Toda persona dependiente tendrá derecho a asistencia social del Estado

El Gobierno ultima una de sus reformas estrella, la ley de dependencia o autonomía personal, que implica el derecho universal de toda persona dependiente - esto es, que no se vale por sí misma, 1,3 millones de españoles, según el ministro de Trabajo, Jesús Caldera- a ser atendido por el Estado. El usuario contribuirá a la prestación de este servicio en función de su renta. La reforma, con un coste que podría llegar al 1% del PIB español, tendrá un plazo de aplicación de ocho años por su complejidad. El Ejecutivo propone que el coste sea asumido al 50% por la Administración central y las autonomías, que tienen transferida la asistencia social. El Gobierno quiere equiparar así este derecho con la sanidad, la educación o las pensiones.

El Gobierno y sus socios de Izquierda Verde y Esquerra Republicana de Catalunya están convencidos de que esta reforma cambia de raíz el estado del bienestar. Se trata de garantizar a toda persona que no pueda valerse por sí misma por problemas de movilidad o enfermedad -ancianos en su mayoría-, el mismo derecho universal, según el Gobierno, a ser atendidos que tienen todos los ciudadanos a la sanidad, la educación, o las pensiones. Por eso le llaman el cuarto pilar del Estado del Bienestar.

Según el Libro Blanco de la dependencia, esta ley afectaría a 1.125.000 personas. El propio Caldera aumenta esa cifra hasta 1,3 millones. Para saber la cantidad exacta habrá que esperar a que cada persona reclame la condición de dependiente y se estudie su caso.

Sólo el 6,5% de las familias que cuidan a personas dependientes cuenta con el apoyo de los servicios sociales. Además, el 83% de los familiares que dedican prácticamente su vida a cuidar a las personas dependientes son mujeres, con lo que está ley tendrá implicaciones mayores en cuanto a la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que promueve el Ejecutivo.

El Ejecutivo, que tiene prácticamente cerrada esta reforma con sus socios de Izquierda Verde (IU-ICV) y Esquerra Republicana de Catalunya y con sindicatos y patronal, se enfrenta ahora a una dura negociación con las comunidades autónomas, que tienen transferida esta competencia, y a las que les va a proponer que asuman el 50% del coste. Eso puede retrasar algo la aprobación, sobre todo por la previsible oposición de las comunidades gobernadas por el PP, aunque Caldera confía en que el anteproyecto pueda llegar al Consejo de Ministros antes de un mes.

El ministro Caldera asegura que la ley llevará una memoria económica detallada y que en ningún caso se financiará con carga a la Seguridad Social, sino por medio de los impuestos. De momento, el Ejecutivo cuenta con 200 millones de euros, incluidos en los Presupuestos de 2006, para poner en marcha la reforma. Los socialistas habían subido esta cantidad desde 50 a 100 millones, pero fueron sus socios de Izquierda Verde, según recuerda su portavoz, Gaspar Llamazares, quienes presionaron y lograron aprobar una enmienda para subir ese fondo hasta los 200 millones, con el apoyo de ERC, cuyo portavoz, Joan Tardá, es también uno de los artífices de la reforma.

El Ejecutivo asume que esta ley tiene un coste muy importante, que puede alcanzar en 2008, cuando la ley comience a funcionar realmente, hasta el 1% del PIB español, según datos que maneja el Ministerio de Trabajo. Pero hay límites. "Habrá una declaración genérica que recoja el derecho universal a la prestación, aunque tiene que venir limitada en la medida en que haya recursos económicos, y siempre con la idea de los ocho años para ser aplicado completamente. Además, la admisión a este sistema tiene un filtro en función de la renta y patrimonio. Los que puedan permitirse una asistencia privada no serán incluidos", explica el ministro Caldera, quien insiste en que habrá un sistema de valoración único en toda España que evite agravios.

Además, la reforma abre una gran oportunidad de trabajo para la atención a los dependientes. Hasta 200.000 nuevos empleos, según los expertos, que a su vez generarán ingresos del Estado con sus impuestos y podrán paliar el coste. Aún así, el ministerio de Economía, según fuentes de la negociación, ha expuesto sus dudas de la viabilidad de la extensión universal de este derecho.

Las prestaciones incluirán ayuda a domicilio, teleasistencia y nuevos centros de día -sólo el 3,14% de los mayores de 65 años acceden a la primera, el 2,05% a la segunda y el 0,46% tienen plaza en un centro de día-, la habilitación de nuevas plazas en residencias y las ayudas a las familias que se dediquen por completo a cuidar de sus enfermos o discapacitados.