Solbes promete mejorar la financiación de Cataluña si renuncia a un modelo propio

Las negociaciones entre el Gobierno y los partidos catalanes sobre el nuevo Estatuto entran en su fase decisiva con la discusión del modelo de financiación. El vicepresidente Pedro Solbes se ha reunido con representantes del PSC, ERC, CiU e ICV para pedirles que renuncien a su exigencia de un sistema propio para Cataluña (en el que la Generalitat recaudaría todos los impuestos) a cambio de una mejora sustancial de la financiación. El Gobierno quiere solapar la negociación del Estatuto con la propuesta, en febrero, de un nuevo modelo de financiación para todas las comunidades.

El PSOE teme que el PP dificulte la reforma aunque pueda interesar a Madrid y Baleares

El Gobierno propone solapar la tramitación del Estatuto y el nuevo sistema de financiación

Con gran discreción, al contrario de lo que sucedió en Cataluña, la negociación del Estatuto avanza imparable. Aún no se ha llegado a ningún cruce de documentos, sobre todo por el temor del Gobierno a que cualquier texto sea filtrado a la prensa, pero las reuniones para intercambiar puntos de vista, y ofrecer soluciones a los artículos más estridentes del Estatuto, son constantes. "Me van a dar la tarjeta de platino del puente aéreo", bromea un negociador catalán acostumbrado a viajar casi cada día de Barcelona a Madrid para verse con los representantes del Gobierno. Más de 150 artículos han sido vistos ya en diversas reuniones.

Estas negociaciones más técnicas sobre el articulado las lleva el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño. En cambio, el asunto más conflictivo, que estuvo a punto de bloquear el paso del Estatuto por el Parlamento catalán, el de la financiación, lo lleva directamente el vicepresidente económico, Pedro Solbes, junto al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Solbes se reúne y habla a menudo con el consejero de Economía catalán, Antoni Castells, el principal negociador económico, pero el vicepresidente también se ha visto la semana pasada, para poder explicar en persona su oferta, con representantes de CiU (Francesc Homs), de ERC (Joan Puigcercós) y de ICV (Joan Saura).

Nadie, ni siquiera los representantes de los socialistas andaluces en esta negociación, niegan el déficit de financiación que ha sufrido Cataluña en los últimos años. Y el Gobierno tiene la intención de buscar una fórmula para paliarlo, pero el sistema propuesto por Cataluña, según el cual esta comunidad recaudaría todos los impuestos para luego devolver al Estado una parte en concepto de solidaridad interterritorial, es inaceptable para el Ejecutivo.

La argumentación política de Solbes es clara. El Gobierno, señala, no puede aceptar ninguna reforma que no se acuerde en el marco de la negociación multilateral, esto es, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Estatuto, por tanto, no puede salir del Congreso con un auténtico modelo de financiación propio, como tiene ahora su Título VI. El Gobierno y el PSOE aceptan que ese texto, como otros estatutos de autonomía, contenga criterios generales de financiación, como la suficiencia o el desarrollo de corresponsabilidad fiscal y de la capacidad normativa sobre impuestos propios, pero rechaza que recoja un modelo que afecta a la financiación de todas las autonomías.

El Ejecutivo sabe que ése es un trágala muy importante para los partidos catalanes -CiU amenazó con romper la negociación por este punto- y prepara las compensaciones. Para empezar, y ante la desconfianza de los catalanes, el modelo de financiación de todas las comunidades, y por tanto también el de Cataluña, se empezará a negociar en febrero, de forma paralela al Estatuto, para que los catalanes puedan comprobar si sus peticiones son aceptadas y realmente se mejora su financiación, según confirman fuentes catalanas y de La Moncloa.

Esto es en sí mismo un avance para los catalanes, ya que hace sólo unos meses los socialistas hablaban de reformar la financiación autonómica al final de la legislatura, y ahora ya se piensa, con compromisos concretos, en febrero. Sin embargo, esta solución no resuelve el problema a corto plazo, porque el modelo, como pronto, se comenzaría a aplicar en 2007. Tanto Solbes como otros representantes socialistas, incluidos los andaluces, reconocen la sobrefinanciación de comunidades poco pobladas y pobres que ha marcado el actual sistema, y los problemas que ha generado en las autonomías ricas que han tenido un aumento mayor de la población, como Baleares, Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Aragón, por este orden.

Para compensar entonces a Cataluña, se baraja ofrecer un aumento de las inversiones sobre todo en infraestructuras, que se haría extensivo a otras comunidades con déficit de financiación para evitar agravios. Los interlocutores catalanes han rechazado de momento esta posibilidad, porque quieren un modelo consolidado, que no dependa de los distintos gobiernos centrales y que, por tanto, no pueda ser eliminado si hay una nueva mayoría absoluta y sus votos ya no son imprescindibles, como sucedió en 2000. Sin embargo, los negociadores catalanes admiten que el proceso marcha bien "porque Solbes no se ha negado a reconocer los problemas reales que tiene Cataluña".

En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que se hará con todos, Solbes ha explicado a sus interlocutores catalanes que el problema político se sitúa en el PP. El cambio que prepara, argumenta, beneficiaría sobre todo a las más perjudicadas por el anterior modelo, pero entre ellas hay tres gobernadas por la oposición (Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana) que, por interés político, estarán en contra de cualquier reforma que venga del Gobierno.

El Ejecutivo, en cualquier caso, busca una reforma que no perjudique a las comunidades con menos rentas, y especialmente a Andalucía, fundamental para garantizar el éxito de cualquier sistema. De momento, el modelo no está cerrado y por tanto el vicepresidente económico no ha presentado una propuesta concreta. Las conversaciones se concentran en la idea de aumentar el porcentaje del IRPF gestionado por las autonomías, hasta el 50%, y crear agencias consorciadas con el Estado para que las comunidades participen también en la recaudación, y en la posibilidad de que el Gobierno anticipe los ingresos previstos cada año en vez de esperar a la recaudación, una solución similar a la que se ha buscado para paliar el déficit sanitario.