La otra cara de las ONG

Son una nueva fuerza política capaz de plegar a los gobiernos. Desde Río 92 vienen presionando con éxito para imponer su agenda alternativa, que asume las principales reivindicaciones del movimiento antiglobalización, en las grandes reuniones internacionales de Naciones Unidas. Viena 93, Pekín 95, Kioto 97, han sido banco de prueba de su creciente potencia. Su capacidad movilizadora contribuyó a poner en marcha el Tribunal Penal Internacional y el Protocolo de Kioto, a popularizar el comercio justo y el desarrollo sostenible. Son las organizaciones no gubernamentales que en las dos últimas décadas se han convertido en protagonistas absolutas del activismo social. De la campaña contra el maltrato a las mujeres a la igualdad de derechos para el matrimonio homosexual. No hay campo que no toquen.

Greenpeace dedica el 20% de sus recursos a las campañas para la captación de nuevos fondos

Cada vez más ONG pagan publicidad en los medios de comunicación

El gasto en mantener la propia estructura se lleva entre el 14% y el 25%

Su poder de 'lobby' condiciona la agenda política internacional

Erradicar la pobreza es el objetivo aún irrealizado

En España fueron el elemento catalizador en las movilizaciones contra la guerra de Irak y en las protestas masivas por la catástrofe del Prestige que pusieron al Gobierno del Partido Popular contra las cuerdas. Y han conducido al nuevo Ejecutivo socialista por el sendero de la igualdad entre los sexos y la legalización del matrimonio homosexual. Porque, aunque el mundo de las ONG es tan variado como plural, la fuerza del movimiento se sitúa en un área progresista antiglobalista. Y su voz tiene cada vez más fuerza. ¿Un ejemplo? El desembarco, en noviembre, de una veintena de activistas de Greenpeace en la playa del Algarrobico (Almería) para tomar simbólicamente un hotel construido ilegalmente a orillas del mar provocó una reacción casi inmediata del Gobierno, que anunció a toda prisa actuaciones contra este monstruo de cemento, prácticamente terminado ya.

Toda una prueba de la influencia de un movimiento que goza de enorme aceptación social. Pero pocos de los 4,5 millones de españoles que contribuyen a su financiación parecen saber demasiado de los intríngulis de su tarea. A esa conclusión se llega al menos a partir de un reciente sondeo de la Coordinadora de ONG de Cooperación para el Desarrollo (CONGDE) (que engloba a unas 400 organizaciones). Un 86% de los encuestados se declaraba convencido de su eficacia y de su capacidad para mejorar la vida de las poblaciones que atienden, pero sólo un tercio creía que la gestión de sus fondos era transparente. Las respuestas dejaban además al descubierto la realidad de una base social que ignora en qué consiste realmente la ayuda que ofrecen y quiénes son sus financiadores fundamentales. Nada de esto mina la confianza social en la bondad intrínseca de las ONG.

Las propias organizaciones no están precisamente faltas de autoestima, lo que las hace bastante susceptibles a cualquier intromisión ajena. Los primeros contactos para realizar este reportaje provocaron desconfianza en alguna, como si el deseo de saber entrañara en sí mismo un juicio inaceptable. Es una reacción que no se limita al caso español. En Estados Unidos, el movimiento de organizaciones no gubernamentales acogió con bastantes reticencias la iniciativa del American Enterprise Institute de crear un observatorio de ONG (NGO Watch) con la pretensión de informar sobre la financiación, las operaciones y los objetivos de las principales. Y, sin embargo, son las propias organizaciones no gubernamentales, al menos las más serias, las que reclaman más transparencia para poner orden en el llamado tercer sector aquejado de gigantismo.

Para empezar, nadie sabe a ciencia cierta cuántas ONG hay. Los profesores Víctor Pérez-Díaz y Joaquín P. López Novo, que publicaron en 2003 el informe El tercer sector social en España, calculaban que en nuestro país hay más de 15.000. Si se contabilizan las que pertenecen a las dos grandes agrupaciones, la citada CONGDE y la Plataforma de ONG de Acción Social (que abarca el grueso de las que se dedican a este tipo de ayuda), la suma no llega a las 3.000. Pero quedarían fuera algunas tan emblemáticas como Greenpeace y Amnistía Internacional. Si el número total es incierto, de lo que no cabe duda es de su solvencia económica. El presupuesto global de las que están integradas en ambas estructuras está en torno a los 2.000 millones de euros anuales, y sus recursos humanos incluyen más de un millón de voluntarios y unos 200.000 asalariados.

Mucho poder, mucho dinero, para dar un techo a los inmigrantes, atender a los enfermos de sida en cualquier rincón del mundo, luchar contra la pobreza y contra la marginación, defender el planeta de las agresiones medioambientales o atender a las víctimas de las catástrofes naturales o las guerras. Pero también para fortalecerse y crecer como auténticas empresas y ejercer desde esta nueva dimensión un poder de lobby en la sociedad a favor de los intereses de un determinado colectivo.

Cuanto más potente la organización, más poder de captación de ayudas y socios, y más capacidad de actuar en el frente elegido. Pero los equilibrios son complicados. La mayoría de las grandes ONG (con alguna excepción, caso de Cáritas) destinan entre el 14% y el 25% de sus ingresos a mantener sus propias estructuras (administración, captación de socios y de fondos), y algunas superan con creces estos porcentajes. Greenpeace, por ejemplo, dedicó más de un 20% de los 3,9 millones de euros que ingresó en 2004 a "desarrollo", es decir, a fundraising. Y del total de gastos -3,2 millones de euros-, sólo el 40% se dedicó a campañas en España. En cuanto a las de ayuda social, el dinero que asociaciones y fundaciones dedican globalmente a la actividad para la que han surgido no supera el 47% del gasto, según el citado Informe sobre el tercer sector en España. Uno de sus autores, el profesor de Sociología de la Universidad Complutense Joaquín López Novo, cree que existe el riesgo de equivocarse. "Organizaciones que nacen para ayudar pueden terminar viviendo de la ayuda".

El estudio de la CONGDE anteriormente aludido detecta claramente los síntomas del pragmatismo empresarial que se ha ido imponiendo al reconocer "el interés que las ONGD tienen en el marketing y en la publicidad", como instrumentos para obtener mayor "visibilidad social". Por una razón esencial, todas "compiten" por los fondos privados. Con lo cual, "la visibilidad de las ONGD y las causas que éstas persiguen parecen haberse convertido en un objetivo prioritario".

Si el dinero público dio vida al movimiento a partir de los años ochenta, cuando España dejó de ser receptora exclusiva de ayuda y pasó a engrosar las filas de los países donantes, el dinero privado (y la lucha por captarlo) ha terminado por convertirlas en auténticas empresas de servicios que suministran ayuda humanitaria o atención social, sin dejar de mirar escrupulosamente la cuenta de resultados. Empresas con abultadas cuentas corrientes que realizan inversiones financieras fichan a sus directivos en el mercado y han dado vida a un entramado de agencias y consultorías subsidiarias que trabajan para ellas.

"Necesitamos tener incidencia y hacer presión, porque si no, seríamos meros transmisores de fondos. Hacer lobby político es fundamental para cambiar la agenda política", explica el presidente de la CONGDE, David Álvarez, que dirige una pequeña organización de comercio justo, Setem. Cambiar la agenda política para mejorarla, obviamente. Pero la proliferación de agencias benefactoras, y la abundancia de subvenciones para programas de desarrollo no siempre avalados por estudios serios, ha tenido también consecuencias perversas. Como ocurrió en Bangladesh, donde el agua de los pozos perforados en los años setenta (con dinero del Banco Mundial y de Unicef) causó un masivo envenenamiento por arsénico entre la población del delta del Ganges. Otras veces lo que ha faltado ha sido constancia. "En 1999 llegaron a Sierra Leona unas 500 ONG con grandes cantidades de dinero que había que gastar sin importar en qué. Pero tras el 11-S, los proyectos de desarrollo comenzaron a cerrarse", se lamentaba recientemente el misionero javeriano Chema Caballero. La emergencia provocada por el tsunami, que asoló las costas de varios países del sureste asiático el 26 de diciembre de 2004, fue otro caso paradigmático. La ola de solidaridad no fue menos gigantesca, y centenares de ONG de todos los tamaños y nacionalidades se presentaron en la zona, colapsando los aeropuertos e impidiendo que las más expertas funcionaran con eficacia.

Puede que no todo sea perfecto, pero en el movimiento alienta un impulso utópico, asegura Álvarez. "Tenemos afán de transformación social, denunciamos la injusticia. Nuestro objetivo mayor es la erradicación de la pobreza en el mundo. Noto ilusión, convencimiento en todos los que participan en esto". Pero para erradicar el hambre y lograr un mundo más justo se necesitan estrategias bien planificadas y una gran capacidad de presión que los medios de comunicación pueden multiplicar.

Por eso es fundamental aparecer en ellos, lograr una visibilidad, ya sea estando a pie de catástrofe o recurriendo a la publicidad convencional. "Algunas ONG empezaron a pagar las inserciones publicitarias en la prensa y ahora es muy difícil para nosotros conseguir publicidad gratis", reconoce Marisa Salazar, coordinadora de los Servicios Generales de Cáritas Española, con 164 millones de euros de presupuesto, 62.000 voluntarios, 4.200 trabajadores asalariados y más de 200.000 socios, una de las ONG más importantes, y más antiguas (60 años de historia).

A la publicidad recurre, por ejemplo, Intermón Oxfam, la ONG de referencia en Cataluña. Intermón, que se asoció con la red de Oxfam hace unos nueve años, fue creada por los jesuitas hace casi medio siglo y cuenta con 1.300 voluntarios, más de 300 asalariados y 210.000 socios y colaboradores. En su patronato hay jesuitas, profesores afines a la compañía y algún empresario, además de un miembro del Consejo Nacional de Cáritas. Pero las similitudes son escasas entre ambas organizaciones católicas. La Conferencia Episcopal nombra a la cúpula de Cáritas Española, integrada por un presidente, un secretario general (que cobra 42.000 euros brutos al año) y un delegado episcopal, que es un sacerdote. Los demás cargos de responsabilidad, incluido el director, son de libre designación del secretario general.

Frente al perfil asistencial de Cáritas, que trabaja más con los sectores desfavorecidos en España, Intermón, está más volcada en el Tercer Mundo y representaría el ala progresista de la Iglesia. Más del 70% de los 47 millones de euros de su presupuesto anual proceden de instituciones y empresas privadas. Desde La Caixa (con la que firmó un acuerdo de cesión de su logo) hasta la Cooperativa Mondragón, pasando por Caja Madrid, Ferrovial o Microsoft.

Sintonía con el nuevo Gobierno

Ariane Arpa, directora general de Intermón desde este verano y antigua ejecutiva de una compañía de reaseguros que trabaja ahora por la mitad (unos 50.000 euros brutos al año) de lo que ganaba en la empresa privada, reconoce la buena sintonía que existe con el Gobierno actual con el que comparten, dice, "una preocupación por el comercio de armas, por la pobreza". Todo lo contrario que con el anterior del PP, que acabó por reducirles las ayudas, dice Arpa, después de que Intermón rechazara el dinero oficial para la asistencia humanitaria en Irak. Las cosas parecen haber cambiado ahora. La primera distribución de subvenciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) bajo Gobierno socialista ha vuelto a situar a Intermón en lo más alto de la lista, con una asignación para programas de cooperación de 2,8 millones de euros. En segunda posición, Solidaridad Internacional (SI) -vinculada al PSOE- obtuvo 2.339.584 euros.

Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace desde 2000, se queja también de la "persecución" del anterior gobierno. La catástrofe del Prestige fue uno de los grandes temas de esa etapa, por su gravedad y por sus características que superaron las fronteras nacionales. Porque Greenpeace, que se creó en España en 1984, es parte de una gran marca, y se considera a sí misma parte del movimiento ecologista internacional. Todas las secciones financian a la central, en Amsterdam -la sección española contribuye con más de 600.000 euros-, que destina ese dinero "a las oficinas del sureste asiático, o de Latinoamérica, además de pagar con ello los barcos y las campañas internacionales". El dinero para esta labor se recoge en el mundo rico y se gasta en el pobre. Su presupuesto procede en un 95% de sus 85.000 socios, algunos de ellos activistas.

En la cúpula de la organización la media de edad ha ido subiendo inexorablemente, pero cultivan todavía un estilo guerrero. Justamente el mismo espíritu que transpiran sus acciones, tan espectaculares que, a veces, parecen spots publicitarios. "No tenemos nada, tres barcos viejos y unas oficinas alquiladas, pero tenemos un nombre que es un sueño para mucha gente", dice López de Uralde. Lo mismo podría decirse de Amnistía Internacional, fundada en el Reino Unido en 1961 y en España en 1977. Su nombre está cargado de resonancias positivas, que lo ligan a una larga lucha por la liberación de los presos de conciencia. Pero los tiempos han cambiado y, aunque nuevas amenazas como el terrorismo han cobrado vigor, Amnistía no se ha movido. Cautamente, espera a que el término sea definido por Naciones Unidas, antes de utilizarlo, explica Esteban Beltrán, director de la sección española desde 1997 y sin límite de permanencia.

El "mal ejemplo" de EE UU

Amnistía Internacional España (2,5 millones de presupuesto, procedente en su mayoría de los 35.000 socios) financia con una quinta parte de sus fondos a la oficina de Londres, la más importante, con 400 personas, que consume 30 millones de euros al año. Allí se elaboran los informes. Invariablemente críticos con la única superpotencia, aunque Beltrán señala a China como el país que vulnera más los derechos humanos. "Y donde AI no puede entrar". Pero "Estados Unidos es la principal democracia y es un mal ejemplo para los demás".

Rafael Vilasanjuán, director general de Médicos Sin Fronteras (MSF) España, admite que toda ONG que se precie suele ser antiamericana y antiglobalización. Médicos Sin Fronteras, con 50 millones de presupuesto -un 85% procedente de sus 125.000 socios y de donaciones de empresas-, carece prácticamente de voluntarios. "No podemos enviar gente a Somalia, o a Sudán, como simples voluntarios. Necesitamos personal cualificado", dice su director. Y recurre sin complejos a la publicidad. No es casual que en el plazo de unos años se haya convertido en la ONG más conocida.

La organización huye de la política y critica la utilización que hacen las potencias de la ayuda humanitaria. "El grueso del dinero va a Afganistán, Irak, a los Balcanes, donde les interesa. Pero habría que actuar donde está el dolor. En estos momentos, sobre todo en África", dice Vilasanjuán. Pero actuar en un continente tan complejo obliga a las ONG a someterse a los poderes in situ, lo que puede ser una trampa. Vilasanjuán lo admite. "A veces nuestras intervenciones tienen consecuencias perversas. No todo el bien es bueno".