Reino Unido prohíbe el uso de pruebas obtenidas bajo tortura en el extranjero

Siete jueces de la Cámara de los Lores dictaminaron ayer por unanimidad considerar inadmisibles en los tribunales de Reino Unido pruebas que hayan podido ser extraídas mediante torturas en otros países. Los lores,actuando como última instancia judicial del país, dieron así la razón a ocho personas detenidas por su presunta vinculación con actividades terroristas que habían apelado contra una decisión anterior del Tribunal de Apelación. El fallo obligará a revisar la situación de los sospechosos de terrorismo cuyos casos dependen de testimonios probablemente obtenidos bajo tortura en el extranjero.

El Tribunal de Apelación había fallado en agosto de 2004 que si las pruebas habían sido obtenidas bajo torturas cometidas por agentes de otro país sin que estuviera implicado el Reino Unido se podían utilizar y el Gobierno no estaba obligado a investigarlas. Muchos expertos se oponen al uso de pruebas obtenidas bajo tortura no sólo por razones humanitarias, sino de eficacia, porque las confesiones suelen ser falsas y a la larga esas condenas no son útiles.

El fallo de ayer, calificado de histórico por organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Liberty, obliga a la Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración a investigar los actuales y pasados casos en los que se sospecha que las pruebas contra un acusado pueden haber sido obtenidas bajo torturas. Entre esos casos, que el Ministerio del Interior mantiene en secreto, hay detenidos contra los que pesan pruebas obtenidas en campos de detención de Estados Unidos, como el de Guantánamo. También puede afectar a la deportación de detenidos a países sobre cuyos gobiernos pesa la sospecha de practicar torturas.

El recurso fue presentado por ocho extranjeros que estaban entonces detenidos de manera indefinida por su presunta relación con actividades terroristas. Se cree que varios de ellos siguen en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, al sur de Londres, pendientes de ser deportados; otros han salido en libertad bajo fianza y otros se encuentran en libertad bajo estricto control policial en aplicación de las polémicas órdenes de control.

Aunque el veredicto fue alcanzado por unanimidad, los jueces no se pusieron de acuerdo sobre un aspecto que puede ser decisivo a la hora de poner en práctica el fallo. Cuatro jueces apoyaron la tesis de que si el Gobierno, después de haber investigado el caso, no está en condiciones de aclarar la sospecha de que las pruebas han sido obtenidas bajo tortura, tiene derecho a utilizarlas. Otros tres opinaron, en cambio, que el Gobierno sólo puede utilizarlas si tiene la absoluta certeza de que no han sido obtenidas bajo torturas.

Decisión "trascendental"

El presidente del panel de jueces, lord Bingham de Cornhill, destacó que "la tortura y sus frutos" han sido aborrecidos por la ley inglesa durante 500 años. "Los principios de la ley común, por sí misma, en mi opinión obliga a la exclusión de pruebas obtenidas por terceras partes bajo tortura por no ser fiables y por ser injustas, ofensivas para los estándares ordinarios de la humanidad y la decencia, e incompatibles con los principios que llevan a un tribunal a intentar administrar justicia", escribe en su fallo.

Para Amnistía Internacional se trata de "una decisión trascendental". "El fallo de los jueces-lores ha derribado la creencia tácita de que la tortura puede ser aceptada en determinadas circunstancias", declaró un portavoz. "Los jueces-lores han mandado la señal a todo el mundo democrático de que no hay compromiso posible con la tortura", declaró Shami Chakrabarti, director de Liberty,

El Gobierno británico reaccionó como si el asunto no fuera con él. El ministro del Interior, Charles Clarke, acató el fallo y afirmó que éste se refería a una situación "hipotética" porque el Gobierno nunca ha tenido la intención de utilizar evidencias obtenidas bajo tortura. Sin embargo, el fallo se produce en un momento en que distintos gobiernos europeos se muestran vacilantes ante el descubrimiento de que EE UU ha utilizado su territorio para transportar sospechosos de terrorismo que se teme que estaban siendo transportados a cárceles secretas o a países donde podían ser interrogados bajo tortura.

La condescendencia de Occidente hacia países que torturan a sospechosos de terrorismo fue denunciada el año pasado por el ex embajador británico en Uzbekistán Craig Murray, destituido tras afirmar que el jefe del Foreign Office, Jack Straw, estaba de acuerdo en utilizar en la guerra contra el terrorismo información obtenida mediante tortura por el régimen uzbeco.