El Gobierno desbloquea la OPE 2000 y readjudicará en unos meses 650 plazas

El Gobierno ha levantado la suspensión de la Oferta Pública de Empleo (OPE) convocada en el año 2000 y va a proseguir con su tramitación adjudicando las plazas a los 650 opositores que aprobaron los exámenes y que aún no habían accedido a sus puestos. El Ejecutivo ha tomado esta decisión una vez que el Tribunal Supremo ha resuelto a favor de los interinos que recurrieron el proceso en los recursos de casación que en su momento interpuso contra ellos. La Administración suspendió el proceso en mayo de 2002 ante los recursos presentados por 120 interinos.

Este colectivo alegó que el Gobierno debía concederles una sobrepuntuación atendiendo a su antigüedad, tal y como figura en la disposición transitoria cuarta de la ley de Función Pública. El Ejecutivo se negó a ello. Una vez que los tribunales han dado la razón a los interinos, el Gobierno ya ha establecido el calendario para reanudar todo el proceso.

Por una parte, el 12 de diciembre se publicará una orden para que todos los posibles beneficiarios de esa disposición transitoria que aún no han obtenido sentencia manifiesten su interés por su aplicación. El 13 de diciembre enviará cartas a los opositores informándoles de los pasos a dar y el 22 de diciembre se publicará en el Boletín Oficicial del País Vasco la orden de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Idoia Zenarruzabeitia, por la que se reanudan los procesos selectivos.

La suspensión de la OPE había sembrado un caos jurídico en el seno de la Administración. El bloqueo impedía al Ejecutivo poner en marcha la otra oferta de empleo que tiene comprometida, y que consta de 300 plazas, y los concursos de traslados que deben convocarse. Una vez que los 650 opositores que permanecían sin plaza la ocupen, la administración podrá reordenar la situación.

El conflicto jurídico tiene su origen a mediados del año 2001, cuando terminaron los exámenes y se conoció el nombre de los aprobados. La OPE de 2000 era la primera que convocaba la administración en los últimos diez años, por lo que despertó gran interés entre los ciudadanos que vieron una oportunidad de convertirse en funcionarios de carrera. Una muestra de este interés es que más de 20.000 personas hicieron los exámenes para ocupar una de las 650 vacantes. De éstas, 478 fueron al turno libre y el resto correspondió al turno restringido, destinado a los funcionarios que quieren cambiar de plaza. Un colectivo de 120 interinos, que llevan trabajando en la Administración desde 1982, recurrió las listas de aprobados ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Entre otros motivos, alegaron que no se había valorado su antigüedad de acuerdo a lo estipulado en la ley de Función Pública vasca, norma aprobada en 1989.

Desistimiento

Esta ley concede a los interinos que trabajan desde 1982 una mayor puntuación a la hora de enjuiciar sus méritos. El TSJPV fue dándoles la razón uno por uno. Ante la cascada de sentencias que se le vinieron encima, el Gobierno optó por suspender la tramitación de la OPE y recurrir en casación al Tribunal Supremo para que aclarase la situación.

Recientemente, algunos de estos recursos de casación han sido resueltos por la sala correspondiente del Tribunal Supremo, fallando que las sentencias dictadas por el TSJPV son "conformes a derecho". Con esta resolución, el Gobierno ha analizado los recursos de casación que aún no ha fallado el Supremo y, presuponiendo que van a correr la misma suerte, considera que "carece de interés" seguir con el proceso. La Administración entiende que las cuestiones litigiosas que le llevaron a recurrir en casación han quedado "definitivamente resueltas" una vez conocida la interpretación correcta de la ley de Función Pública. Por eso, reconoce que lo procedente es "levantar la suspensión" de la OPE y seguir con la tramitación de los procedimientos.

En los últimos años, el Gobierno había acumulado otros reveses judiciales que habían provocado la incertidumbre sobre el funcionariado que trabaja en la Administración general (Osakidetza, la Ertzaintza y Educación están al margen de estos conflictos). Por ejemplo, el TSJPV declaró ilegal el concurso de traslados organizado en 1998 y que afectaba a 1.110 funcionarios. Tras propinar este varapalo, el propio tribunal eximió a la Administración de repetir el proceso al entender que causaría más daño del que se quiere reparar.