas", agrega González.

Las Barranquillas, en el distrito de Villa de Vallecas, donde el Gobierno regional tiene ahora censadas apenas 60 chabolas, la mayoría deshabitadas, se formó con el mismo proceso. En 1998, era un poblado de apenas una treintena de familias dedicadas a la recogida de chatarra o a las chapuzas.

Ese verano, la policía comenzó su presión sobre los poblados de La Celsa y La Rosilla, donde el tráfico de droga campaba a sus anchas. "Los narcos que peor soportaban el acoso policial fueron desplazándose a Las Barranquillas", señala un informe sobre este asentamiento, elaborado por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid. La población fue incrementándose hasta multiplicarse por 10. Y ahora el mismo proceso de la lucha contra la droga ha desplazado su población al núcleo chabolista de El Salobral, en Villaverde, y a la Cañada Real Galiana, donde en un tramo de 15 kilómetros de la vía pecuaria, que abarca los municipios de Madrid, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Coslada y Getafe, han surgido 2.000 casas ilegales.

Por eso, el IRIS se planteó hace tiempo que no podían hacerse actuaciones parciales, si querían acabar con el problema. "No derribamos hasta que está estipulado el desalojo del 100% de las viviendas", asegura el director de ese organismo. "Y durante un tiempo se inhabilita el terreno para que no puedan levantarse más".

Como ejemplo, explica que en Vereda del Pan y Agua, en Móstoles, un asentamiento en donde vivían 70 familias que fue desmantelado en julio, se hicieron zanjas para evitar que volvieran a ser levantadas nuevas infraviviendas.

"El Salobral, con 400 familias, es el mayor poblado chabolista", sostiene Martínez Páramo, que explica que Ayuntamiento y Comunidad están negociando un convenio para derribarlo. "Entonces acabaremos con un tercio del chabolismo de la región", agrega. Ésta es una promesa del anterior Gobierno regional, cuando lo presidía Alberto Ruiz-Gallardón, y que está resultando difícil de cumplir.

Una de las causas es que los plazos son muy largos. El director del IRIS asegura que hace falta como mínimo un año para que su organismo pueda "preparar" el desalojo. La jefa del área social agrega que es muy difícil convencer a personas que se ganan la vida con la venta ambulante y almacenando chatarra que deben vivir en un piso y cambiar de empleo.

Por eso, con apenas 128 empleados, entre educadores, trabajadores sociales y maestros, el IRIS hace una labor de reeducación antes de llevar a los inquilinos de los chamizos a pisos en altura. "Se trata de un colectivo discriminado durante muchos años, por lo que el cambio es difícil", aclara. Según ella, la mayoría de los chabolistas son de etnia gitana, "porque los inmigrantes acuden a pisos".

Uno de los pasos es la educación: convencer a los padres de que deben escolarizar a los hijos y también alfabetizar a la mayoría de los adultos. Otro es el facilitarles habilidades sociales: desde aprender a manejarse en un centro de salud -"la mayoría acude a Urgencias si tiene un catarro porque no sabe ir al médico de cabecera"- hasta aprender a no tirar la basura a las zonas comunes de sus futuros pisos, como hacen en los poblados. Y, sobre todo, que sean conscientes de que deben pagar el alquiler, la luz, el agua y el gas.

En 1986, un censo constató que 2.674 familias vivían en chabolas en la capital. Han tenido que transcurrir casi 20 años para llevar a la mitad de ellas a una casa.