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Columna
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Las lentejas del Ivex

Durante las últimas semanas, el caso Ivex no ha abandonado la actualidad. Primero fueron las noticias sobre el contrato de Julio Iglesias, y la consiguiente reacción que el hecho produjo entre los políticos y los ciudadanos. Aunque del contrato del cantante se había hablado más de una vez y los detalles eran de sobra conocidos, el que mediara ahora una denuncia pública le daba al asunto una nueva dimensión. Cuando el caso parecía más o menos encauzado para el Gobierno de Francisco Camps, se produjo el escándalo de los becarios en el que aún estamos. Al punto que han llegado las cosas en el Ivex, parece obligado preguntarse si el instituto no continuará sorprendiéndonos en el futuro. Es algo que, a la vista de lo sucedido, no podemos descartar porque la impresión es que el organismo se había convertido en una heredad mal administrada.

En el escándalo de los becarios, el Gobierno de Francisco Camps parece haber sido cogido a contrapié. Es cierto que resulta muy distinto hacer frente a una situación en la que no se ha intervenido de un modo directo, como es la del contrato de Julio Iglesias, que a otra que implica a un consejero en ejercicio. No se reacciona igual en un caso que en otro, pues la responsabilidad es diferente. Tal vez por eso las justificaciones esgrimidas por González Pons y Justo Nieto han resultado tan poco convincentes. Había en ellas más retórica que determinación. Las de Nieto, pidiendo respeto para los becarios denunciados, tuvieron un efecto contrario al que el ex rector pretendía, como no podía ser de otro modo.

Al hablar de los becarios del Ivex, algún comentarista ha escrito que se trata de un caso menor, una leve corruptela que no tendría importancia en el conjunto, más grave, de la corrupción habitual. Es una apreciación razonable, aunque no puedo estar de acuerdo con ella. A mi modo de ver, lo que le da entidad al asunto es, precisamente, su escasa importancia económica. Podemos entender las grandes operaciones urbanísticas, las recalificaciones de terreno millonarias, la generosidad de Rafael Blasco con los promotores. No aprobamos esas acciones pero, cuando se producen, no nos extrañamos. No lo hacemos porque pensamos que detrás de ellas pueden estar las ambiciones personales o la financiación de los partidos políticos. Nada de esto se da, sin embargo, en el escándalo de los becarios del Ivex, donde el importe económico de la corrupción es mínimo.

¿Por qué unas personas que desempeñan cargos públicos aceptan que sus parientes obtengan una beca del instituto? Por lo que sabemos de estas personas, todas ellas tienen una situación desahogada. No debió ser, pues, un motivo económico el que las llevó a actuar de ese modo. La causa tuvo que ser otra. Quizá el convencimiento de que lo público les pertenecía y la sensación de que sus actos gozarían de una total impunidad. En los últimos años, la sensación de impunidad se ha extendido entre los cargos públicos, que cada vez se muestran más osados y desafiantes en su conducta, como vemos diariamente en la prensa. Todo ello ha creado un clima de abatimiento moral del que impresiona, particularmente, la facilidad con que se renuncia a la dignidad personal.

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